El senador nacional radical fueguino, Pablo Blanco, presentó un proyecto de ley por el propone se prorrogue por un año los vencimientos de capital e intereses que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantienen con el Estado nacional en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y promueve que, por su parte, las jurisdicciones se comprometen a llevar adelante un programa de reforma fiscal y generar una reducción sustancial del gasto público.
En medio de la tensión planteada entre la administración de Javier Mlei con las provincias y en procura de promover un mecanismo que destrabe el conflicto por las deudas que mantienen esas jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires con la Nación, el senador radical fueguino, Pablo Blanco, presentó un proyecto de ley por el cual propuso se prorrogue por un año los vencimientos de capital e intereses que los las provincias y CABA con el Estado nacional en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y, por su parte, éstas “se comprometen a realizar programas de reforma fiscal” con el propósito de generar una reducción del gasto público.
En el artículo 1 del proyecto, el senador radical plantea la prórroga por un año “los vencimientos de capital e intereses de las deudas que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen con el Estado Nacional en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial” y establece que “las prórrogas dispuestas regirán a partir de los respectivos vencimientos originales y en las mismas condiciones establecidas en dichos contratos, tanto para la amortización de capital como los servicios de intereses correspondientes”.
Al mismo tiempo, en su articulado, la propuesta del legislador fueguino establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “se comprometen a llevar adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los Estados Provinciales, cuyo principal objetivo consista en la consolidación de la Reforma del Sector Público Provincial, a través de mecanismos ágiles y flexibles que aseguren la implementación definitiva de las reformas básicas y el avance en la generación de programas de mejoramiento del gasto público y de desarrollo regional”.
Se propicia que “dichas reformas deberán resultar en la reducción sustancial en términos reales del gasto público primario de las administraciones de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de acompañar el esfuerzo de saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico llevado adelante por el Gobierno Nacional”.
En los fundamentos de la iniciativa, el senador radical, Blanco, explicó que el proyecto “tiene por objeto prorrogar por el plazo de 1 año el pago del capital e intereses de los préstamos de las deudas que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen con el Estado Nacional en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. y, asimismo, reglamentar aspectos relacionados con los instrumentos de Deuda Pública Provincial”.
“La deuda involucra a otras 11 provincias y asciende a $400.000 millones, apenas el 0,2% del PBI. Chaco y Mendoza pidieron una reestructuración en enero y febrero de 2024, siendo ambas aprobadas por el Banco Central. La entidad monetaria aprobó que los bancos pudieran comprar $30.000 millones en Letras del Tesoro provinciales en el caso de la gestión de Chaco y $106.920 millones para el caso de Mendoza. La deuda de cada una en millones de pesos se completa con Tucumán ($72.922); Salta ($55.975); Santa Cruz ($22.962); Entre Ríos ($14.958); Formosa ($11.872); Catamarca ($11.557); Tierra del Fuego ($7.050); Misiones ($7.050) y Jujuy ($5.594)”, detalló el legislador.
En ese marco, el senador Blanco planteó en su proyecto que “las prórrogas dispuestas regirán a partir de los respectivos vencimientos originales y en las mismas condiciones establecidas en la normativa que afecta al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, tanto para la amortización de capital como los servicios de intereses correspondientes. Asimismo, se faculta al Ministerio de Economía a suscribir toda documentación y/o instrumentos complementarios, tales como actas, actas acuerdo, contratos y convenios que resulten necesarios para materializar las prórrogas que se excluyen expresamente de la autorización previa que establece el artículo 25 de la ley 25.917”, apuntó en referencia a la Ley que establece el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Como contrapartida, se promueve que las provincias asuman “el compromiso de llevar adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los Estados Provinciales, cuyo principal objetivo consista en la consolidación de la Reforma del Sector Público Provincial, a través de mecanismos ágiles y flexibles que aseguren la implementación definitiva de las reformas básicas y el avance en la generación de programas de mejoramiento del gasto público y de desarrollo regional. Dichas reformas deberán resultar en la reducción sustancial en términos reales del gasto público primario de las administraciones de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de acompañar el esfuerzo de saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico llevado adelante por el Gobierno Nacional”.
El senador radical, defendió el proyecto, con el argumento de que tal iniciativa “se enmarca en la necesidad de robustecimiento del federalismo. El funcionamiento las instituciones de la Constitución requiere que las Provincias y Municipios puedan mejorar su capacidad de auto-financiarse”, tras lo cual sostuvo que “se impulsa el robusteciendo del federalismo argentino con el consiguiente fortalecimiento de la situación fiscal de los gobiernos provinciales y locales impulsando medidas que mejoren las herramientas que posibiliten su esencial subsistencia”.
