Ezequiel González Ocantos es profesor Asociado en Estudios Cualitativos de Instituciones Políticas Comparadas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales del Nuffield College. Su principal campo de investigación es la política judicial comparada, especialmente en los determinantes del comportamiento judicial y fiscal en casos de macro criminalidad de alto riesgo, como las violaciones de los derechos humanos y la gran corrupción.
Ha publicado cuatro libros sobre estos temas: Shifting Legal Visions: Judicial Change and Human Rights Trials in Latin America (Cambridge University Press, 2016), que ganó el premio Herman Pritchett al mejor libro de la Sección de Derecho y Tribunales de APSA, el premio al mejor libro de la Sección de Derechos Humanos de ISA y el premio Donna Lee Van Cott al mejor libro de la Sección de Instituciones Políticas de LASA; The Politics of Transitional Justice in Latin America: Power, Norms and Capability Building (Cambridge University Press, 2020); Prosecutors, Voters, and the Criminalisation of Corruption in Latin America (con Paula Muñoz, Nara Pavao y Viviana Baraybar; Cambridge University Press, 2023); y The Limits of Judicialization: From Progress to Backlash in Latin America (coeditado con Sandra Botero y Daniel Brinks; Cambridge University Press, 2022).
También tiene textos publicados sobre el diálogo judicial y la reacción violenta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; la relación entre los tribunales y la opinión pública en América Latina y Europa; la economía política de la compra de votos y la intimidación electoral; y los métodos cualitativos. Artículos que han sido publicados en American Journal of Political Science, British Journal of Political Science, Comparative Politics, Comparative Political Studies, European Journal of Political Research, International Studies Quarterly, Latin American Research Review, Law & Society Review, Law & Social Inquiry, Journal of Peace Research, Sociological Methods & Research, The International Journal of Constitutional Law y The International Journal of Human Rights.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los sistemas judiciales y las sociedades para garantizar la rendición de cuentas y la verdad histórica en casos de violaciones graves a los derechos humanos?
Un primer desafío se puede ver en la relación que existe entre el poder judicial y la recesión democrática. La captura de este poder y la fiscalía, utilizados como armas contra la oposición, siendo direccionadas contra esas voces lo exhiben de manera clara. Un caso es el de Guatemala, donde se emplea a la procuración para atacar a la oposición. De todas formas, también hay voces que intentan rectificar al poder judicial, y por lo tanto el resultado de este primer problema es incierto. Pero hay que considerar que existen jueces y fiscales que son víctimas, y otros que son agentes de la recesión democrática.
Un segundo problema se hace presente cuando la justicia abala un proceso de anti política, lo cual tiende a exacerbar el descontento de la sociedad, generando un proceso que posee un fin problemático para la democracia.
Mientras que un tercer problema se evidencia con los abusos diarios que puede llevar a cabo el propio Estado. Esto se puede ver en el caso mexicano, en su lucha contra la droga. No solo implica desidia política, sino que también hay un déficit burocrático en las investigaciones.
¿Podrías compartir a grandes rasgos alguna reflexión sobre cómo la percepción pública de la justicia afecta la calidad de la democracia en América Latina?
Cuando hablamos sobre la percepción, en general, suele estar altamente vinculada con la percepción de la sociedad sobre otras instituciones políticas. La percepción sobre la justicia suele correlacionar con la mirada que existe sobre instituciones que son más conocidas, y por ende, es difícil medirlo de forma individual. Al mismo tiempo, los casos mediáticos en específico poseen un impacto, como lo exhibe Argentina y Brasil. Las personas suelen tomar partido por las percepciones partidarias ya existentes.
Me parece necesario destacar que la justicia necesita de legitimación. Si se encuentra desprestigiada, tenderá a actuar de forma más cautelosa, o tendrá dificultades para sobrevivir. Y lamentablemente, se conoce poco sobre la legitimidad de la justicia en América Latina, mientras que está muy estudiada en Estados Unidos.
¿Cuál crees que debe ser el papel de los tribunales en la protección de los derechos humanos y la promoción de una cultura de respeto a las garantías fundamentales en la región?
Es difícil saber cuál debe ser el papel de los tribunales, ya que para responder debería hacer un juicio normativo. Si es posible decir que los tribunales solían ser conservadores, estos no actuaban o lo hacían en función de este tipo de intereses. Lo cual cambió a partir de la tercera ola. Con respecto a las cortes activistas, existe una gran discusión sobre su accionar, donde se puede apreciar dos modelos posibles y alternativos. La discusión se da sobre si las mismas deberían intervenir proactivamente en los conflictos, o ser solamente un árbitro del sistema constitucional.
Con tu experiencia en política comparada, ¿cuáles son algunas de las lecciones aprendidas de otros contextos regionales que podrían ser aplicables a los desafíos políticos y judiciales específicos que enfrenta América Latina en la actualidad?
Te cambio la premisa de la pregunta. Me parece mejor realizar una comparación dentro de la región, debido a las realidades de los países de América Latina. Existen factores y sucesos sumamente interesantes en la región, de los cuales se puede aprender un montón. Tanto las cosas buenas, como también de los errores. La Corte de Colombia es una de las cortes más influyentes en el mundo. La Corte Interamericana es otro gran ejemplo de un gran accionar. Investigaciones de corrupción como las llevadas a cabo aquí en América Latina, no tienen parangón si las pensamos a nivel global. El diseño de la justicia criminal, el diseño de la fiscalía, así como otras estructuras, son una gran fuente para hacer comparaciones.
