Argentina es de los pocos países del mundo que tiene en un mes la misma inflación que el 90% del resto del mundo tiene en todo el año y es, para mi conocimiento, junto con Venezuela, el único en el que mientras los precios galopan el estado busca chivos expiatorios en los productores, en los supermercados o en cualquier otro eslabón de la cadena. En tierra de la vinotinto incluso llegaron a sancionar un Decreto -Ley de “control de costos, ganancias y determinación de precios justos” cuyo artículo primero expresamente se proponía analizar las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, en sintonía con el estudio que el Ministerio de Producción le encargó al Subsecretario de políticas para el mercado interno, Matias Ginsberg, para analizar “desequilibrios que generan problemas de precios y competitividad” y con el compromiso que el propio Presidente tomó con los integrantes de la Mesa de Enlace, con quienes acordó “analizar la estructura de costos de las distintas cadenas del sector, para asegurar a los argentinos el acceso a los alimentos, sin tener que recurrir a suba de retenciones o cupos para las exportaciones. Todo esto en la misma semana que el gobierno negoció con los movimientos sociales para que 20.000 voluntarios ayuden a controlar los precios en los supermercados.
Esta semana, luego que el presidente le echara la culpa de la inflación a “los especuladores” en una entrevista televisiva, que fue luego reproducida por Pagina12 y comentada en este espacio, el INDEC confirmó que los precios corrieron en enero otra vez al 4% mensual (60% anualizado), con Alimentos y bebidas volando al 4,8%, a una velocidad anualizada del 75%.
La verdad es que el Banco Central es la institución responsable de “promover la estabilidad monetaria” según el artículo 3 de la Ley 24144 (Carta Orgánica) y es el principal financiador del tesoro, a punto tal que durante 2020 le transfirió 2.014.000 millones de pesos recién fabricados, mientras que el principal impuesto recaudado por el fisco, el IVA, aportó 1.905.000 millones. La brutal emisión, que es equivalente a toda la recaudación de la seguridad social, por todo concepto, contó con tres diques de contención que evitaron una hiperinflación; la absorción con Leliqs y pases, los precios regulados (tarifas de servicios y máximos + cuidados en alimentos) y la regulación de la tasa de devaluación oficial, cepo mediante.
Así, el stock de Leliqs y pases creció 111%, al tiempo que los precios regulados solo movieron 14,7% en todo el 2020. El dólar oficial, por su parte, se mantuvo con aumentos mensuales del orden del 2,5% hasta septiembre, pero se aceleró en octubre, mientras se endurecía el cepo, crecía la brecha y aparecían los cupos a las importaciones, cuyo efecto es el de aumentar los precios internos de los bienes restringidos, primero por la limitación en la oferta doméstica, pero después por el motivo precautorio de los importadores que no saben si podrán reponer esa mercadería. Con el dique del tipo de cambio oficial moviéndose al 4% mensual, sumado a las restricciones para importar que hacen que esa cuota del mercado empiece a operar al valor del paralelo, no sorprende que los precios acompañen ese ritmo.
Por eso decíamos hace algunas semanas que mas allá de la retórica del presidente y de las apelaciones a la “inflación importada” de algunos de los funcionarios que buscaron formar esa opinión, la única bala de plata que le quedaba al gobierno era frenar la tasa de devaluación oficial en la medida que empezaran a entrar las divisas de la próxima cosecha.
Sin embargo, la preocupación electoral del gobierno, junto con la fuerte caída del salario real en los últimos cuatro meses y su impacto en el consumo, aceleraron los tiempos y desde principios de febrero vimos un freno en la tasa de cambio del billete oficial, que bajó su velocidad al 48,8% en la primera semana y desaceleró al 37,5% en la segunda. Pero como los dólares del campo todavía no llegan, el freno vino acompañado de una vuelta de rosca al torniquete de divisas para importadores que esta semana recibieron el llamado desde el Ministerio de Producción informándoles que se les autorizarían menos dólares.
Al ancla cambiaria se le suma la búsqueda de una paritaria en torno del 29% que sorpresivamente pareció encaminarse la semana pasada con el acuerdo de los bancarios; uno de los sectores que mejores aumentos negocia todos los años. La aparente austeridad de los conducidos por Sergio Palazo quedó explicada esta semana cuando el oficialismo presentó el proyecto para llevar el mínimo no imponible de Ganancias, para los asalariados, a los 150.000 pesos mensuales. La reforma, que calza justo en el rango de salarios de bancarios y camioneros, significa entre un 8 y un 10% de aumento adicional.
Publicado en Clase Media, el newsletter de Martín Tetaz, el 15 de febrero de 2021.
