Si bien es verdad que el dictador ONGANÍA, siguiendo los sagaces consejos de su ministro Francisco MANRIQUE, promovió la generalización de las obras sociales y asignó su dirección y gestión a los sindicatos con personería gremial, sostener que la dictadura fundó el régimen es claramente inexacto; lo es en tanto ignora que la prestación de servicios sociales por parte de los sindicatos a sus afiliados existió desde comienzos del siglo XX, y aun antes cuando esta función corría a cargo de asociaciones mutuales de oficio o nacionalidad.
Lo cierto es que desde aquellos lejanos tiempos al presente la gestión sindical de las obras sociales ha transformado las relaciones entre los gobiernos y las organizaciones obreras introduciendo elementos que condicionan, restringen o asfixian a la autonomía sindical.
Pero las transformaciones se extienden también a los modos de ejercer la acción puramente sindical dado que las cupulas sindicales asumen funciones gerenciales (administran ingentes recursos económicos, celebran contratos millonarios, gestionan inversiones y crisis) que les obligan a frecuentar la lógica empresarial por mucho que las unidades prestadoras funcionen sin ánimo de lucro.
El Sistema de Obras Sociales Sindicales, como se sabe, reserva en cabeza del Estado nacional importantes poderes de asignación de recursos extraordinarios y de control. Es frecuente que estos poderes estatales estén presentes en toda relación de los gobiernos con la dirección sindical, erosionando la autonomía colectiva y, por ende, la Libertad Sindical.
En relación con la vida interna de los sindicatos el Sistema de Obras Sociales vino a reforzar el verticalismo en virtud de los recursos que maneja el vértice que, por esta vía, puede disciplinar a las unidades descentralizadas locales que cayeran en la tentación de enfrentar a su conducción central, resintiendo la democracia interna.
El hecho de que la dirección de la Obra Social (que cubre a afiliados y no afiliados) este, por imperativo legal, en manos del sindicato con personería gremial es otro agravio al principio democrático ya que muchos aportantes no participan en la elección de las autoridades encargadas de gestionar su seguro de salud. El diseño (originario y vigente) del Sistema implica un quiebre del principio de solidaridad de clase.
Por extraño que pudiera parece en los tiempos que corren, la permanencia del Sistema de Obras Sociales en manos de los sindicatos cuenta con el callado apoyo de las grandes patronales.
Esta alianza se mostró sólida y eficaz cuando se trató de hacer frente a los intentos de reformas protagonizados primero por el segundo peronismo (1973/1976) bajo inspiración del ilustrado Domingo LIOTTA, y luego por el gobierno encabezado por Raúl ALFONSÍN e integrado por Aldo NERI, gran especialista en la materia.
Fracasaron también algunas ideas del gobierno de Carlos MENEN que sólo logró poner en marcha una libre elección parcial (circunscripta al área de las más de 300 Obras Sociales Sindicales entonces existentes) y el llamado hospital de auto gestión.
En el año en curso (2024) el presidente Javier MILEI impulsa ampliar la libre elección incorporando a las empresas de medicina prepaga (algunas de ellas tienen ya un pie adentro de este mundo que atiende la salud de los trabajadores y sus familias) y a las obras sociales de los estados provinciales (el Instituto Provincial de Salud en el caso de Salta).
En cualquier caso, parece evidente que el Sistema de Obras Sociales Sindicales vigente a lo largo de estas últimas décadas se encuentra hoy ante una grave crisis financiera, prestacional, de transparencia y de diseño, lo que ocasiona grandes perjuicios a los trabajadores y trabajadoras que requieren asistencia.
Estos dos factores (crisis y daños) están anunciando la necesidad de profundas reformas. Reformas que podrían proponerse mejorar los servicios, sanear a los actuales prestadores y ampliar el principio de solidaridad.
Sin embargo, y atendiendo a la ideología que encarna el presidente Milei estas reformas podrían traducirse -por el contrario- en una lisa y llana disolución de las casi centenarias obras sociales sindicales dejando una parte de las prestaciones y de los recursos que se recaudan como cargas sociales en manos de sociedades con ánimo de lucro, forzando a los trabajadores en situación de riesgo o con bajos salarios a refugiarse en el hospital público que, dicho sea de paso, transita sus propias dificultades.
Publicado en Con-Texto el 19 de noviembre de 2024.
