El gobierno finalmente alcanzó un acuerdo con los acreedores de deuda soberana en dólares con jurisdicción New York, esto representa al mismo tiempo un buen arreglo para los tenedores de deuda en pesos con jurisdicción local a los que el gobierno había garantizado igualdad de trato.
Sin dudas es una buena noticia, y una condición necesaria pero no suficiente para despejar los problemas y desafíos que enfrenta la economía en el corto / mediano plazo.
Este acuerdo difícilmente le abra la puerta del financiamiento externo al estado argentino, pero permitirá reperfilar sus deudas a las Provincias y principalmente un desahogo para empresas del sector privado a las que se les facilitara el acceso al financiamiento.
Quizás entre los primeros en la fila en volver al mercado financiero encontremos muchas empresas del sector energético. En particular YPF que se encuentra en un difícil proceso de reperfilamiento de una pesada deuda financiera y otras empresas del sector en busca de capital de trabajo al momento de la reactivación post pandemia / cuarentena.
Mientras tanto el gobierno de Alberto Fernández repite de forma inexorable unas de las regularidades históricas de los gobiernos peronistas: emergencia económica + congelamiento de tarifas en contextos de alta inflación como herramienta de distribución del ingreso fuertemente regresiva. ¿Por qué?
Porque al licuar el valor de las tarifas, las diferencia entre éstas y el costo de generación se cubren con subsidios que reciben indiscriminadamente toda la población, incluso aquellos que no lo necesitan, llegando a extremos como la climatización de piscinas con gas subsidiado, mientras los barrios pobres que en general no cuentan con gas de red y utilizan gas en garrafas más caro aún con subsidios.
El actual gobierno, comienza a transitar el mismo camino que llevó a los últimos tres gobiernos peronistas a perder el autoabastecimiento energético, importaciones que pulverizaron el superávit externo y un enorme agujero fiscal por subsidios que representaba en 2015 la totalidad del déficit fiscal.
La excusa no es la pandemia, ni la cuarentena, la decisión de política tarifaria fue previa. La ley de emergencia económica, congeló tarifas, intervino de forma inexplicable entes reguladores (que habían sido normalizados conformando sus directorios mediante concursos públicos de antecedentes con acuerdo del Congreso) e instruyó a realizar una nueva revisión tarifaria desconociendo las vigentes. En resumen, se regresó a la discrecionalidad.
Los resultados ya comienzan a verse:
El congelamiento de tarifas les quita caja a las empresas distribuidoras para realizar las inversiones comprometidas, en una lógica de asfixia financiera que obliga a las empresas a comenzar a financiarse con la mora en el pago de la energía a CAMMESA que a su vez debe pagar a los generadores.
De esto da cuenta el Jefe de Gabinete de Ministros en su última presentación en la Cámara de Diputados, cuando nos informa que las distribuidoras adeudan por energía a CAMMESA casi $100.000 millones y que a su vez CAMMESA adeuda casi $60.000 millones a generadores y proveedores de gas. En resumen, la sostenibilidad del sistema está en riesgo.
Si esta situación se prolonga en el tiempo, NO HAY MAGIA: las empresas distribuidoras comienzan a acumular quebrantos y deudas por energía que CAMMESA compensará con subsidios de un Estado quebrado o el sistema en su conjunto quiebra. ¿Dramático? No, posible.
Solo miremos los últimos balances de las empresas distribuidoras de gas y electricidad al primer semestre de este año: para muestra Edesur ya adelanto pérdidas operativas por más de $ 1400 millones y el resto seguirá el mismo camino.
Al mismo tiempo, vemos una avanzada de varios intendentes del GBA, acompañados del defensor del pueblo de la Provincia solicitando que le quiten la concesión a EDESUR porque es mala la calidad del servicio. Pues bien, para no entrar en la discusión sobre el valor de los indicadores presentes en relación con los que sufríamos como usuarios hasta 2015 algo es seguro: Las empresas con tarifas congeladas no podrán invertir (el último semestre Edesur invirtió el 50% de los invertido en el 1° semestre de 2019), la consecuencia: la calidad del servicio va a empeorar inexorablemente, como lo hizo entre 2004 y 2015.
Es necesario no mentirse, el pensamiento mágico no funciona en casi ningún aspecto de la vida, mucho menos en energía donde las reglas de la física se imponen a los voluntarismos.
Los subsidios deben focalizarse en quienes lo necesitan y sin dudas en el marco de esta crisis y sus consecuencias son muchos los compatriotas que necesitan continuar con servicios energéticos, pero tendrán serias dificultades para pagarlos. Es ahí donde el Estado debe estar presente y ayudar.
La historia nunca se repite de la misma manera, y si repetimos los errores del facilismo energético esta vez el deterioro y las consecuencias se sentirán más rápido, ¿Por qué? Porque la emergencia del 2002 encontró un sector sobre invertido, es decir con capacidad de generación excedente y con una red de distribución en buenas condiciones. Eso permitió que la calidad del servicio se mantenga en niveles razonables hasta 2011, a partir de ese momento los indicadores se desploman.
Hoy la situación es diferente, si bien en generación la capacidad de reserva es buena (en un contexto de demanda deprimida por una enorme recesión), la red de distribución se encuentra a medio camino de un proceso de inversión de 5 años (hoy interrumpido) que tenia como objetivo recuperar los niveles de calidad de servicio que teníamos hace 20 años, luego de 15 años de desinversión y abandono.
Las consecuencias del facilismo energético no solo se reflejarán en mayor frecuencia y duración de los cortes de luz, sino también en impuestos futuros. Es bueno recordar que haber desconocido contratos por mas de 15 años no fue gratis y las revisiones tarifarias que hoy se pretenden desconocer incluyeron las renegociaciones de los contratos de concesión que debierion haberse finalizado en 2006 y se concretaron recién en 2017.
Una nueva ruptura de contratos tendrá sin dudas contingencias fiscales y judiciales para el Estado Argentino en tribunales arbitrales internacionales.
En su mensaje de ampliación de presupuesto al Congreso, el gobierno nos dice que, para finales de este año, $12 de cada $100 del gasto público se aplicara a subsidios a la energía, mientras el año pasado se aplicaron $5 de cada $100. Otra forma de verlo es que 2020 el gobierno espera que los subsidios representen casi 2.8% del PBI cuando en 2015 fueron 3,3%, es decir en meses se pierde el esfuerzo de cuatro años en reducción de subsidios. La velocidad del deterioro es alta y esta compensada en un contexto en el cual este año importamos gas a USD3 por unidad térmica cuando el año pasado importamos a USD 6,5.
La situación termina de complicarse cuando miramos la inversión en la producción de energía (petróleo y gas), y ahí vemos que, si bien “el pie del acelerador” se había levantado post PASO en agosto 19, en julio la actividad en la producción de hidrocarburos no convencionales está prácticamente paralizada. Y si bien difícilmente el abastecimiento del año próximo enfrente dificultades, será difícil ver un proceso de inversión de magnitud y de largo plazo en un entorno de cepo cambiario, imposibilidad de remisión de utilidades, restricciones a la importación y alta discrecionalidad institucional.
La realidad quizás le ponga limites al intento de repetir una política energética suicida, o quizás sea el Fondo Monetario Internacional quien al momento de revisar las cuentas publicas en el marco de la próxima negociación entregue una hoja de ruta para una administración que no cree en los planes.
