Ideología y realidad

Por otro lado, en otra cuadro de raigambre liberal, la que en nuestra tradición republicana ilustraron Alberdi, Mitre y Sarmiento, es claro que las normas de la Constitución mandan y, aunque cueste, debemos subordinarnos a ellas. En la noción acerca del liberalismo (o “libertarismo”), que el Presidente esgrime en sus discursos, no figura la palabra Constitución.

Curioso, puesto que la Constitución, sus derechos y garantías, y la forma de gobierno republicana representativa federal, encauza la caudalosa corriente liberal que fecundó a la Argentina en el siglo XIX.

La fecundó, ciertamente, no para producir el país más rico del mundo o una potencia mundial, como suele predicarse sin atender al método comparativo, sino para forjar una nación que, sin duda, avanzó precozmente para incorporarse a la aventura del progreso.

Mientras tanto, en pocas semanas, los acontecimientos se precipitaron. El Presidente y su gabinete arremetieron con dos ambiciosos proyectos -un DNU y una ley ómnibus- que ahora deben ser debatidos y, de ser posible, aprobados por el Congreso. En esto estamos: en la fricción entre ideología y realidad en medio de la crisis que nos legó la irresponsabilidad populista coronada por la gestión de Sergio Massa.

Del concepto de ideología se ha dicho mucho. Nos contentaremos con señalar dos definiciones. Una, más neutra, dice que la ideología es un conjunto de ideas ligadas a la acción; la otra, más crítica, afirma que la ideología es una máscara que encubre privilegios e intereses malsanos.

Las ideas ligadas a la acción del Presidente son propias de un liberalismo derogatorio de privilegios e intereses protegidos por el Estado. Según este enfoque, esa estructura dañina ha generado las crisis en cadena y la declinación que nos aqueja.

Dado que la crisis exige salir cuanto antes de la trampa inflacionaria, el Gobierno respondió con dos instrumentos hartos conocidos: el aumento de impuestos aplicados preferentemente a la sociedad civil y el estilo “ejecutivista”, por retomar una expresión de Joaquín V. González, que opera mediante decretos de necesidad y urgencia, y delegaciones de la potestad legislativa del Congreso al Poder Ejecutivo, entendido como colegislador.

En la negociación obligada, que el Gobierno entabla con el Congreso en estos días, los impuestos en forma de retenciones aplicados al sector agropecuario han despertado la reacción de gobernadores y legisladores.

A su vez, la CGT que rechaza una indispensable reforma laboral, ha lanzado una huelga general después de su increíble pasividad ante el mayúsculo deterioro infligido al mundo del trabajo por el anterior Gobierno.

La movilización del miércoles pasado revela el rostro avejentado de una Argentina corporativa que se niega a pasar a retiro frente a los cambios de los últimos años que le provocaron a los sindicatos una pérdida notable de afiliados concomitante al aumento del empleo independiente e informal. Hoy los sindicatos son minoritarios frente a una población no encuadrada por estas organizaciones que busca otro rumbo y, probablemente, haya abonado la victoria de Milei.

El reverso del corporativismo laboral es el capitalismo de amigos; es decir, la red de privilegios que el Estado sostiene para satisfacer actividades que, sin esa protección desmesurada, no tendrían viabilidad.

Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones, un libro que el Presidente admira, imaginó una conversación agradable entre mercaderes y manufactureros (los que en el siglo XVIII ya fabricaban con medios mecánicos) en la cual estos contertulios terminaban tramando “una conspiración contra lo público” para subordinar por medios oscuros el interés general de la sociedad al interés particular de sus emprendimientos.

Estas intrigas operan entre nosotros desde hace años. Son industrias protegidas al extremo, por ejemplo el ensamble de aparatos electrónicos en Tierra del Fuego que pagamos todos, o los fondos fiduciarios para actividades y subsidios sin los debidos controles que acumulan sumas cuantiosas provenientes del Tesoro Nacional. En esta tramoya intervienen tres agentes: quien recibe privilegios en forma de exenciones impositivas, el Estado Nacional que al otorgarlas se desfinancia y, tratándose de provincias, el gobierno que las defiende.

Despejar la economía del capitalismo de amigos debería ser una de las funciones primordiales del liberalismo derogatorio que hoy se presenta en las palabras, pero todavía no en los hechos. Tal vez haya que aguardar a que se envíen al Congreso los proyectos de una reforma tributaria.