“La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”, reza el Art.1º de nuestra Carta Magna, y todos los ciudadanos, con énfasis en quienes juran “cumplir y hacer cumplir” su normativa, estamos obligados a respetarla. La Constitución Nacional es la ley suprema. Establece los derechos y garantías fundamentales de las personas y la forma de organizar los poderes del Estado según esa forma de gobierno establecida en el Art.1º.
Es representativa porque “el Pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes que son elegidos por su voto”.
Es republicana porque está conformada por tres poderes independientes y equilibradamente interrelacionados acorde a su especificidad de deberes y derechos:
- El Poder Judicial integrado por jueces que gozan de inamovilidad, la que constituye un derecho de los magistrados y una garantía de la independencia de sus miembros en el cumplimiento de sus responsabilidades. Esta garantía constitucional supone un ejercicio responsable de la judicatura, dado que, en caso de actuar indebidamente, se hacen pasibles a ser enjuiciados por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, el que puede aplicarles sanciones hasta llevar a su remoción.
- El Poder Ejecutivo ejercido por el Presidente de la Nación, elegido a mayoría especial de votos en primera o segunda vuelta electoral, por el período de cuatro años y puede reelegir por un período consecutivo. Junto con el Presidente se elige un Vice que lo reemplaza en caso de ausencia, temporaria o permanente, y preside la Cámara de Senadores.
- El Poder Legislativo: conformado por la Cámara de Senadores, que representan a las provincias, duran seis años en su mandato y se eligen tres por provincia, dos por la primera minoría y uno por la segunda, renovándose en tercios del cuerpo cada dos años; y la Cámara de Diputados, que representan al pueblo de la Nación, duran cuatro años en sus funciones, se eligen a simple pluralidad de sufragios, se integran por sistema proporcional D’hont y se renuevan parcialmente por mitad cada dos años en cada jurisdicción provincial.
Es federal porque reconoce la autonomía de las provincias que la componen, las que son preexistentes a la Nación, y conservan para su potestad de ejercicio todas las funciones no delegadas al Gobierno Federal.
Además, la Carta Magna establece con precisión las funciones de cada poder de la República, las facultades originarias de las provincias provenientes de “los pactos preexistentes”, los derechos y deberes de los ciudadanos argentinos y de “todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo…”, según establece nuestro Preámbulo, de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Esta síntesis no aspira a ser un glosario constitucional, sino a fijar el marco jurídico dentro del cual todos los habitantes de nuestra Nación ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestros deberes, especialmente cualquiera de los mandatarios de los poderes republicanos instituidos en la administración del Estado Nación.
Nadie duda que el actual mandatario presidencial tiene la legitimidad de origen que le confirió el voto del 30% de ciudadanos que lo eligieron en la primera vuelta electoral de octubre, en la cual también se eligieron la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, y del 56% que optó por él en el balotaje de noviembre pasado.
Esa legitimidad de origen debe ser validada por el cumplimiento del ejercicio de sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes vigentes para cumplimentar el deber de honrar la legitimidad de ejercicio que juró cumplir al asumir.
Javier Milei se define como libertario. En lo económico, ha calificado sus posiciones de ultraliberales, donde el único bien a proteger es la propiedad privada. Ideológicamente, se alinea con la ideas del paleolibertarianismo, definiéndose como anarcocapitalista (los anarcocapitalistas apoyan irrestrictamente la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de gestionarlos, sin ninguna interferencia del Estado). Ampliando su identificación expresa: “El Estado es una organización criminal violenta que se beneficia con los impuestos”.
También rechaza la responsabilidad del Gobierno Federal en la garantía del cumplimiento de los derechos sociales (Educación, Salud, Género, Pueblos Originarios, Jubilaciones y Pensiones, Salubridad Ambiental, etc.) de forma directa o concurrente con las provincias. Desconoce la responsabilidad de proveer la infraestructura federal para la integración nacional junto a la garantía de prestación y acceso de los servicios públicos en todo el territorio, el reconocimiento a las provincias del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (Art.124º CN), sus derechos adquiridos en las transferencias no automáticas fijadas por ley y usos del sistema federal.
También resaltamos sus desconsideraciones injuriosas a los miembros del Congreso Nacional, a los gobernadores e intendentes municipales, como a cualquier otro miembro de los sectores empresariales, gremiales, periodísticos y/o de la cultura que discrepen con sus concepciones y/o afirmaciones, por estrafalarias o falaces que se precien.
El ciudadano Javier Milei tiene derecho a pensar y actuar como desee y debe ser respetado en ese campo, no así el presidente Javier Milei, que ha sido electo como jefe del Estado y debe honrar su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la Nación. La principal responsabilidad del presidente en ejercicio es gestionar la solución de los graves problemas que padecemos, dentro del estado de derecho, el equilibrio republicano y la concurrencia federal con las provincias argentinas.
Pareciera que el presidente Milei, hasta ahora, está más ensimismado en defender sus dogmas ideológicos que en cumplir su mandato presidencial en correlación con su contrato social, respetando la opinión y la defensa del interés de TODOS los Argentinos, aceptando los equilibrios y límites republicanos y federales constitucionales. Ese accionar fundamentalista lo coloca más como líder de una facción de fanáticos que en el cumplimiento de su responsabilidad de jefe de Estado y lo acerca, peligrosamente, al incumplimiento del juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la Nación.
Ojalá rectifique su accionar y oriente su vocación y responsabilidad a comenzar a resolver los profundos problemas sociales, económicos e institucionales que dejó el fracasado gobierno populista del peronismo kirchnerista.
Desde el radicalismo ejerceremos nuestro mandato popular como minoría de oposición, basados en nuestro programa de gobierno con transparencia y tolerancia política, sin transfuguismos ni conspiraciones.
El Presidente Milei tiene la oportunidad de comenzar el camino del cambio superador que la mayoría de los argentinos le han confiado, algunos por convicción ideológica y otros por desesperanza y bronca al daño populista que llevó al país a más del 40% de pobres, 154% de inflación anual (12,5% en Noviembre 2023), a un déficit fiscal creciente, a la emisión sin respaldo y a la falacia del endeudamiento permanente como herramienta de consumo.
Su desafío es comenzar a reparar ese daño, a mi entender, protegiendo a los más débiles y necesitados.
La misión es difícil y compleja, y debe hacerla dentro del pacto de convivencia de los Argentinos establecido en la Constitución Nacional.
Si así no lo hiciera, ¡El Pueblo de la Nación y La Patria se lo demandarán!
Publicado en Infobae el 1 de marzo de 2024.
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