Si bien los escándalos, las guerras culturales y las amenazas a la democracia dominan los titulares, los problemas más importantes de este año súper electoral tienen que ver en última instancia con las políticas económicas. Después de todo, el ascenso del autoritarismo populista antidemocrático es en sí mismo el legado de una ideología económica mal concebida.
Traducción Alejandro Garvie
En todo el mundo, el nacionalismo populista está en aumento, y a menudo guía al poder a líderes autoritarios. Y, sin embargo, se suponía que la ortodoxia neoliberal –reducción del tamaño del gobierno, recortes de impuestos, desregulación– que se afianzó hace unos 40 años en Occidente fortalecería la democracia, no la debilitaría. ¿Qué salió mal?
Parte de la respuesta es económica: el neoliberalismo simplemente no cumplió lo que prometió. En Estados Unidos y otras economías avanzadas que lo adoptaron, el crecimiento del ingreso real per cápita (ajustado a la inflación) entre 1980 y la pandemia de COVID-19 fue un 40 por ciento menor que en los 30 años anteriores. Peor aún, los ingresos de los sectores más bajos y medios se estancaron en gran medida, mientras que los de los más altos aumentaron, y el debilitamiento deliberado de las protecciones sociales ha producido una mayor inseguridad financiera y económica.
Preocupados, con razón, de que el cambio climático ponga en peligro su futuro, los jóvenes pueden ver que los países bajo el influjo del neoliberalismo no han logrado promulgar regulaciones estrictas contra la contaminación (o, en Estados Unidos, no han abordado la crisis de los opioides y la epidemia de diabetes infantil). Lamentablemente, estos fracasos no son una sorpresa. El neoliberalismo se basó en la creencia de que los mercados sin restricciones son el medio más eficiente para lograr resultados óptimos. Sin embargo, incluso en los primeros días del ascenso del neoliberalismo, los economistas ya habían establecido que los mercados no regulados no son ni eficientes ni estables, y mucho menos propicios para generar una distribución socialmente aceptable del ingreso.
Los defensores del neoliberalismo nunca parecieron reconocer que ampliar la libertad de las corporaciones restringe la libertad del resto de la sociedad. La libertad de contaminar significa un empeoramiento de la salud (o incluso la muerte, para quienes padecen asma), un clima más extremo y tierras inhabitables. Por supuesto, siempre hay compensaciones; pero cualquier sociedad razonable concluiría que el derecho a vivir es más importante que el espurio derecho a contaminar.
Los impuestos son igualmente un anatema para el neoliberalismo, que los enmarca como una afrenta a la libertad individual: uno tiene derecho a quedarse con lo que gana, independientemente de cómo lo gane. Pero incluso cuando obtienen honestamente sus ingresos, los defensores de este punto de vista no reconocen que lo que ganan fue posible gracias a la inversión gubernamental en infraestructura, tecnología, educación y salud pública. Rara vez se detienen a considerar qué habrían tenido si hubieran nacido en uno de los muchos países sin Estado de derecho (o cómo serían sus vidas si el gobierno de Estados Unidos no hubiera hecho las inversiones que condujeron a la vacuna en la pandemia de COVID-19)
Irónicamente, los más endeudados con el gobierno suelen ser los primeros en olvidar lo que el gobierno hizo por ellos. ¿Dónde estarían Elon Musk y Tesla si no fuera por el salvavidas de casi 500 millones de dólares que recibieron del Departamento de Energía del presidente Barack Obama en 2010? “Los impuestos son lo que pagamos por la sociedad civilizada”, observó el juez de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes. Eso no ha cambiado: los impuestos son lo que se necesita para establecer el estado de derecho o proporcionar cualquiera de los otros bienes públicos que una sociedad del siglo XXI necesita para funcionar.
Aquí vamos más allá de meras compensaciones, porque todos –incluidos los ricos– salen ganando con una oferta adecuada de esos bienes. La coerción, en este sentido, puede ser emancipadora. Existe un amplio consenso sobre el principio de que, si vamos a tener bienes esenciales, tenemos que pagarlos, y eso requiere impuestos.
Por supuesto, los defensores de un gobierno más pequeño dirían que se deberían recortar muchos gastos, incluidas las pensiones administradas por el gobierno y la atención sanitaria pública. Pero, nuevamente, si la mayoría de las personas se ven obligadas a soportar la inseguridad de no tener atención médica confiable o ingresos adecuados en la vejez, la sociedad se ha vuelto menos libre: como mínimo, carecen de libertad frente al temor de cuán traumático podría ser su futuro. Incluso si el bienestar de los multimillonarios se vería un tanto perjudicado si a cada uno se le pidiera que pagara un poco más de impuestos para financiar un crédito fiscal por hijos, consideremos la diferencia que haría en la vida de un niño que no tiene suficiente para comer, o cuyos padres no pueden pagar una visita al médico. Consideremos lo que significaría para el futuro de todo el país si menos jóvenes crecieran desnutridos o enfermos.
Todas estas cuestiones deberían ocupar un lugar central en las numerosas elecciones de este año. En Estados Unidos, las próximas elecciones presidenciales ofrecen una difícil elección no sólo entre caos y gobierno ordenado, sino también entre filosofías y políticas económicas. El actual presidente, Joe Biden, está comprometido a utilizar el poder del gobierno para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en el 99 por ciento inferior, mientras que Donald Trump está más interesado en maximizar el bienestar del 1 por ciento superior. Trump, que atiende la corte desde un lujoso resort de golf (cuando no está en la corte), se ha convertido en el campeón de capitalistas compinches y líderes autoritarios en todo el mundo.
Trump y Biden tienen visiones muy diferentes del tipo de sociedad por la que deberíamos trabajar. En un escenario, prevalecerán la deshonestidad, la especulación socialmente destructiva y la búsqueda de rentas, la confianza pública seguirá desmoronándose y el materialismo y la codicia triunfarán; en el otro, los funcionarios electos y los servidores públicos trabajarán de buena fe para lograr una sociedad más creativa, saludable y basada en el conocimiento, basada en la confianza y la honestidad.
Por supuesto, la política nunca es tan pura como sugiere esta descripción. Pero nadie puede negar que los dos candidatos tienen puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre la libertad y los elementos de una buena sociedad. Nuestro sistema económico refleja y moldea quiénes somos y qué podemos llegar a ser. Si respaldamos públicamente a un estafador egoísta y misógino –o descartamos estos atributos como defectos menores– nuestros jóvenes absorberán ese mensaje y terminaremos con aún más sinvergüenzas y oportunistas en el poder. Nos convertiremos en una sociedad sin confianza y, por tanto, sin una economía que funcione bien.
Encuestas recientes muestran que apenas tres años después de que Trump dejara la Casa Blanca, el público ha olvidado felizmente el caos, la incompetencia y los ataques de su administración al Estado de derecho. Pero basta observar las posiciones concretas de los candidatos sobre los temas para reconocer que si queremos vivir en una sociedad que valore a todos los ciudadanos y se esfuerce por crear formas para que vivan vidas plenas y satisfactorias, la elección es clara.
