Después de un siglo desde que se tipificaron las causas de aborto no punible en el código penal, después de innumerables presentaciones de proyectos para sancionar una ley de IVE en los últimos años, después de que el expresidente Macri habilitara el debate legislativo en 2018 y el aborto entrara de lleno en la agenda política y social del país, después de la media sanción en Diputados y el posterior rechazo en el Senado, después de tantas vicisitudes, el Poder Ejecutivo está enviando nuevamente un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
A diferencia del proyecto que se debatió en 2018 presentado por la “Campaña” y habilitado por el poder ejecutivo para que comenzara a discutirse abiertamente en la sociedad y en nuestro congreso un tema tabú barrido bajo la alfombra por décadas, esta vez el presidente Fernández se ha involucrado casi personalmente, aduciendo que más allá de que la legalización de la IVE expresa la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es también una cuestión de salud pública. Y este es el punto. La ley de IVE no se trata de un asunto de creencias, valores, juicios o prácticas que cada persona como individuo es libre de perseguir, sino de que el Estado, como garante de un bien público como la salud, no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino. En este sentido, como sociedad, tanto en 2018 como ahora, vale la pena hacernos las siguientes preguntas que nos interpelan todos los días: 1) Cuáles son las consecuencias para la salud de las mujeres (y de las familias) del aborto en condiciones inseguras?; 2) Qué pasa con las muertes maternas en los países donde el aborto se legalizó? Y; 3) ¿Qué ocurre con el número de abortos en los países que lo legalizaron?
Las consecuencias para la salud de las mujeres del aborto ilegal son muy importantes. El número de abortos ilegales en nuestro país se desconoce obviamente, pero estimaciones basadas en estudios previos, y revisadas en nuestra gestión, arrojan aproximadamente 350 mil abortos ilegales por año. O sea, un aborto cada 2 recién nacidos vivos. En cuanto a las hospitalizaciones por abortos complicados en hospitales públicos (50% de las camas), si bien han disminuido en los últimos años, suman 40 mil por año, aumentando a 65 mil si contamos las internaciones estimadas en el sector privado.
Respecto al emergente más temido, las muertes maternas por aborto ilegal, que afortunadamente también están bajando, rondan todavía 20 muertes anuales. Este número probablemente sea mayor debido a problemas en la certificación de la causa de defunción que podrían también incluir muertes por aborto provocado no registradas como tales. Además, la complicación del cuadro con otras patologías y el traslado a cuidados intensivos, son motivos por los que el médico no informa que se trata de una muerte materna, y en casi 1 de cada 5 casos se trata de un aborto.
En los países donde el aborto es legal, las muertes maternas se reducen entre 10 y 100 veces respecto s los países que tienen leyes restrictivas como Argentina. Hoy en casi todos los países desarrollados el aborto es legal y en nuestra región, sólo es así en Uruguay. También países muy católicos como Italia, España y últimamente Irlanda lo han ya legalizado y la evidencia es contundente respecto a que, en los países con leyes restrictivas, la proporción de abortos inseguros aumenta dramáticamente (3 de cada 4 abortos).
Los países que legalizaron el aborto, más allá de un aumento inicial en algunos de ellos, redujeron su frecuencia entre 1990 y 2015, pasando de 46 a 27 abortos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, sin que hubiera cambios significativos en los países con aborto ilegal o restringido. Esto se debe a que la legalización del aborto se acompaña de otras acciones de prevención de este, como el reforzamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva. En un modelo comparando un escenario de aborto ilegal versus aborto legal realizado por el ministerio de salud de la nación en mi gestión como ministro y presentado en el Senado en 2018, estimamos una reducción de 98% de las hospitalizaciones y 92% de las muertes, con 84% de reducción de costos para el sistema de salud.
En conclusión, el aborto existe y no podemos soslayarlo más. Es un problema de salud pública porque produce muertes y morbilidad evitable en población joven y sana. Es un problema de equidad de género porque sólo afecta a las mujeres (y las adolescentes) y sus complicaciones afectan fundamentalmente a las mujeres pobres. Los países con marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Finalmente, La evidencia es muy sólida respecto a que su legalización reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales. Es hora de decidir, actuemos.
Publicado en Perfil el 18 de noviembre de 2020.
