miércoles 26 de marzo de 2025
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El Plan B del gobierno: Nombrar jueces de la Corte por decreto

Por Sofia Rojas.
Buenos Aires, 19 febrero (NA) — El Gobierno trabaja distintas alternativas en caso de que la Cámara de Senadores rechace el pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema y piensa en dos nuevos nombres para promover por decreto junto al magistrado Manuel García Mansilla.
Se trata de Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.
“Si rechazan a Lijo, estamos pensando en nombrar por decreto a las dos personas más libertarias que haya”, confesó una importante fuente de Casa Rosada, al anticiparse a uno de los posibles movimientos de la oposición, con especial influencia de Unión por la Patria (UxP).
La idea es que el viernes 21 de febrero, sobre el límite de las sesiones extraordinarias, la Cámara Alta apruebe el pliego del juez Lijo, que contó con los firmas necesarias para su presentación.
Sin embargo, preparados para todo, en Balcarce 50 estudian alternativas en caso de que el resultado sea adverso, con el objetivo de avanzar en nombramientos por decreto junto al de García Mansilla.
“Hay mucha gente cobarde que no quiere dejar los dedos pegados”, aseguraron respecto a la votación del pliego de Lijo, que contó con las nueve firmas correspondientes, incluida la de Lucía Corpacci por UxP.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de sufrir el revés opositor el Gobierno no insistiría con el nombramiento Lijo por decreto, y si bien aseguran que hay mecanismos que lo permiten pese al rechazo, analizan nuevos nombres, entre los que destacan los jueces Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, alfil del asesor Santiago Caputo, tiene en mente además a los constitucionalistas Alberto Bianchi, socio del flamante procurador Santiago Castro Videla, y Carlos Laplacette.
Rojas cuenta con el total aval del presidente Javier Milei, que no solo es lector habitual de sus obras sino que dio el visto bueno para que reemplace a Rodolfo Barra al frente de la Procuración General del Tesoro, ofrecimiento que el letrado finalmente declinó con la esperanza de cumplir su anhelo de integrar la Corte.
Por su parte, Ramírez Calvo, que trabajó años junto a García Mansilla, es otro de los preferidos: el profesor de Derecho Constitucional y codirector del Centro de Estudios en Derecho Público de la Universidad de San Andrés es admirado por sus pergaminos, pero también por su perfil, el que consideran se ajusta a la búsqueda.
Entre las posibilidades, analizan la chance de incluir a una mujer y cumplir con el cupo que, tras la salida Elena Highton de Nolasco, aún está vacante, aunque prefieren guardar reservas sobre la candidata evaluada.
Pese al plan B diseñado, en Balcarce 50 apuestan a conquistar los dos tercios necesarios en el Senado para la aprobación de Lijo y avanzar por decreto solo en el nombramiento de Mansilla, como estaba previsto.
Mientras reina la incertidumbre, desde la mesa chica libertaria aseguran que el período de negociaciones está cerrado y que solo resta esperar las manos alzadas en la sesión.
Además, prometen que el 1° de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias, estarán sentados los dos jueces que el Ejecutivo desea “a como dé lugar”.

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