La dictadura, por medio del Tribunal Supremo, intenta dejar sin efecto una contienda en la que no intervinieron sus instituciones. En paralelo avanzan causas judiciales contra directivos opositores.
El Tribunal Supremo de Justicia (Corte Suprema) de Venezuela declaró la nulidad de las elecciones primarias que organizaron partidos políticos opositores dentro y fuera del país para escoger un candidato unitario que enfrente a Nicolás Maduro o un sucesor del chavismo en una contienda presidencial que según la Constitución debería llevarse a cabo en 2024.
“Se ordena la suspensión a todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria (CNP)”, se lee en el fallo del Tribunal Supremo, integrado únicamente por magistrados afines a la dictadura.
En las Primarias resultó ganadora María Corina Machado, una exdiputada nacional de corte liberal que obtuvo 92% de los votos, entre poco más de 2,5 millones de personas que acudieron a las urnas. Sobre esta dirigente pesa una inhabilitación de la Contraloría para postularse y ejercer cargos públicos por los siguientes 15 años, aunque contra ella no ha avanzado un proceso penal ni tiene sentencia alguna.
En la semana que transcurrió desde las Primarias hasta este fallo del Tribunal Supremo, referentes del chavismo como Diosdado Cabello o Jorge Rodríguez, números dos y tres de la dictadura, dedicaron programas de televisión a minimizar la contienda opositora e insistir en que no permitirán que Machado compita en 2024.
A la avanzada judicial contra la elección opositora se suma la persecución contra los directivos de la CNP, que el mismo lunes a la tarde fueron citados a declarar ante Fiscalía en calidad de “investigados” por los presuntos delitos de usurpación de identidades, usurpación de funciones, lavado de dinero y asociación para delinquir. José María Casal, presidente de la Comisión, fue liberado poco después de las 16 horas, mientras que otros dos de sus compañeros fueron sometidos a interrogatorios hasta poco antes de las 22.
En ocasiones anteriores el chavismo, con la excusa de citar a dirigentes, militantes o estudiantes a prestar una declaración o cumplir con alguna formalidad legal, los ha dejado directamente detenidos. No ocurrió esta vez, pero sobre ellos sigue abierta una causa penal.
Estados Unidos, que recientemente levantó sanciones económicas para que el chavismo pueda comercializar gas y petróleo a cambio de que se levanten las inhabilitaciones y se libere a presos políticos, advirtió que podría retrotraer la medida si Maduro mantiene su hostigamiento contra la disidencia.
