El ajuste sobre las partidas para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales dispuesto por el gobierno nacional durante los primeros meses de 2024 puso al sistema universitario al borde de la discontinuidad en su normal prestación de servicios, situación que derivara en la gran marcha del día 23 de abril. Tras este suceso, el gobierno nacional ordenó un refuerzo en el rubro de funcionamiento que enfrentaba una licuación real del 60% frente a la evolución de los precios en general, que subestima la verdadera pérdida de ingresos ya que no pondera por el peso de la canasta tarifaria que representa la principal fuente de erogaciones en la mencionada partida.
Dejando a un lado por el momento la parcial recomposición de los gastos de funcionamiento, un abordaje integral del financiamiento del sistema universitario nacional muestra que esta línea representó sólo el 3,3% del total del programa presupuestario “Desarrollo de la Educación Superior” durante 2022 y el 5,5% en 2023. A pesar de su importancia para el normal desarrollo de la función educativa, las universidades componen cerca del 85% de su presupuesto total en masa salarial para el pago a docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente, destacándose la función de producción educativa como fuertemente intensiva en mano de obra. Es así que la evolución del componente remunerativo salarial se relaciona casi linealmente con la erogación total que el Estado desembolsa a las universidades nacionales.
De este modo, los salarios universitarios se convierten en la principal válvula de ajuste efectiva sobre los fondos que recibe el sistema. Si partimos de los niveles vigentes a comienzos de diciembre de 2023, los salarios universitarios se ubican 55pp por debajo de la inflación acumulada hasta julio de 2024 (véase Gráfico nº1). Por su parte, el Índice de Salarios relevado por el INDEC, muestra una actualización al mes de mayo (último dato disponible) del conjunto de los salarios públicos 14pp por encima de los sueldos universitarios en el mismo período. Por su parte, al considerar los últimos ajustes paritarios del personal civil de la nación, al mes de julio se llega a una recomposición del 96%[2] desde diciembre[3] frente a un 81% para los trabajadores universitarios. Incluso puede destacarse que la evolución de los salarios docentes resulta todavía más desfavorable que la de aquellos trabajadores no registrados. Es decir, se ubica por debajo del conjunto de trabajadores que no poseen una actualización en su sueldo vía negociación colectiva ni amparo de ninguna de las distintas instituciones laborales (por ejemplo, salario mínimo).
Gráfico Nº1. Variación salarial mensual acumulada en sectores seleccionados (Nov 2023-Jul 2024). Índice base Nov 2023=100.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPC-INDEC, IS-INDEC y CONADU.
La ejecución presupuestaria permite realizar un seguimiento con reciente actualización al cierre del mes de julio de 2024 (véase Gráfico Nº2). En moneda constante, el programa presupuestario Desarrollo de la Educación Superior presenta una caída real en lo que va del año del 31,5% respecto al año anterior y de casi un 25% en referencia a igual período en 2022. Esta evolución se encuentra fuertemente influida por la dinámica del desembolso acumulado en salarios docentes (que prácticamente replica la misma evolución que el agregado) y en menor medida por la evolución de los salarios no docentes (que representan cerca de la mitad del total del pago a docentes). A pesar del refuerzo mencionado al comienzo de la nota, los gastos de funcionamiento también presentan una caída acumulada del 35% interanual real, que incluso supera al descenso del 25% real en la asistencia financiera a hospitales universitarios.
Gráfico Nº2. Ejecución devengado mensual acumulado del Programa presupuestario 26 – Desarrollo de la Educación Superior (2022-2024). Montos expresados en millones de pesos constantes de Ene 22
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto e IPC-INDEC.
Si se analiza la asignación presupuestaria dispuesta para el programa en cuestión, que concentra la principal fuente de financiamiento de las universidades nacionales, en relación con el nivel de actividad en el país (véase gráfico Nº 3) se obtiene una variación creciente en el marco de la implementación de la ley de financiamiento educativo entre 2005 y 2009 y luego un amesetamiento desde allí hasta el ejercicio 2018, donde las crecientes dificultades en relación con el salario real en el sistema universitario (acompañando la situación de otros sectores) genera un retroceso de alrededor de 0,10 puntos porcentuales del PIB hasta el comienzo del año en curso. El ajuste adicional dispuesto para 2024 implicaría una caída adicional significativa, excepto que se dispongan incrementos adicionales en las partidas durante los meses que restan en el ejercicio. De no mediar estas ampliaciones se estaría frente a un derrumbe de la inversión universitaria que retrotraería el nivel de inversión a valores de hace dos décadas, con un nivel de producto estancado desde hace más de una década y mayor matrícula y número de instituciones universitarias creadas.
Gráfico Nº3. Ejecución devengado anual acumulado del Programa presupuestario 26 – Desarrollo de la Educación Superior (2005-2024). En porcentaje del PIB
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto e IPC-INDEC.
Volviendo a la ejecución presupuestaria mensual de los últimos ejercicios, en los siguientes gráficos se destaca la evolución en las principales actividades que componen al programa de desarrollo de la educación superior, observándose un menor impacto relativo del ajuste en los gastos de hospitales universitarios, frente a la mayor contracción en las erogaciones orientadas al funcionamiento en general y al pago de salarios en las diversas categorías.
Gráfico Nº4. Ejecución devengado mensual acumulado del Programa presupuestario 26 – Desarrollo de la Educación Superior. Actividad presupuestaria 12. Asistencia Financiera para el pago de Salario Docente. (2022-2024). Montos expresados en millones de pesos constantes de Ene 22
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto e IPC-INDEC.
Gráfico Nº5. Ejecución devengado mensual acumulado del Programa presupuestario 26 – Desarrollo de la Educación Superior. Actividad presupuestaria 13. Asistencia Financiera para el pago de Salario Personal No Docente (2022-2024). Montos expresados en millones de pesos constantes de Ene 22.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto e IPC-INDEC.
Gráfico Nº6. Ejecución devengado mensual acumulado del Programa presupuestario 26 – Desarrollo de la Educación Superior. Actividad presupuestaria 14. Asistencia Financiera Para el Funcionamiento Universitario (2022-2024). Montos expresados en millones de pesos constantes de Ene 22
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto e IPC-INDEC.
Gráfico Nº7. Ejecución devengado mensual acumulado del Programa presupuestario 26 – Desarrollo de la Educación Superior. Actividad presupuestaria 15. Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios (2022-2024). Montos expresados en millones de pesos constantes de Ene 22
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto e IPC-INDEC.
Resulta imprescindible generar los acuerdos necesarios para asignar los recursos que requiere el sistema universitario en forma urgente. La continuidad de un servicio que ostenta muy alta valoración por parte de la ciudadanía (e incluso del propio gobierno, al menos en las declaraciones) requiere no sólo un presupuesto de funcionamiento acorde, sino también una rápida actualización en los haberes de sus docentes e investigadores, artífices de la calidad educativa brindada por el sistema. Mirando los números y el peso del gasto universitario en el presupuesto nacional, la decisión de ningún modo obliga a eludir las restricciones fiscales existentes. Por el contrario, sólo exige priorizar la generación de conocimiento y adicionar algo de voluntad política a su resolución. Esto, por cierto, no implica negar la necesidad de discutir reformas y actualizaciones en el modo en que las universidades públicas funcionan hoy, de cara a los desafíos del presente y el futuro. Pero la licuación de ingresos de docentes, investigadores, funcionarios y no docentes ciertamente no es la mejor forma de alentar esas discusiones.
[1] Los autores agradecen a Florencia Simonini la colaboración en el procesamiento de los datos.
[2] Ver informe UPCN – Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público (UNSAM)
[3] Este aumento considera tanto el incremento en valor como en cantidad de unidades retributivas del mes de febrero.
