Esta semana se sancionó en el Senado una reforma a la forma de cálculo de las jubilaciones que paga el Estado Nacional y el gobierno se montó en cólera. Para entender los hechos vale la pena entender un poco las discusiones parlamentarias sobre los haberes, y su historia.
Las jubilaciones estuvieron congeladas gran parte de la convertibilidad y se había ido deteriorando el poder de compra de las mismas. El problema central pasó a ser desde el 2002 como se movían los haberes que pagaba el ANSES con respecto a la inflación. Néstor y Cristina Kirchner optaron por casi congelar los haberes no mínimos y subir los mínimos por encima de la inflación, generando un alivio a algunos y una creciente pérdida de ingresos reales en parte de los jubilados y pensionados, en un contexto en el que había reaparecido una inflación perceptible por la sociedad. Repartía desparejo en forma continuada y eso ocasionó que la pérdida de poder de compra de las jubilaciones comunes fuera significativo y muchos jubilados fueron a la justicia a impugnar los decretos kirchneristas que congelaban algunas jubilaciones. A ello se sumó que al reaparecer la inflación al calcular el haber inicial el ANSES no reconocía la existencia de la inflación y computara los salarios nominales sin actualización provocando haberes iniciales no mínimos mucho más bajos que los que se calculan con un mínimo de buena fe, ante esta situación otros jubilados (los recientes) empezaron a pedir a los abogados que demanden al ANSES.
Siempre las demandas por ambos conceptos eran favorables a los jubilados, y el kirchnerismo apelaba a la Cámara y luego a la Corte Suprema de Justicia a fin de dilatar los juicios y evitar el pago de las sentencias lo cual saturó a la CSJN de apelaciones, que una vez resueltas volvían para empezar un proceso de ejecución de sentencia lento al ritmo que imponía el poder.
La Corte reclamó reglas de juego lógicas y leyes en el sentido de los fallos que indicaban que debía haber un sistema de actualización equilibrado, no un atril donde se distribuía sin criterio los recursos públicos.
Adolfo Badaro, un conductor de buques jubilado en 1983, ganaba 1.000 pesos durante la convertibilidad y veía como los aumentos de jubilaciones a partir del 2002 lo esquivaban y fue a la justicia.
La Corte sostuvo en el fallo que los cambios en las condiciones de hecho producidos desde el año 2002, “trajeron aparejadas variaciones importantes en cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse para analizar el mantenimiento o disminución en el nivel de vida del jubilado, y que desde el año 2003 se consolidó un proceso de recuperación de las variables salariales, que no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias”.
El fallo estableció que la jubilación se ajuste un 88% que era la variación salarial ocurrida entre el 2002 y diciembre del 2006 y que en ese caso – y en cientos de miles más- no se había ajustado nada, obligando a recalcular el haber y pagar el respectivo retroactivo, cientos de miles de personas usaron esa jurisprudencia para litigar contra el ANSES, eran los jubilados hasta el año 1993 con la ley de jubilaciones 18.037.
Alberto Eliff por su parte era un abogado empleado de la AFIP que se jubiló con la ley posterior, la 24.241 y solicitó un cálculo racional del haber inicial dado que el ANSES sostenía que los haberes no debían ser indexados para determinar el haber inicial, él también llegó a la Corte y obtuvo sentencia favorable, otros cientos de miles litigaron por ese motivo.
Los ministros de la Corte Suprema llamaban a los otros poderes a establecer normas en la materia y la oposición recogió el guante y empezó a presentar proyectos de ley en ese sentido.
Es así que tras perder el peronismo la mayoría absoluta en ambas cámaras en el año 2009 el debate se descongela en el congreso y los legisladores recorren el país reclamando las mejoras jubilatorias en el marco de las comisiones parlamentarias. Los radicales fueron parte sustancial del debate. El peronismo no tenía fuerza para evitar la discusión y debió soportar una derrota ante el combinado opositor en primer lugar en la Cámara de Diputados que sanciona una reforma que recibe los fallos Eliff y Badaro y establece una garantía del haber mínimo equivalente al 82 % del Salario Mínimo.
Los puntos establecidos en el Orden del Día eran: 82% del salario mínimo equivalente a jubilación mínima;
Actualización de jubilaciones por variación de salarios, dos veces al año;
La aplicación con carácter general de los fallos de la Corte, Eliff y Badaro, eliminando los motivos para futuras demandas contra el Estado y mejorando el nivel de vida de aquellos jubilados que cobraban más que la mínima, el texto llegó al Senado y fue sancionado en una reñida elección. La bancada del PRO, que incluye a la hoy ministra Patricia Bullrich, apoyó la iniciativa y pasó al Senado donde fue sancionada sin modificaciones, lo cual generó que la ley fuera vetada por Cristina Kirchner manifestando que era una ley de quiebra del país.
Los fundamentos del veto de CFK bien pueden ser copiados por Javier Milei y similares conceptos han expresado sus legisladores, por tener un tercio de los legisladores el veto no era discutible.
Con posterioridad se termina fijando un mecanismo de ajuste de las jubilaciones racional, pero que es modificado permanentemente según las necesidades de recortar recursos de los gobiernos.
Cuando el peronismo pierde las elecciones presidenciales Mauricio Macri entiende que hay que actuar en el mismo sentido y promueve una ley que establece la garantía adicional del 82% del salario mínimo (aunque sólo a quienes no se jubilaron regularizando aportes con moratorias), cambia en ANSES la fórmula de cálculo del haber inicial usando un criterio con menor costo pero en el mismo sentido que los fallos de Corte.
Sucede que para la dirigencia radical o del PRO aquellos jubilados que litigan eran parte de su base electoral y más de una vez desde los comités radicales se organizaban reuniones con abogados previsionalistas para promover esos juicios.
Macri también produce la posibilidad de adecuar los montos de las jubilaciones que no habían hecho juicio, establece la posibilidad de un acuerdo para las que si litigaban. Si bien no cumple la totalidad del acuerdo legislativo del 2010 hace una mejora en ese sentido en la ley de reparación histórica, algunos calculan que el costo de la ley era del 1% del PBI por año y Macri lo hizo sin tener una contrapartida en la recaudación real (más que haberlo presentado con una ley de moratoria y blanqueo).
Hoy el conflicto lo generan las fórmulas de actualización dado que la inflación es alta y la fórmula que había antes de la asunción de Milei hacía que bajaran las jubilaciones en términos reales cuando la inflación era creciente y subiera cuando la tasa de inflación disminuye. Así desde el 2018 la tasa de inflación castigaba la fórmula y los bonos solo compensan a las jubilaciones más bajas, perdiendo valor las jubilaciones no mínimas en el final del gobierno de Macri y en el de Alberto Fernández.
Milei al bajar la tasa de inflación decide modificar la fórmula de cálculo para no pagar el recupero de haberes y desengancha los meses que aplican una y otra fórmula, provocando una pérdida extra de haberes. Ante los reclamos de los bloques dialoguistas hay un aumento parche que es menor al correcto y es el que corrige la ley, generando una suma a pagar de $ 20.000 en los haberes mínimos.
Si bien la ley a vetar también modifica los sistemas de movilidad y fija un piso más efectivo al haber mínimo, es una reforma amigable con el gobierno y que tiene repercusiones presupuestarias menores a la efectuada por el propio Macri en su gestión.
Por eso el desaforado discurso del oficialismo genera una tensión política: sus senadores eran coherentes con su público y con su pasado tanto como gobierno como oposición, los radicales siempre cuidan la racionalidad de las jubilaciones.
Es cierto que el kirchnerismo ha votado lo que se negó a votar y vetó en sus dieciséis años de gestión, tampoco nadie se sorprende por su falta de coherencia.
El gobierno se equivoca una vez más dado que requiere dialogar y aceptar que no tiene mayoría parlamentaria, necesita acuerdos y cumplir su parte, y en la democracia las leyes las hace el Congreso, que debe ser la caja de resonancia de la sociedad, aunque se enojen sus twitteros que saben agredir y solo logran debilitarse a sí mismos. La democracia y el respeto a las decisiones parlamentarias es el camino, los atajos solo conducen a sociedades autoritarias.
