Creado durante su gobierno por el presidente Raúl Alfonsín, el Banco Nacional de Datos Genéticos funciona como una de las políticas de Estado más importantes desde la recuperación de la democracia, Los objetivos del mismo, de acuerdo a su página web, son:
- “Garantizamos la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.
- Viabilizamos la búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas que fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres.
- Auxiliamos a la justicia y a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada”.
Dado que en el despacho de mayoría de la Ley Ómnibus, a tratarse en el pleno en esta semana, quedó dentro de los organismos que pueden ser modificados en sus funciones, el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en el que pide a “diputados y diputadas a que que garanticen la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos”.
En el comunicado señalan que:
“Hacemos este pedido, dado que entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situacion futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia.
El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación.
Estamos a tiempo de defender el BNDG en el recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales.
El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas”.
