El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el martes una inversión adicional de 10.471 millones de euros para seguridad y defensa con el fin de llegar este año al objetivo del 2 por ciento del PIB.
Esta era una meta que el Ejecutivo se había propuesto alcanzar en 2029.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sánchez informó que el Consejo de Ministros aprobó un plan industrial y tecnológico que remitirá a Bruselas, según el portal informativo dw.
Este plan será evaluado por la UE y por la OTAN y, según dijo, el objetivo es garantizar la seguridad del país y “consolidar a España como un miembro “central y fiable”.
Según explicó Sánchez, el grueso de la financiación va a proceder de tres fuentes: la reordenación de algunas partidas de los fondos europeos, como la destinada a la ciberseguridad; de los ahorros generados por la “gestión rigurosa” que ha hecho el Gobierno y los buenos datos económicos; y del margen que dan ciertas partidas que se incluyeron en los presupuestos de 2023 y que ya no se necesitan.
La inversión adicional de 10.471 millones se unirá a lo invertido a lo largo de los últimos años hasta alcanzar una cifra total de 33.123 millones de euros en seguridad y defensa, lo que supone el 2 por ciento del PIB.
El primer pilar del plan tendrá como objetivo aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas y mejorar sus condiciones laborales y su equipamiento.
El programa incluye también la elaboración, fabricación y adquisición de nuevas capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad; la fabricación y compra de nuevos equipos de defensa y disuasión, y el refuerzo de las capacidades duales de las fuerzas armadas para ayudar también en emergencias y desastres naturales.
El último pilar del plan irá destinado a mejorar las condiciones de seguridad de los casi 3.000 efectivos que integran las 16 misiones de paz que actualmente España realiza en el exterior.
Sánchez anunció que hoy mismo pedirá comparecer en el Congreso para presentar el plan al arco parlamentario, aunque aseguró que, de acuerdo con la Constitución y la ley presupuestaria, no necesita que la Cámara lo apruebe porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario.
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