Fui funcionario del gobierno anterior. A poco de sentarme en un escritorio de un ministerio me llegaron papeles. Había tenido esa experiencia en la función pública durante el gobierno de Duhalde en la Provincia de Buenos Aires. Expedientes, papeles, firmas. Ya me hacía a la idea de volver a esas pilas de papeles, algunos irrelevantes, que iban a ocupar mi tiempo. Mi ADN -acostumbrado al sector privado- se rebelaba. Ya en la experiencia anterior había descubierto que en la administración pública se necesitaba alguien con el oficio de “rastreadores de expedientes”. Muchos asuntos requerían esos “especialistas” para descubrir las demoras en el ir y venir de papeles por las oficinas, en decisiones que afectaban a la población.
Al poco tiempo y me llegó un manual: “Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO). Creía que era otra trampa para hacerme perder el tiempo.
Pero no, la burocracia se estaba digitalizando, los expedientes llegaban y salían de inmediato, siempre se sabía quién demoraba las cosas. La agilidad y transparencia pasó a ser habitual, tanto como la seguridad: los expedientes electrónicos no se pueden perder ni violentar. Y –adicionalmente- las compras públicas, por ejemplo, pueden ser monitoreadas por cualquier ciudadano.
Se iban agregando capas de soluciones. Por ejemplo: al principio los recibos de sueldos llegaban en papeles, luego se digitalizaron, y así otras funcionalidades.
Los profesionales que informatizaron la gestión administrativa del Estado nacional, hicieron un aporte sustancial a la construcción de un Estado eficaz. Ahora otros países de América Latina quieren implementar ese desarrollo argentino.
Hace poco vi una norma del nuevo gobierno que habilitaba la vuelta a los expedientes en papel cuando el “sistema informático no anduviese”. Me sorprendió. ¿Habrán echado a los profesionales que trabajaban en la informática del Estado? Ellos no demoraban ni media hora en arreglar cualquier “no anduviese”. O, quizás, prefieren el papel porque la electrónica no se puede violentar. No quiero pensar mal. Pero ese regreso al papel me suena a sustituir a los epidemiólogos del coronavirus por la “curandera” que atendía al Inodoro Pereyra de Fontanarrosa.
En el año 2017 el gobierno nacional aprobó una ley que permitía inscribir en 24 horas y barato una nueva empresa. No fue el “dictador” Macri; la ley se aprobó en el Congreso Nacional por unanimidad, no fue su invento, y respondía a las mejores prácticas recomendadas por la ONU, OEA, Banco Mundial, y varios países de la región. Para crear las sociedades por acciones Simplificadas (SAS) se recurrió a la informática con una tecnología (blockchain) que hace inalterables los procedimientos.
Ahora la Inspección General de Justicia (IGJ) –dependiente del Poder Ejecutivo- emitió resoluciones que contradicen la ley y deja en un limbo jurídico a unas 30.000 empresas –el 55% de las que se crearon en los últimos dos años-. De yapa un grupo de senadores del oficialismo preparó un proyecto para volver al papel, a los trámites arduos, las demoras, a los costos y a la discrecionalidad de los funcionarios. La Argentina es el único país del mundo que vuelve de la digitalización al papel.
La “curandera” de Fontanarrosa se haría una panzada de risa con los fundamentos del proyecto: qué las SAS promueven los fraudes. ¿A alguien se le ocurre que Lázaro Báez usaría una SAS?, ¿por qué un empresario que hizo el vía crucis en la IGJ es más honesto que otro que prefirió la velocidad del sistema simplificado?, ¿por qué solo el papel es aceptable para un trámite administrativo?, ¿el papel tiene la bendición de la “curandera?, ¿mal que una nueva empresa compre un inmueble?, ¿debería alquilar?, ¿sugerirían los legisladores que los emprendedores anden a caballo o podrían comprar una bicicleta?, ¿hace falta una SAS para lavar dinero?, porque según los organismos de prevención del lavado de activo en Argentina, no existen sospechas de lavado de activos con nuestras SAS. Justamente porque el uso de los libros contables digitales con tecnología blockchain los hace inalterables.
Es probable que los senadores no sepan que en la Argentina –pandemia mediante- se agravó la falta de empleo porque tenemos menos empresas. Antes del Covid-19 había 18 cada mil habitantes, mientras que Chile -por ejemplo- tiene 58. Ahora es peor.
¿No saben que para que haya empleo, hacen falta más empresas?, ¿y que los costos y a los tiempos de la Inspección General de Justicia (IGJ) son restricciones para que crezca el empleo en la Argentina? O -no quiero pensar mal- ¿prefieren la arbitrariedad del papel porque la informática permite trazabilidad?, ¿en medio de la pandemia, volvemos al papel y a los contactos sociales de gente que lleva papeles de un lado al otro?
¿Un gobierno de “científicos” renuncia a la informática y decide cargar a la gestión pública y a los emprendedores privados con procedimientos del siglo XIX?
Publicado en Infobae el 10 de junio de 2020
Link https://www.infobae.com/opinion/2020/06/10/gobierno-de-cientificos/
