lunes 15 de julio de 2024
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El derecho a la protesta, una institución liberal

La Argentina se destaca por el vigor de su cultura de la movilización. Suele afirmarse que este rasgo singular de nuestra vida pública tuvo su bautismo en octubre de 1945, cuando una manifestación de trabajadores ocupó la Plaza de Mayo para reclamar la libertad de su líder. Es un error.

La marcha y la protesta constituyen fenómenos mucho más antiguos, que hunden sus raíces en tiempos de Mitre y Roca. Y que difícilmente desaparezcan en la nueva era liberal que se abre ante nuestros ojos.

Tras la sanción de la Constitución de 1853, la participación popular en el espacio público floreció: republicanos y católicos, radicales y cívicos, consumidores y productores, una y otra vez marcharon a la Casa Rosada y el Congreso (por entonces, ambos ubicados en torno a la Plaza de Mayo) para dar testimonio de su presencia, reforzar su identidad pública y ejercer presión sobre el poder político.

Esa cultura de la movilización, que dio lugar a reuniones de más de 50.000 personas hacia el Novecientos, no nació contra sino gracias a las instituciones y las ideas liberales. Se apoyó en la Constitución, que garantizó derechos típicamente liberales como los de asociación, expresión y petición. Y se legitimó a partir de la valoración positiva de la participación ciudadana en la vida pública que formaba parte central del ideario de ese momento constitutivo del liberalismo nacional.

En el siglo XX, el liberalismo entró en el ocaso, pero la cultura de la movilización quedó como patrimonio común a distintas tradiciones políticas. Miles de marchas en calles y plazas lo atestiguan. Hace pocos días, durante la discusión de la Ley Bases en el Senado, este rasgo distintivo del repertorio cívico volvió a manifestarse. Esta vez, empero, la demostración fue opacada por palabra y acciones violentas, de dudosa legalidad.

La protesta se vio empañada por el comportamiento de grupos minoritarios que agredieron a las fuerzas de seguridad, destruyeron bienes públicos y atacaron a la prensa. Esas acciones merecen el repudio de todos, y deben ser sancionadas por la justicia.

El problema mayor, sin embargo, fueron las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Afortunadamente, a los pocos días, la justicia liberó a casi todos los detenidos. Quedó en evidencia cuan injusto y políticamente motivado fue el comportamiento del gobierno.

Detener ciudadanos inocentes durante varios días es un mensaje potente, pensado para acallar y amedrentar. Hace pensar que, con Milei, la expresión de la opinión ciudadana en la calle será objeto de un tratamiento áspero, reñido con la ley.

El Gobierno agrava su error cuando, además de detenciones arbitrarias, apela a palabras como “terrorismo” e intento de “golpe de Estado” para describir acciones que bajo ninguna circunstancia merecen ser encuadradas bajo estos parámetros.

Si la Casa Rosada continúa avanzando por el borde externo de la ley, el vigor de las instituciones comprometidas con la preservación del derecho constitucional a la expresión de la ciudadanía en la calle cobrará una mayor significación. Y ello nos recuerda que, en este punto, la clase política tiene dos grandes deudas que reparar.

Hace más de una década que el cargo de Defensor del Pueblo se encuentra vacante. La misión de este funcionario, que goza de fueros y estabilidad, es representar el interés ciudadano y, en particular, proteger aquellos derechos que pueden ser objeto de violación por parte del Estado.

El desapego al mandato constitucional que supone esta vacancia habla mal del compromiso de la clase política con la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía frente a la arbitrariedad de la autoridad. Las circunstancias ameritan que nuestros legisladores dejen de lado sus rencillas y se comprometa a reparar esta falta.

En segundo lugar, está pendiente la designación de un nuevo integrante de la Corte Suprema. Es un cargo de enorme relevancia, que da señales para toda la administración de justicia. Ariel Lijo, propuesto por el poder ejecutivo, no es apto para el cargo. Más que un currículum, Lijo posee un prontuario. Y ya que es preciso completar la Corte, además de rechazar esta candidatura inaceptable, los senadores podrían contribuir a moldear una propuesta alternativa.

Durante el debate de la Ley Bases, hemos visto a varios de ellos rasgarse las vestiduras por el trato que recibían los manifestantes. Si su inquietud es sincera, además de trabajar en favor de la designación de un Defensor del Pueblo, ¿no habrá llegado el momento de que se comprometan a impulsar y votar una candidatura que, además de méritos y conducta intachable, esté verdaderamente comprometida con la defensa de las libertades públicas?

La Argentina está gobernada por un outsider que sólo tiene por horizonte la libertad de mercado, y que rechaza la idea misma de una sociedad liberal. La historia evocada en esta nota revela que, en otro tiempo, nuestro liberalismo estuvo animado por un proyecto más noble y generoso, entre cuyos legados está la cultura de la movilización cívica que la Casa Rosada hoy combate y desacredita.

Aunque celebra el país de Alberdi, Sarmiento y Roca, es improbable que el poder ejecutivo esté dispuesto a reconocer el valor de esta contribución liberal a la forja de un país moderno.

Por eso es importante recordar que el liberalismo, como idea y como práctica, fue decisivo para la construcción de una ciudadanía activa. Igual de importante que instar a nuestros parlamentarios a que asuman la responsabilidad de fortalecer las instituciones que permiten preservarla y mejorarla.

Publicado en Clarín el 25 de junio de 2024.

Link https://www.clarin.com/opinion/derecho-protesta-institucion-liberal_0_tcaPqQVk5f.html

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