La economía de los servicios públicos todavía no resuelve en forma sustentable la salida del régimen de la convertibilidad. El congelamiento tarifario de 22 años, no solo provoco el descalce de tarifas con costos, sino que rompió todo racional entre el consumo de servicios públicos y el valor económico de los mismos.
El espejismo tarifario perduró lo suficiente para modificar hábitos de consumo y acostumbró a la población a convivir con tarifas artificialmente bajas solventadas con una martingala de subsidios que llegaron a representar la segunda partida del gasto público a nivel nacional, solo superada por el gasto previsional.
El problema tarifario que arrastra nuestro país desde el inicio del siglo XXI puede analizarse desde dos perspectivas: 1. La fiscal y 2. el nivel de tarifas/costos de los servicios.
Desde los fiscal, el avance de los primeros 18 meses de la actual administración es importante. La reducción de subsidios de 1.3% del PBI desde finales del 2023, tiene al sector energético y a la tarifa eléctrica en particular como el actor central que aporto casi 1% del PBI al recorte de subsidios.
Dicha reducción se logró eliminando el subsidio eléctrico a comercios, industrias y a los hogares de ingresos altos (N1). El resto de hogares de ingresos medios y bajos, que representan más del 40% de la demanda, pagaron en el último año (feb 24 – mar 25) el 48% y 33% del costo de su tarifa eléctrica respectivamente.
Desde el análisis de los niveles tarifarios, las recientes revisiones tarifarias quinquenales (RQT) son también un avance importante que permiten reconstituir márgenes y financiamiento de las redes de transporte y distribución, en un sector de ingresos congelados en 22 de los últimos 25 años.
Sin embargo, reducir la cobertura de subsidios focalizando la asistencia solo en la población vulnerable es uno de los principales desafíos que enfrenta la gestión energética para lo resta del año.
Al respecto, en el último informe del Jefe de Gabinete de Ministros al Congreso, se presenta una información de enorme importancia: 2,1 millones de usuarios (hogares) que fueron considerados N2 – bajos ingresos – durante el invierno 2024, perdieron cobertura de subsidios.
En concreto, 1,9 millones de hogares pasaron de categoría N2 a N1 (altos ingresos) y por lo tanto el incremento que enfrentaran por la pérdida total de subsidios, será del 114% considerando los cuadros tarifarios actuales, pero si se compara la variación nominal respecto al incio del invierno pasado (mayo), los aumentos podrían superar el 480%. En tanto, que los hogares que pasan de N2 a N3 (ingresos medios) enfrentarán aumentos del 64% considerando los cuadros tarifarios actuales y del 257% respecto al invierno 2024.
El recorte de la cantidad de beneficiarios N2, resulta entendible si se considera que este segmento consumió el 33% del total de la demanda eléctrica del último año y pago solo el 30% del costo de generación.
Sin embargo, el mayor riesgo de un ajuste de esta magnitud – que afecta el 25% de las familias subsidiadas – son los errores de exclusión, es decir que familias que requieren ayuda queden sin asistencia. Una situación que puede tener origen en diversas causas, por ejemplo: no haberse empadronado a tiempo, no tener acceso a internet o sencillamente no haber tenido acceso a información oportuna. El riesgo es alto y de alcance nacional.
Los entes reguladores a nivel nacional observan con detenimiento la evolución tarifaria y el impacto en la capacidad de pago de sus usuarios, pero estos cambios impactan en el componente más importante de la tarifa: el precio de la energía. En particular en el AMBA, la posibilidad que este riesgo se concrete podría afectar la correcta implementación de las recientes revisiones tarifarias.
Pero para que el recorte de beneficios alcance su objetivo, el instrumento adecuado no parece ser la motosierra, sino un proceso de relevamiento de los usuarios y de asignación eficiente de beneficios que incluya un mecanismo de contención de errores.
El dogma fiscal que fue exitoso en la primera ronda de ajustes, puede ser riesgoso en el ajuste por beneficiarios. Es necesario invertir la lógica, en lugar de buscar la meta fiscal a toda costa, es hora de una política de subsidios que reemplace la segmentación por una tarifa social focalizada que minimice errores de inclusión/exclusión y cuyo costo sea el que permita alcanzar la meta fiscal de subsidios a la energía prevista para este año.
Publicado en Clarín el 27 de mayo de 2025.
Link https://www.clarin.com/opinion/ajuste-tarifas-tarea-motosierra_0_x0eDZj4flm.html
