El pasado viernes por la noche, un grupo de policías ecuatorianos violó la soberanía mexicana asaltando la embajada de ese país en Quito para secuestrar al ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas. Ese hecho se suma a otros perpetrados por gobiernos de distinto signo en la región, como signo máximo de desapego a las normas.
Si bien el desprecio por el Estado de Derecho siempre fue patrimonio de los gobiernos de facto encabezados por militares, la nueva derecha y la izquierda populista, han incorporado ese rasgo que socava, profundamente, los cimientos de la democracia.
El asalto al Planalto por los bolsonaristas, alentados por su líder que tramaba en secreto un golpe militar para evitar el regreso de Luiz Inacio Da Silva a la presidencia; el intento de asesinato a Evo Morales a manos de las hordas golpistas del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, en Bolivia; la crisis política perenne de Perú, ahora transitando el nuevo escándalo de los “Rolex” por parte de Dina Boluarte y la desopilante reforma Constitucional por decreto impulsada por parte de Javier Milei en la Argentina, son ejemplos del maltrato extendido del Estado de Derecho por las fuerzas de derecha.
Por otro lado, tanto los gobiernos de Venezuela y Nicaragua han desatado una ola de proscripciones y persecuciones sobre la oposición política que hacen de las elecciones un mero simulacro de expresión de la voluntad popular. También Haití ofrece un caso extremo de estado fallido en dónde hoy una banda de criminales pretende arrogarse el gobierno de su país.
En ambos extremos de la política se socava el principio de gobernanza que establece que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir a todos por igual. La pérdida de esa armonía social, asegurada por la norma, deviene en la consiguiente pérdida de calidad democrática, o de la democracia misma.
En 142 países del mundo worldjusticeproject.org elabora un Índice anual de Estado de Derecho, construido con los valores obtenidos para los indicadores: restricciones a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En nuestra región y en el mundo, en general, ese índice muestra un deterioro que exhibe una correlación con el descenso de la confianza en la democracia como forma de gobierno.
Una versión más simplificada para entender cómo está funcionando el estado de derecho en cada uno de nuestros países es la propuesta por el profesor español Elías Díaz, para quien el “imperio de la ley” es la condición fundamental del Estado de Derecho. Por ley debe entenderse la creada por el órgano de representación popular – el Poder Legislativo – pues no debe perderse de vista que la ley es la “concretización racional de la voluntad general”. Las leyes ordinarias se conexionan y subordinan a la Constitución (ley fundamental). El control de constitucionalidad asegura dicha subordinación. En consecuencia, el término “imperio de la ley” excluye el derecho creado por una sola voluntad individual, como sucede en el caso de las dictaduras.
La división de poderes, como principal garantía para evitar la concentración del poder en uno sólo, como ocurrió durante el absolutismo, o en las dictaduras. La división de poderes supone una primacía del poder legislativo frente a los otros poderes. Sin embargo, dicho poder actúa limitado por la constitución y por los controles de constitucionalidad aplicados por el Poder Judicial. Además, el poder legislativo está sujeto a otro tipo de controles políticos y sociales, como podría ser la crítica de la opinión pública y a la aprobación de lo actuado en elecciones periódicas.
El tercer punto aludido por Díaz es Legalidad de la administración, la que sólo puede actuar en el marco de la ley. En un Estado de Derecho el control de la administración pública lo harán el poder legislativo, a través de, por ejemplo, juicios políticos, y el jurisdiccional, mediante los procedimientos contencioso-administrativos.
Y, por último, afirma que el objetivo de todo Estado de Derecho no sólo es otorgar seguridad y certeza jurídicas, sino, además, garantizar los derechos humanos. Para Elías Díaz el eje central del Estado de Derecho es la protección, garantía y realización de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Con este breve decálogo podríamos hacer el análisis de la salud del Estado de Derecho en cualquiera de nuestros países y, creo que, a simple vista, notaríamos un evidente deterioro.
Averiguar las causas de ese declive es una tarea más compleja.
