Hace unos días recibí un informe de gestión del subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el gobierno de Alberto Fernández. Me provocó una mezcla de asombro y de fastidio. Empiezo por el asombro. Se trata de un documento oficial, con el sello y la pauta de estilo del MINCYT. Su responsable es Pablo Núñez, el subsecretario saliente, que presenta el informe y cede a la tentación de agregar su foto. El asombro es porque los informes oficiales de gestión corresponden a las máximas autoridades del ministerio o del organismo que tiene la responsabilidad de formular y llevar adelante una política pública. En todo caso, las unidades subordinadas -como en este caso una subsecretaría- contribuyen aportando información sobre sus acciones, que es consolidada e integrada en un informe del ministerio.
¿Por qué un subsecretario decide presentar un informe oficial de gestión? No es solamente un problema de egolatría del funcionario en cuestión, que tiende a atribuirse supuestos logros de las gestiones ministeriales que van más allá de su esfera de competencia. Refleja también un modelo de gestión basado en el loteo de la administración pública. En este caso, un funcionario de La Cámpora relata qué hizo con su lote, que -previsiblemente- fue el más grande del ministerio. En consonancia con esta perspectiva, Núñez ni siquiera menciona al secretario de Articulación Científica y Tecnológica -de quien dependía y qué firmó buena parte de las resoluciones que posibilitaron los logros enunciados por el subsecretario y que, presumimos, debe ser de otra facción-.
Pasemos al fastidio. Cuando analizamos y valoramos una política, lo que sobre todo queremos saber es si esa política contribuyó a resolver problemas relevantes -derivados de un buen diagnóstico previo-, cómo lo hizo, con qué criterios y con qué eficiencia. El informe no permite saberlo. Básicamente, lo que presenta es una enumeración de iniciativas y acciones, acompañadas por estadísticas y de imágenes a menudo engañosas. No podemos esperar que en informes oficiales se reconozcan problemas o errores de gestión; es recomendable al menos moderar el tono auto celebratorio.
La construcción de una imagen triunfalista de la ciencia argentina y de las acciones del MINCYT fue exacerbada por el gobierno del Frente de Todos. Como en otras áreas, el relato empieza por una condena sumaria del gobierno de Cambiemos, unas apelaciones genéricas a la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo y al Estado presente, y una enumeración de logros. El único problema relevante del sistema científico nacional es el financiamiento, que ha sido resuelto por la ley 27614 de financiamiento, que asegura la expansión de la planta de cargos, de los salarios, de las obras, de los equipamientos y de los subsidios. El informe cumple punto por punto las prescripciones del relato.
Pero la realidad se cuela en los detalles. Reseño algunos.
El primero es el referido a la ley 27614 de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta ley preveía un aumento progresivo del presupuesto nacional de la función ciencia y tecnología, que pasaría del 0.25% del PBI en 2020 al 1% en 2032. Sin ruborizarse, las autoridades afirman que en los presupuestos 2021, 2022 y 2023 las previsiones de la ley se cumplieron. El problema -como señalé aquí y aquí– es que cuando observamos la ejecución efectiva del presupuesto -no cuánto dijo el gobierno que iba a gastar sino cuánto gastó-, esas previsiones se incumplieron en 2021 y 2022 y muy probablemente se hayan incumplido en 2023. En este punto -siguiendo una pauta habitual en los gobiernos kirchneristas- la consigna es abrazarse al relato y repetir datos falsos sin inmutarse.
Para seguir con las estadísticas imprecisas y engañosas, el informe muestra un aumento notable del presupuesto del MINCYT. Para eso utiliza un recurso habitual para confundir con estadísticas: presentar los datos en pesos corrientes, un sinsentido con nuestros niveles de inflación. En otros casos, el modo de presentación de las cifras -sin contexto ni comparación significativa- impide formular un juicio ponderado sobre las iniciativas reseñadas. Por ejemplo, en la sección sobre la Biblioteca electrónica se señala que se invirtieron 34.867.366,71 dólares en suscripciones a revistas científicas y bases de datos, que se descargaron 12.671.17 artículos y consultas entre 2019 y 2023, y que el costo por descarga fue de 2,75 dólares. Perfecto. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Bajaron los costos o subieron? ¿Se innovó en los contratos siguiendo las tendencias internacionales recientes o se continuó con el esquema tradicional de contrataciones?
Sobre el programa Pampa Azul -una muy valiosa iniciativa creada en 2014 por la gestión de Lino Barañao y acompañada por la ley 27167 del Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos- el informe señala que entre 2019 y 2023 se invirtieron 8.200 millones de pesos -difícil de estimar en dólares, pero probablemente menos de 20 millones en cuatro años-. ¿Mucho o poco? Sin duda mucho menos de lo previsto en la ley mencionada, que establecía un presupuesto anual mínimo de 250 millones de pesos (2015), que equivalían a 27 millones de dólares.
Los ejemplos pueden multiplicarse.
Vale la pena detenerse en el programa más importante de la subsecretaría, referido a las obras de infraestructura. En el informe se muestran fotos de diferentes obras del Programa Federal Construir Ciencia. Siete de ellas son imágenes digitales de los proyectos aprobados, seis corresponden a obras en etapas iniciales de construcción -en algunas apenas los cimientos- y la restante es una foto exterior de los edificios existentes en los que se agregaría un laboratorio. En el mismo sentido, el informe señala que se crearon doce nuevos Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos. Las tres imágenes de nuevos centros que se presentan en el informe son también sacadas de los renders de los proyectos aprobados. En otras palabras, no hay evidencias de ninguna obra terminada o próxima a su finalización. Lo mismo sucede con las adquisiciones de equipamiento.
Si además de consultar el informe del subsecretario nos detenemos en el listado de obras en curso observamos algunos rasgos de interés, que marcan una diferencia importante entre los programas anteriores de financiamiento de infraestructura y el actual. Los programas desarrollados bajo las gestiones de Barañao priorizaron la construcción de edificios para centros de investigación del CONICET y del Polo Científico y Tecnológico. En el listado de obras aprobadas por la gestión del Frente de Todos, en cambio, tienen una presencia muy significativa las construcciones destinadas a provincias, municipios y universidades de reciente creación -en su enorme mayoría oficialistas-. Los proyectos de tipo A “Infraestructura edilicia enteramente destinada a actividades de investigación, desarrollo e innovación” representan -en mi estimación- alrededor de la mitad de los proyectos en curso, mientras que los dedicados a “actividades de vinculación y transferencia a través de ecosistemas integrados”, fuertemente asociados a gobiernos provinciales y municipales del Frente de Todos son cerca del 40%.
Esto pone en evidencia un cambio poco observado en la política científica reciente: el aumento de la influencia de los funcionarios provinciales en ciencia y tecnología de las provincias con gobiernos oficialistas y la pérdida relativa de peso de la comunidad científica -muy predominante bajo las gestiones previas-.
El informe de la subsecretaría permite atisbar una parte significativa de la herencia que recibe el nuevo gobierno. La más llamativa y acuciante es la toma de compromisos de realización de obras y de adquisición de equipamiento con grados de avance limitados, financiamiento insuficiente y, en el caso del equipamiento, falta de dólares para importar. Una auditoría revelaría la magnitud precisa de los problemas, pero la tendencia general es clara. Su lógica obedece sobre todo a la dinámica inflacionaria que, como en otras épocas, va a sumergir a las autoridades -si todavía no lo ha hecho- en un pantano de reclamos de mayores costos, redeterminaciones, pérdida del valor del financiamiento recibido, y dificultad para conseguir oferentes en las licitaciones, con su secuela de paralización de obras y procesos de adquisición.
La acumulación de compromisos incumplibles se replica en el CONICET, en la Agencia y en otros programas del ministerio. Forman parte de un modo de entender la política pública básicamente irresponsable, sin consistencia entre objetivos y recursos y sin consideración a problemas de calidad y de eficiencia. Muy pesada herencia para el nuevo gobierno, que, llegando a la Navidad, solo ha mostrado prejuicios y desconocimiento: carece de una visión positiva sobre el papel de la ciencia y la tecnología, no ha siquiera completado su equipo ni ha planteado orientaciones mínimas y razonables para la gestión en esta área.
