Hace algunos días escribía acerca de la preocupación que causaba la reiterada intervención del Gobierno en los ámbitos periodísticos, descalificando a determinados periodistas, presionando a los dueños de medios para que discontinúen programas que se animen a ejercer una actitud crítica con el gobierno, amenazando a otros para que no escriban sobre tal o cual tema; en el artículo se citaba el comunicado de FOPEA que le ponía cifras a estas actitudes, y también el cómplice silencio de muchos colegas.
Estas políticas, sin embargo, no son excepciones de un gobierno elegido democráticamente pero con un vínculo de dudosa afinidad para con el sistema democrático. A Milei le cuesta convivir con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con la oposición, con la crítica interna en La libertad avanza, con la prensa, con los procedimientos republicanos; todo esto aparece a la vista sin tener que ser un especialista.
La táctica de Milei es la confrontación directa, desde una realidad que desacredita a muchos de estos sectores ante la sociedad. Como Outsider de la política, a caballo de un par de logros económicos de sencilla apreciación, bien respaldado por una buena parte de la prensa y por los ejércitos de trolls que manejan las redes con gran eficacia, el Presidente llega al conflicto sin intentar esquivarlo. Allí es donde se siente fuerte, ganador, ante una oposición que no termina de hacer pie. La disputa se vuelve así en muchos casos una simple imposición, salteando procedimientos que no deberían saltearse, ante una opinión pública que, por ahora, como menos hace caso omiso de esa realidad.
Algunas de esas determinaciones, sin embargo, deberían encender alarmas precautorias. La intervención sobre el periodismo sobre la que hablamos, y el desprecio por las reglas constitucionales cada vez que se pueda son dos de ellas. Cuando han ocurrido estas cosas, en diferentes países y en distintos tiempos, han derivado en su evolución hacia regímenes dictatoriales, autoritarios y represivos.
Desde su gestualidad, pasando por la manera de comunicar y finalizando en sus prácticas, el Presidente Milei hace recordar a muchos de ellos. Y para profundizar esta sospecha, el siguiente paso no es otro que el que muchos de esos gobernantes ejecutaron: la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.
La Ley de defensa nacional, promulgada en abril de 1988, expresa claramente en su artículo 4 que “Para dilucidar las cuestiones atinente a la Defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. La Seguridad Interior será regida por una Ley especial.” Esa ley especial, promulgada el 17 de enero de 1992, establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior. La ley define a la seguridad interior como “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.” “La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos”, y forman parte del sistema de seguridad interior el Presidente de la Nación, los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley, el Congreso Nacional, los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia, la Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Es decir, las leyes vigentes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior no dejan duda alguna acerca de las funciones y objetivos de cada una de ellas.
Sin embargo, hace algunos días, previo a la Navidad y el Fin de Año que sin dudas relajan la consideración sobre los temas políticos, el Gobierno decidió redefinir la intervención de la Fuerzas Armadas sin que la decisión pase por el Congreso.
A través de dos decretos, el Ejecutivo decidió permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en problemas de seguridad interior sin que funcionaran para ello los mecanismos de consenso que prevé la ley. La habitual consecuencia de decisiones como esta es el crecimiento del peso político de las Fuerzas Armadas. Ambos decretos han intentado encontrar resquicios desde los cuales intentar redefinir los conceptos de “amenaza interna” y de “objetivos de valor estratégico”, para filtrar por allí una posibilidad de vulnerar la esencia de las leyes de Defensa y Seguridad Interior, las dos que reglan esta temática en Argentina.
Los decretos habilitarán a la Inteligencia militar a intervenir en asuntos que hoy están fuera de su alcance, y al Ministerio de Seguridad a concentrar un poder de decisión sin el consenso de los otros actores previstos por la Ley. Discrecionalidad para el ejecutivo y falta de control civil de las Fuerzas Armadas, dos situaciones que en nuestro país no deberían pasar inadvertidas si se tiene en cuenta su historia reciente. Y si no se contempla esa historia, estaríamos muy mal.
Arrastrar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad es un objetivo puramente político declamado por este gobierno y con riesgos institucionales evidentes. El diario “El País”, de Madrid, con una visión externa, no duda de calificar a este intento como un paso de enorme riesgo: “Milei habilita por decreto a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad interior. De esta manera rompe con la distinción entre defensa y seguridad vigente en Argentina desde la restauración de la democracia, tras los crímenes de la dictadura militar”. Marca también la contradicción entre la exclamada “reducción del Estado”, que en este rubro tiende a crecer con cada decisión. Y alerta sobre lo que cualquiera puede ver: “el poder de decidir cómo y cuándo actuarán los militares se lo reserva el propio Ejecutivo, es decir, que no mediarán mecanismos de control.”
Hay una historia que debería no perderse de vista y estos decretos suman a la preocupación sobre los avances del Gobierno sobre libertades constitucionales, el temor que implica haber incorporado una herramienta cuya peligrosidad ya se ha demostrado cabalmente. Ningún éxito económico debería relajar el control del pleno funcionamiento de la República. Los hechos recientes, sin embargo, no pueden menos que preocuparnos.
“En el país de no me acuerdo
Doy tres pasitos y me pierdo
Un pasito para allí, no recuerdo si lo di
Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da.”
En ocasiones, pareciera que nuestro país no es otro que aquel que María Elena Walsh definiera en 1966 como “El país del no me acuerdo”.
