(Debates a partir del artículo de Luis Tonelli)
Días atrás, Nuevos Papeles reprodujo un artículo de Luis Tonelli donde, al reflexionar sobre la famosa grieta, la caracterizaba como un enfrentamiento social que aprovechan los representantes de los sectores extremos para dominar los términos del debate.
Con el objetivo de evitar los daños que produciría una profundización de esa disputa y “antes de que sea demasiado tarde”, el autor propone crear “una grieta contra la grieta”. Para ello, los sectores moderados deberían agruparse con el fin de reconducir el actual proceso político dentro de los límites del “consenso de 1983”.
La propuesta de Tonelli se incluye en un conjunto de otras ideas, muy difundidas últimamente, sobre todo desde sectores afines al oficialismo. En esa línea, la responsabilidad por la suba del dólar sería de quienes lo compran ilegalmente, el fracaso de la política sanitaria debería ser atribuido a la indisciplina de los sectores urbanos y la pobreza de unos, consecuencia de la opulencia de otros. Las constantes crisis y los problemas recurrentes, en definitiva, son fallos de la sociedad o deudas de la democracia.
Curiosamente, en el país donde el Estado es un actor mucho más que predominante y dedicado a intervenir y/o regular cuanto ámbito público y privado exista, resulta que ahora no tiene ninguna responsabilidad en los resultados ni en el desarrollo de las políticas que ha aplicado con fervor y perseverancia.
Por supuesto que Tonelli, fino y acido analista político, lo sabe y sus líneas convocan al debate, pero es llamativo que entre quienes promueven ideas similares, no aparezca señalada la responsabilidad de la conducción del Estado en el aumento del descontento y la polarización social. A la vez, en estos mismos relatos, el gobierno es un actor difuso que “sufre” una situación sobre la que poco puede hacer.
Los argentinos vivimos agrietados desde nuestra misma conformación como país, pero eso no ha sido así en todos los momentos históricos. Los años de las décadas de 1980 y 1990 fueron una excepción, a pesar de que no carecieron de intensos debates políticos, liderazgos carismáticos, crisis y cambios sociales. Una de las razones que pueden explicarlo es que los gobiernos de la época buscaban legitimarse más en la eficiencia de las políticas que aplicaban (y en contraposición con las de la oposición) que en la apelación a una identidad esencial y combativa de sus votantes.
Además, los ciudadanos, tanto individual como colectivamente, tienen derecho a expresar sus ideas sin importar como otros midan su mayor o menor radicalidad. De hecho, vivimos una época en el mundo de aumento de la irracionalidad y de crecientes heterogeneidades en reclamo de nuevos derechos, muchas veces, en disputa con otros ya consolidados. Eso no parece que vaya a cambiar y, me arriesgaría a decir que tampoco es deseable que ocurra.
Más que pedir moderación o una homogenización en la vida social, hay que reclamar que el Estado cumpla su rol, que sostenga la legalidad y sea respetuoso de ella, reduciendo las cuotas de arbitrariedad e imprevisibilidad que exacerban a una sociedad en máxima tensión. Mucho más en medio de una pandemia.
Raúl Alfonsín no interpretaba, ni improvisaba sobre el preámbulo de la constitución nacional, cuando lo recitaba allá por los años 80. Lo refería literalmente. Palabra por palabra. Quizás, porque nuestra transición sin pacto (al menos sin pacto entre las fuerzas democráticas), lo único que logró acordar para escapar del circulo de la violencia, fue aferrarse a algunas pocas y básicas formas de legalidad. Sobre todo, a aquellas referidas al régimen político, las creencias personales o la propiedad.
El gobierno actual, con la complicidad de algunos actores estatales, políticos y sociales, ha decidido que ni siquiera respetará ese mínimo consenso, sin duda escaso, pero el único al que pudimos llegar y que sostuvo, con sus limitaciones, la etapa democrática más larga de la historia de nuestro país.
Los autodenominados sectores moderados, más que hacer la vista gorda a que es el mismo gobierno peronista quien avanza sobre el “consenso de 1983”, deberían dejar de culpar a quienes lo enfrentamos desde la sociedad civil y ponerse en campaña para impedir que se consume un grave retroceso democrático.
