En medio de la violencia narco que azota la ciudad de Rosario, la Cámara de Senadores aprobó este jueves por unanimidad con 69 votos a favor el proyecto de ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenía media sanción de Diputados desde abril del año pasado.
La iniciativa había sido enviada al Parlamento por el Gobierno de Alberto Fernández en 2022 y recibió la media sanción en Diputados en abril de 2023. También formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En esa oportunidad, donde la iniciativa cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y Victoria Villarruel, se ausentaron durante la votación.
Al respecto y como miembro informante de LLA en su carácter de presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto indicó que el proyecto es tratado con “una demora considerable” y “viene a cumplir un compromiso que la República Argentina que tenía con el GAFI” por lo que remarco que “somos el penúltimo país a inspeccionar sobre el tema”. Así, destacó que se logró hacer un despacho favorable de mayoría, pero indicó que “muchos miembros no estamos de acuerdo con algunas normas que tienen tipos penales abierto”.
El riojano destacó el acompañamiento de los radicales al dictamen que “hace a los compromisos internacionales y a un tema que está en boga sobre todo con lo que sucede en Santa Fe”, y solicitó la aprobación del proyecto, sin prejuicio de que sea reformada.
Desde Unión por la Patria, el neuquino Oscar Parrilli anticipó el voto favorable del bloque porque “creemos que es una señal positiva que se debe dar al mundo financiero internacional”, pero aclaró que “no es porque esto vaya a traer inversiones”.
Parrilli destacó del proyecto que se incluye dentro de los activos a investigar los activos virtuales -criptomonedas- y sugirió que en vez de estar en manos de la Comisión Nacional de Valores pase al Banco Central de la Argentina y resaltó: “Entiendo que en el gobierno actual están entendiendo esto y ojalá a través de un DNU lo modifiquen porque sería saludable”.
También resaltó que la iniciativa crea el Registro de Beneficiarios Finales para “sabre quiénes son efectivamente los dueños de estos fondos de inversiones o sociedades que nunca conocemos qué intereses defienden”. Además, ponderó que le otorga autonomía administrativa, financiera, operativa y le da mayor independencia a la UIF en las acciones que puede llevar adelante.
Otro de los puntos que Parrilli resaltó es el control parlamentario que establece el texto con un control de seguimiento de la Comisión Bicameral de los organismos de inteligencia por lo cual “es un tema que le da transparencia y participación al Parlamento”. En el mismo sentido, ponderó el DNU del Gobierno que plantea que no tiene que depender del Ministerio de Economía – como proponía el proyecto- sino que debe pasar al Ministerio de Justicia.
“En Rosario no son el problema los chicos que venden la droga, primero son los que compran, y en segundo el problema es el lavado de dinero del cual nunca se investigó nada. El verdadero combate al narcotráfico se le hace combatiendo la plata, no el perejil que está en la calle. La UIF tiene un papel fundamental”, manifestó el neuquino y cuestionó que “no se combate al narcotráfico con más policías o el Ejército sino con el manejo del dinero”.
Luego, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires) se refirió en el debate de la reforma de la Ley de Lavado de Activos, Prevención del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que “se está evaluando nuestra calidad de legislación antilavado”.
En relación a la inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló que “cumplir es importante porque está en juego la posibilidad de atraer inversiones”, Sin embargo, cuestionó que “en Argentina falta la decisión política de luchar contra el narcotráfico en una acción plural”.
“Si la intención del Gobierno de dejar atrás la decadencia tenemos que incorporar 3 propuestas indispensables: la educación, la promoción social y la lucha contra el narcotráfico”, aseveró. Y remarcó que “el problema del narcotráfico arruina la vida de muchos jóvenes”.
En esa línea, siguió que el narcotráfico “controla rutas, territorios y penetra en lugares con violencia y terror. Es un problema federal y las soluciones deben emanar de un consenso federal porque el narcotráfico tiene naturaleza trasnacional”.
Para culminar su intervención, Abad afirmó que “se necesitan un sistema acusatorio, derogar la Ley de Narcomenudeo y la creación de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico”.
¿Qué contempla la iniciativa?
El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.
Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.
Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.
Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).
Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.
(Fuente: El Parlamentario)
