lunes 7 de octubre de 2024
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Estado de Derecho: una agenda proactiva para el sector privado

Es habitual que el sector privado exija reglas de juego claras y seguridad jurídica para operar. Es menos común que líderes empresariales hablen de democracia y derechos humanos. Se actúa como si lo primero pudiese existir sin lo segundo. Puede, pero en sociedades muy diferentes a las que queremos vivir. Para apuntalar ambos objetivos, el sector privado tiene que asumir un rol proactivo de liderazgo y responsabilidad.

En América Latina la democracia está desprestigiada. La encuesta de Latinobarómetro mostró en 2023 que solo el 48% de los ciudadanos de nuestros países dijo preferir la democracia sobre otra forma de gobierno, el nivel más bajo de apoyo desde el inicio de la serie en 1995. La respuesta “nos da lo mismo” obtuvo el nivel más alto, 28%. Argentina, afortunadamente, se encuentra todavía entre aquellos con mayor apoyo a la democracia: 62% respondió favorablemente, siete puntos porcentuales más que tres años antes. No debemos dormirnos en los laureles de ese número.

Las causas de este malestar democrático varían según cada país de la región, pero hay patrones comunes: la ineficiencia en la gestión y la ineficacia para aportar soluciones, la corrupción en todos los estamentos del Estado, la parcialidad y la politización del poder judicial, la inseguridad y la complicidad de las fuerzas policiales con bandas criminales.

A estas situaciones estructurales que vienen de larga data, se suma la nueva dimensión comunicacional en las redes sociales, que intensifica burbujas de opinión, dificulta la búsqueda de consensos y profundiza la polarización política. Si las democracias no pueden dar respuestas eficaces a las preocupaciones y necesidades de la gente, se genera un caldo de cultivo para respuestas autoritarias, que van en aumento en América Latina.

Las empresas no pueden ser ajenas ante este escenario – porque no es redituable económicamente y porque el impacto en las sociedades donde operan es enorme. De manera complementaria a la responsabilidad fundamental del Estado, el sector privado precisa involucrase más, a través de iniciativas que promuevan y apoyen políticas públicas que trasciendan gobiernos e ideologías de turno y busquen abordar problemas fundamentales que frenan el desarrollo en la región.

Un informe reciente publicado por el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano, con el apoyo de un grupo de líderes empresariales de alto nivel que incluye representantes argentinos, propone áreas de trabajo para impulsar un sector privado más activo. Entre ellas se encuentran autorregulación en temas de compliance y anticorrupción a nivel empresarial; independencia y transparencia judicial; regulación del dinero en la política; ética pública y anticorrupción en la modernización del Estado; educación ciudadana y ética pública; y una mejor comprensión de los costos de la inseguridad y la corrupción.

De todas estas áreas que deben ser abordadas, quisiéramos destacar dos: la modernización y profesionalización del Estado para combatir la corrupción y la independencia judicial.

La corrupción es un problema endémico que deriva de bajas capacidades profesionales de funcionarios públicos, falta de marcos éticos claros y de limitaciones en la rendición de cuentas. En el sector privado se han construido durante décadas procesos de gestión eficientes que, a partir de la incorporación de tecnología de gestión y digitalización de procesos, permiten aumentar la transparencia de las decisiones y reducir su discrecionalidad, disminuyendo la probabilidad de prácticas corruptas. Fortalecer al Estado no implica ni agrandarlo ni achicarlo, sino darle las capacidades justas para cumplir las funciones asignadas y esquemas de acción en línea con las prácticas de compliance que rigen a nivel empresarial.

Para que esas medidas funcionen, es necesario que exista una justicia independiente que se rija por principios jurídicos y no por intereses o compromisos políticos, y haga cumplir la ley cuando se viola, tanto por funcionarios como por quienes los corrompen. La independencia judicial es una demanda histórica y creciente de los sectores empresarios en todos nuestros países.

Sin embargo, el sector privado no se involucra debidamente en la designación, evaluación y/o remoción de jueces, que suceden en procesos muchas veces opacos y cruzados fuertemente por intereses de estamentos arcaicos o poderes políticos de turno. Allí también hay un importante camino por recorrer para mejorar prácticas y procedimientos a partir de mejor gestión y aplicaciones tecnológicas para mayor transparencia y accountability.

Un Estado de derecho fuerte, respaldado por instituciones sólidas, es la base de la estabilidad política, el crecimiento económico y el desarrollo social. Un Estado de derecho débil, por el contrario, perpetúa la corrupción, el crimen organizado y la impunidad, viola derechos humanos y socava la confianza pública en que los líderes democráticos pueden mejorar la vida de la gente.

El sector privado ha sido mayormente reactivo, ante la amenaza de verse perjudicado por las condiciones en las que opera. Si bien la iniciativa privada proactiva no garantiza un cambio fundamental de la noche a la mañana, aportes precisos y sostenidos en el tiempo, en colaboración con el sector público y otros actores sociales, pueden generar mejoras significativas y duraderas. No hay más margen para mirar para otro lado.

Publicado en Clarín el 16 de septiembre de 2024.

Link https://www.clarin.com/opinion/estado-derecho-agenda-proactiva-sector-privado_0_UjWp9mEAlR.html

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