En un artículo publicado en 1963 con el título “La Argentina: desarrollo económico y modernización”, Gino Germani señalaba cómo durante la primera mitad del siglo XX nuestro país realizó simultáneamente el trabajo de modernizar la sociedad y desarrollar la estructura económica. Allí argumenta que la Argentina se encontraba en “una especie de clase media de naciones”, pues había seguido el modelo de los países occidentales promoviendo un “notable esfuerzo” de modernización y desarrollo económico a la vez, como “obra de las élites tradicionales”. “Durante varias décadas, escribe, los dos procesos de modernización y de desarrollo avanzaron sin demasiados desequilibrios”.
Entre los indicadores que dan cuenta de ese avanzado proceso de modernización –que Germani concibe también como un proceso de secularización– se cuenta la “gran proporción de clases medias”, por el modo en el que su gran extensión afecta “de manera directa la situación de la clase popular […] sobre todo a través de la movilidad social. Está comprobado –afirma– que cuanto más amplios los estratos medios tanto mayor la fluidez y el carácter ‘abierto’ de la sociedad, es decir, tanto mayor la proporción de personas que asciende de los estratos bajos a los medios y a los altos”.
La gran movilidad social que exhibió la Argentina hasta el último cuarto del siglo pasado fue un rasgo que la diferenció del resto de países de América Latina, con excepción de Uruguay. En alguna medida, eso fue posible no solo por la dinámica económica del país sino también por las aspiraciones de una inmigración que, como señala la historiadora María Liliana da Orden, si bien llegó a estas tierras para dejar atrás una situación material precaria, tuvo sin embargo como principal motivación no tanto escapar del hambre como encontrar vías para un progreso que, a diferencia de sus lugares de origen, aquí resultaba posible. Guillermo O’Donnell primero y Juan Carlos Torre más recientemente estudiaron lo que Torre llamó “el impulso igualitario en la sociabilidad política de la Argentina”. En una conferencia pronunciada en diciembre pasado, Torre observó que aquella mentalidad igualitaria descansaba “sobre una creencia, la creencia de que ninguna persona era por nacimiento inferior a otra y que por lo tanto todas estaban en un mismo pie de igualdad en materia de derechos y aspiraciones sociales”.
Para que los procesos modernizadores, con sus intensas demandas, fueran razonablemente exitosos, también debían serlo los procesos de desarrollo económico; se trata no solo de que haya crecimiento sino un tipo particular de crecimiento, con desarrollo y progreso. Una combinación de élites innovadoras y movimientos de reforma originados en los sectores populares, dice Germani, es necesaria para que, no sin conflicto, las exigencias de la modernización puedan realizarse, tal como ocurrió en los países centrales que realizaron la transición hacia el tipo de sociedad industrial avanzada; en esos países, “sectores empresariales y grupos políticos, élites dirigentes e intelectuales estaban movidas de manera consciente o inconsciente por actitudes favorables a una transformación de la sociedad en sentido ‘industrial’ y ‘moderno’.”
Hasta mediado el siglo pasado, también en la Argentina ambos procesos avanzaron a un paso razonablemente semejante, pero a partir de cierto momento, mientras la modernización siguió a ritmo acelerado el desarrollo pareció estancarse. “Esto –dice Germani– se percibió más claramente después de 1950, pues como la modernización produce cambios irreversibles, el desequilibrio entre el avance de ésta y el estancamiento o retroceso de aquel se tradujo en una honda crisis social y política”. La Argentina comenzó así a convertirse, para decirlo con las palabras de Oscar Terán, en “un país más moderno que desarrollado”.
Germani atribuye a la falta de aquella combinación de élites innovadoras y masas populares transformadoras la incapacidad de nuestro país para avanzar en un desarrollo autosostenido que en el largo plazo hubiera permitido la incorporación de quienes pugnaban por integrarse en los sectores medios.
Esa falta de sincronización entre los procesos sociales de modernización y los procesos económicos de desarrollo explica en gran medida la inmensa inestabilidad política, económica y social argentina. Una sociedad, en palabras de O’Donnell, “individualista, llena de confrontaciones que no resuelven nada pero activan la furia de los más poderosos, sin tradición de un liberalismo razonablemente vigoroso” que no encontró, desde mediados del siglo pasado, el modo en que el desarrollo económico fuera suficiente para satisfacer las demandas de una sociedad convencida de su derecho de progresar.
A las crisis surgidas de la disonancia entre modernización y desarrollo se intentó ofrecer diversas respuestas, ninguna de las cuales permitió encontrar un camino de crecimiento sostenible y que, en conjunto, se encadenaron en lo que Pablo Gerchunoff y Lucas Llach denominaron “ciclo de ilusión y desencanto” en una obra clásica. Nuevamente Gerchunoff, en esta ocasión en colaboración con Martín Rapetti, lo expresaron en términos de persistencia de un “conflicto distributivo” que surge “de la inconsistencia entre las aspiraciones económicas arraigadas en la sociedad y las posibilidades productivas de la economía”. Según ellos, esa inconsistencia se expresa como “una divergencia entre dos niveles de equilibrio del tipo de cambio real. El tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico es aquel que permite a la economía mantener simultáneamente el pleno empleo y un balance de pagos sostenible. El tipo de cambio real de equilibrio social es aquel que emerge cuando los trabajadores plenamente ocupados alcanzan el salario real al que aspiran.”
En el último medio siglo se han realizado diversos intentos de resolver el conflicto de un modo estructural o, dicho de otro modo, de alinear los procesos sociales con los económicos. En un trabajo publicado en 1978, Adolfo Canitrot interpretó el programa económico “del gobierno argentino desde 1976″ como un intento de instaurar la disciplina para realizar la transformación de la estructura económica y social del país. Canitrot insiste sobre un punto central: “Cuando se habla de estabilización se sugiere, implícitamente, la existencia básica de un comportamiento normal aceptado. Se estabiliza lo que temporariamente se ha apartado del equilibrio. Estabilizar es reencauzar las cosas a su estado previo, a su normalidad. Pero en esta definición no cabe –continúa– el caso argentino de 1976, cuyo propósito fue la transformación de la estructura económica […] La solución de las cuestiones de corto plazo (la inflación, la crisis de balance de pagos) son requisitos imprescindibles, o casi imprescindibles, para que el programa de largo plazo pueda tener efectiva vigencia, pero, finalmente, no son sino objetivos secundarios”. El objetivo de largo plazo era “producir una transformación completa en el funcionamiento de la sociedad argentina tal que fuera imposible la repetición del populismo” (El énfasis es agregado). No sin ocasionar los daños sobradamente conocidos el intento sin embargo fracasó, tal como muestran Gerchunoff y Llach en el libro citado.
Un nuevo experimento de reforma estructural, sobre bases y con pretensiones distintas, se llevó a cabo durante la década de 1990. Si bien es cierto que, en sus líneas generales, el menemismo adoptó muchos de los criterios del Consenso de Washington, también es cierto que el propósito fundamental del Plan de Convertibilidad consistió en dinamizar un capitalismo cuyas imposibilidades para liderar el crecimiento económico se atribuían a los lastres de un sector público sobredimensionado y a un déficit de infraestructuras que restaban competitividad y productividad al país. Una vez más, sin reparar en los daños sociales asociados –sin medirlos, sin mitigarlos y sin evaluar el altísimo impacto que tendrían no solo sobre sus víctimas inmediatas sino sobre generaciones futuras– el programa económico mostró éxitos de corto plazo pero acumuló inconsistencias con consecuencias dolorosamente conocidas.
Ninguno de los intentos de reforma consiguió resolver el “conflicto distributivo estructural”. Pero fundamentalmente no alteró el imaginario social, esa autoinstitución simbólica de una sociedad que continuó movida por el antiguo impulso igualitario, aunque lo expresara con actores cada vez más corporativizados. Un impulso, al mismo tiempo, cada vez más frustrado –es decir, fuente de resentimiento y de ira– dado el deterioro creciente de las capacidades de las élites para coordinar cooperativamente la acción colectiva.
Debemos entonces interrogar la experiencia presente a la luz de esta historia, del conflicto perennemente irresuelto entre la incapacidad de las élites para articular un proyecto de desarrollo y una sociedad de cuya pretensión modernizadora no quedan más que los vestigios, pero que aún provoca, con las palabras de Juan Carlos Torre, que “sean una mayoría los que están insatisfechos con el lugar que ocupan o con la suerte que les toca”.
Al poner el momento actual en la larga perspectiva del conflicto entre modernización y desarrollo podremos ver que por primera vez la dinámica política invierte la lógica: en lugar de aspirar a modificar la estructura económica, entendiendo que las fallas proceden de un programa de desarrollo económico imperfectamente diseñado –sea por un excesivo peso del Estado, sea por una promoción desproporcionada del mercado interno o por cualquier otra causa– las élites han concentrado la acción política en la transformación de la estructura mental de la sociedad, para eliminar aquellos vestigios, los restos del impulso igualitario, que son ahora concebidos como la causa primera de las dificultades para el crecimiento económico del país.
En el último medio siglo, la estructura social de la Argentina había ya perdido sus rasgos particulares y había adoptado las características de las grandes naciones latinoamericanas, sea que se midiera la tasa de desigualdad, los niveles de pobreza, la expectativa de vida, el desempeño educativo, o cualquier otro indicador relevante: nunca los costos de las crisis se distribuyeron parejamente, lo que provocó, como escribió Guillermo O’Donnell, “que el sector popular haya sufrido una parte más que proporcional de la destrucción que la Argentina ha venido infligiéndose a sí misma”. Pero el estilo de sociabilidad permaneció inalterado: este sigue siendo el único sitio en el que los pobres están organizados en sindicatos para presionar sobre el poder político con el objeto de garantizar condiciones mínimas de sobrevivencia: exigen derechos, en lugar de pedir favores o agradecerlos. Las reiteradas críticas de los mejores economistas del país acerca de la inexistencia de un programa económico son tan precisas como inútiles: el programa del gobierno es político, y consiste fundamentalmente en una kulturkampf, una guerra cultural que se ha propuesto un acoso sistemático a la modernidad, entendida a la vez como programa político, social y cultural y como conjunto de contenidos normativos. Ni igualdad, ni movilidad social, ni secularización. Las élites argentinas han abandonado ellas mismas toda pretensión de modernidad (ese abandono se cifra en la parábola que lleva, digamos, del Instituto Di Tella al Premio Konex) y, por tanto, abandonaron también todo proyecto de desarrollo económico. Mayormente rentistas y extractivas, aspiran a un crecimiento sostenido, y entienden que el principal obstáculo para ese crecimiento es la existencia de una exigente sociedad de clases medias. Nótese el énfasis en algo que es más que un matiz: el proyecto es el crecimiento, no el desarrollo ni el progreso, de acuerdo con la distinción que, ya en 1959, introdujo Julio Olivera: “Un país puede crecer sin desarrollarse, y puede crecer y desarrollarse sin progresar”. Hacia allí estamos yendo.
La reversión de la modernidad que está en el centro de la acción del Gobierno se declina en clave argentina, pero es parte de un conflicto que permea buena parte del mundo occidental. La versión secular, moderna, de la salvación religiosa es la idea del progreso, una idea que ayuda a sobrellevar las inclemencias del presente a cambio de la promesa de un futuro mejor, para uno mismo o para los hijos. Pero hace ya tiempo que esas promesas no son creíbles: los sectores medios y populares saben que sus hijos no vivirán mejor, que más probablemente vivirán peor. El fin de la movilidad social es fuente de resentimiento y de ira, la materia prima sobre la que actúan líderes carismáticos como Javier Milei y tantos otros. Nadie como Milei se había sin embargo atrevido a ir tan lejos en sus amenazas a la modernidad, tanto a sus logros como a sus valores. Chile, bajo Pinochet, fue el laboratorio en el que se probaron las soluciones que aplicarían el thatcherismo primero y luego el reaganismo, y que desde allí se extenderían a medio mundo. Si Milei resulta tan atractivo para las fuerzas globales de la reversión moderna es porque Argentina es, hoy, un laboratorio semejante. Si el experimento resulta bien, en sus términos, posiblemente abra la puerta para practicarlo en otros países de forma igualmente extrema. No se trata de un programa económico. Se trata, como escribió Guillermo O’Donnell, de poner a cada uno “finalmente en su lugar”.
Publicado en La Nación el 25 de mayo de 2024.
