Los consejeros generales de Educación de la Provincia, Diego Martínez y Natalia Quintana, representantes de la Unión Cívica Radical, elaboraron un documento frente al inicio del ciclo lectivo.
Entre las consideraciones y argumentos sobre la situación educativa, los consejeros indicaron:
*La puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desregulatorio y el debate en el Congreso de la denominada Ley Ómnibus han puesto de manifiesto los conceptos generales y las formas de la administración del Presidente Javier Milei.
*Ajuste estructural y desregulación son los tópicos más notables de una gestión que proclama con agresividad discursiva su enfrentamiento a los procedimientos institucionales y su descalificación permanente a la “política”.
*En referencia al FONID el gobierno argumenta su negativa a transferir estos fondos porque no existe obligación legal para hacerlo.
*El FONID fue creado en 1998 por Ley 25.053, como forma de resolver el reclamo de la “carpa blanca” docente. Dicho fondo tenía carácter de emergencia (cinco años) y buscaba mejorar el salario. Siempre fue continuado y su última prórroga venció al inicio de este año.
*El gobierno nacional sostiene que la educación obligatoria es responsabilidad exclusiva de las provincias. Es un argumento muy forzado, las responsabilidades son concurrentes y la coordinación que realiza la Nación es en el ámbito del Consejo Federal de Educación.
*En 2023, el FONID fue la segunda partida más importante del Ministerio de Educación de la Nación, con un total de $ 333 mil millones.
*La provincia de Buenos Aires (PBA) fue la que más fondos recibió del FONID con $107.802 millones, lo que representó el 32,36% del total. Representa en promedio aproximadamente el 10% del salario docente.
*Acompañamos el reclamo por la recuperación del FONID, pero al mismo tiempo señalamos que la gestión Kicillof no puede dar cuenta de la buena administración de ese fondo ni de su presupuesto educativo.
La incorporación luego de la pandemia del COVID 19 de más de 20.000 docentes del programa de Atención a la Trayectoria y Revinculación educativa (ATR) es un claro ejemplo de un crecimiento desordenado sin prioridades ni focalización en la mejora de los aprendizajes.
Del mismo modo, el sostenimiento del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) que se implementó sin ningún criterio de asignación ni medición de resultados.
El reclamo por más recursos exige una administración responsable con evaluación y auditoría.
*El FONID no puede seguir asignando recursos por el listado de la planta docente. Debe incorporar:
-Datos de matrícula.
-Evaluación de resultados.
-Ponderación de los servicios por prioridades tales como: educación obligatoria, ruralidad, vulnerabilidad social, etc.
*El FONID cumple un rol compensador y de coordinación del sistema compensando inequidades. Su eliminación debilita dicha coordinación y articulación del sistema educativo.
Cualquier decisión de política educativa excede con claridad a una gestión de gobierno. Por lo tanto, requiere de equilibrios y formas que permitan el funcionamiento del sistema y brinden certidumbre a los equipos docentes, sus estudiantes y familias.
Acompañamos toda iniciativa que promueva una buena administración del sistema con mecanismos de evaluación y auditoria para garantizar que esa inversión educativa permita efectivamente mejorar los aprendizajes de los alumnos.
Entendemos que la reformulación de los programas nacionales debe priorizar sus incentivos en:
-La alfabetización inicial.
-Las trayectorias educativas en el nivel secundario.
-La evaluación y mejora de los institutos de Formación Docente.
