Después de décadas de estancamiento económico, déficits fiscales y altos niveles de inflación, nuestra sociedad presenta un grado de descomposición que los indicadores (de pobreza, indigencia, desempleo, informalidad, destrucción de la educación, mala atención a la salud, hacinamiento, crecimiento de las villas y una inseguridad reflejada en los ataques a la propiedad y a la vida misma) no alcanzan a dimensionar. Todo agravado por la “huida” de capitales productivos y de argentinos con preparación y aptitudes para el cambio, recursos imprescindibles para salir del estancamiento.
Problemas que no son consecuencias de pestes o desastres climáticos, ni de guerras con otros países, sino de acciones concretas de las fuerzas políticas elegidas libremente por el pueblo. Acciones guiadas por una política que pretendía distribuir lo que no se producía, en el caso del peronismo; y por una concepción que reduce la acción política a la garantía de derechos ciudadanos, sin garantizar el bienestar material de las mayorías, en el caso del radicalismo. Gobiernos elegidos por un pueblo que en su mayoría no cuenta con información y posibilidad de análisis para decidir cuál es la propuesta política adecuada y viable. Un pueblo que solo puede reaccionar cuando la experiencia le muestra que las propuestas que se le venían haciendo no les servían. Y entonces ocurre lo que resultó del balotaje recién pasado: una mayoría votando por una fuerza nueva y desconocida, con propuestas que cuestionan lo que se venía haciendo.
Pero la elección de un gobierno con propuestas de cambio no es suficiente para que ese cambio se produzca; se necesita que esa voluntad de cambio permanezca viva. Y esto requiere, entre otras cosas: 1) que los beneficios de los cambios se vayan visualizando o que al menos exista una perspectiva cierta de que se va en el buen camino; y 2) que los otros actores de la política (las fuerzas que no están en el gobierno y los formadores de opinión) acompañen la acción del gobierno, haciendo las críticas necesarias para garantizar la institucionalidad republicana y la equidad socioeconómica, pero sin sembrar dudas en cuanto a la necesidad de abandonar las propuestas facilistas de los programas cortoplacistas.
En esa línea, el peronismo deberá revisar su infantilismo de querer distribuir lo que no se produce, y el radicalismo agregar a su defensa de la institucionalidad la función de crear la riqueza que garantice el bienestar material de todos los argentinos. En cuanto al PRO, debe revisar su fracaso y ofrecer su experiencia al nuevo gobierno; mientras que la CC y el GEN debieran acompañar sus propuestas morales con posibles soluciones materiales. Todo dentro de un cambio en el conjunto de los actores políticos, tanto en el gobierno como en el llano, que mejore sus hábitos en cuanto a la forma de relacionarse los unos con los otros, dejando de lado la lógica de amigo-enemigo, propia de las hinchadas futbolísticas. Y en esta línea deben reconocerse algunos atisbos de cambio: en el caso del radicalismo con la presentación de dos proyectos de ley “espejo” que copian el contenido del DNU para que esos temas sean tratados de manera institucional; y en el resto de las fuerzas la creación de un nuevo bloque de diputados integrado por peronistas, liberales, PRO, CC y GEN, cuyo jefe, Miguel Pichetto, hizo declaraciones sensatas en el sentido de aconsejar al nuevo gobierno separar lo importante de la hojarasca, para tornar más expeditas y provechosas sus ideas bases del cambio.
Pero hay otros actores que también pueden (y deben) ayudar para que los cambios se concreten: entre ellos los medios de comunicación y los profesionales que con sus análisis influyen en la opinión pública: los primeros, cuidando de presentar las noticias en tono constructivo; y los segundos, cuidando que la legítima defensa de los principios institucionales no deje afuera la atención de las necesidades materiales de las mayorías, lo que excluiría de la acción de la democracia a los sectores más desamparados, como lo hacían las ciudades griegas con esclavos y metecos.
La tarea del cambio exige que el Gobierno mejore su capacidad de diálogo, y que el conjunto de actores de la política controle el accionar del mismo y haga sus aportes, absteniéndose de sumar obstáculos a los ya muchos existentes.
