La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso de Argentina contra una sentencia que ordenó un embargo ejecutivo a favor de viejos holdouts. Para aclarar la connotación política, no falló en contra del país; rechazó la apelación extraordinaria, de modo formal, junto con un listado de otros juicios.
Ahora bien, este rechazo está lleno de otros significados judiciales, que vale la pena repasar, por su impacto directo en cualquier emisión y reestructuración de deuda futura. Dato no menor: puede tener incidencia en la ejecución de sentencia que por 16 mil millones de dólares ostenta el fondo BURFORD contra Argentina, y en el que pretende incluir las acciones de YPF.
El reclamo es uno de los últimos coletazos del cúmulo de defaults a los que nos acostumbraron los gobiernos peronistas desde 2001 en adelante. Siempre con la misma estrategia, tan gastada como perimida: el eje era reinventar el concepto de las consecuencias; emitir no las tenía; tampoco incumplir con los concesionarios de servicios públicos ni con los compromisos internacionales de deuda. Tantos años después, y seguimos pagando todos los argentinos, con creces.
El juicio tramita en el juzgado de PRESKA, la misma jueza que entiende en casi todos los reclamos contra Argentina. Es la que heredó del denostado GRIESA todos los reclamos por los defaults, y sumó el juicio por YPF. Nos conoce y mucho.
La sentencia de PRESKA, confirmada por la Cámara y por el rechazo formal de la Corte, permite un embargo efectivo sobre garantías que el país había otorgado hace muchos años atrás, con la emisión de bonos BRADY, allá por los 90 del siglo pasado.
Pero a lo que hay que prestarle atención es a otra cosa: el achicamiento de la histórica protección que tuvieron los activos soberanos en el exterior. Este es el punto central para el futuro. Había un estándar doble que hasta acá se respetaba a rajatabla: la Foreign Sovereign Inmunity Act ordenaba que para poder embargar un activo de un país, debía estar en Estados Unidos y tener un uso comercial. Esa regla de protección, que limitaba la capacidad de agresión de acreedores, acaba de ser achicada seriamente.
Aquí el quid del asunto. Hace unos años, GRIESA modificó otra regla similar para hacerla jugar a favor de los acreedores; fue la cláusula pari passu, que utilizó para obligar a la Argentina a pagar a sus acreedores, en tiempos del ministro KICILOFF. Esta decisión es un paso más en esa dirección, achicando el radio de la soberanía argentina. Traducido: cada vez es más difícil jugar al gallito que cacarea sin consecuencias.
¿Y qué con el caso YPF? Lo que más preocupa es que se siga con la misma estrategia, tantos años después; esa, que sin astucia, sostiene que el ejercicio del derecho de defensa es justificativo para seguir irritando a una jueza empeñada en cambiar asentadas reglas de juego, con tal de hacernos pagar.
Las oportunidades dependen de saber entender los cambios en los escenarios y actuar en consecuencia. Están a la vista, disponibles, y no las queremos ver. Insistimos con tropezar una y otra vez con la misma piedra.