La semana pasada se cumplieron ocho meses de la suspensión de clases dictada el 15 de marzo. En aquel entonces, con apenas 50 casos de Coronavirus en el país, el Ministerio de Educación definió la medida para todo el territorio argentino, por un plazo de quince días. La improvisación y la desidia de Nicolas Trotta hicieron que lleguemos a esta altura del año sin que el 99% de los chicos pueda volver a las aulas. Falta muy poco para terminar el calendario escolar y los problemas acumulados derivados de la falta de clases presenciales son tantos que podríamos decir que el 2020 fue casi un año perdido en materia educativa para 10 millones de niños, niñas y adolescentes en Argentina.
Vale la pena hacer un recuento de las idas y vueltas del Ministro Trotta respecto a la cuestión educativa en pandemia. El 10 de Junio anunció que “en Agosto el 85% del país podrá volver a las escuelas de forma escalonada” en un frenesí declarativo que contrastaba con la inacción de un Ministerio que ardía en internas y pujas de poder. A finales de Julio la “cuarentena” ya había alcanzado 5 meses y el Ministro twitteaba fotos de su nuevo corte de pelo alegando que “el quincho estaba indomable”. Más allá de la actitud banal del Ministro lo nefasto fue que lo hiciera mientras informes oficiales estimaban que un diez por ciento de niños, niñas y adolescentes estaban “caidos” del sistema educativo. Hoy esa cifra alcanza el millón y medio. Si no se toman medidas concretas que reviertan la situación, el año próximo van a quedar fuera del sistema educativo.
Desde el primer momento existió un problema de abordaje en la cuestión educativa, al entender al país entero como un todo indivisible. La insensatez de la medida se demuestra considerando que, mientras los contagios avanzaban en la región del AMBA, las escuelas fueron cerradas en todo el territorio nacional, privando del derecho a la educación a estudiantes de pueblos y ciudades que tuvieron niveles de contagio muy bajo o directamente nulo. Bajo esta perspectiva el Ministerio de Educación de la Nación sometió a todas las jurisdicciones provinciales y la CABA a “consensuar” en el Consejo Federal de Educación una serie de requisitos y parámetros para la vuelta a clases presencial.
Tras meses de debate en los que se ponía en valor la mirada de especialistas que auguraban altos índices de contagio en la vuelta a clases presencial y subestimaban el impacto negativo de la escuela en cuarentena, se definió priorizar el “cuidado de la vida” aprobando un semáforo epidemiológico que sólo da luz verde para volver a la escuela en el caso de que exista baja o nula circulación del virus. Esta resolución fue adoptada a comienzos del mes de Octubre, a contramano de las definiciones tomadas para la segunda ola del virus en Europa, donde las escuelas fueron lo primero en volver a abrir y lo último en cerrar, según la contundente declaración de Angela Merkel.
Ya la ONU había advertido en el mes de Agosto que la interrupción de las clases por el COVID-19 implicaba una “catástrofe generacional” a nivel mundial, y su Secretario General Antonio Guterres manifestaba “la vuelta de los estudiantes a las escuelas debe ser una prioridad”. También empezaban a conocerse resultados de investigaciones científicas de primer nivel mundial que demostraban que los niños no son supercontagiadores y que la tasa de letalidad del COVID para niños oscila entre 0-0,1% -mucho menor a la de la influenza o gripe-.
Pero en Argentina el Gobierno no sólo hacía oídos sordos a argumentos científicos, sino que también le daba la espalda al pedido de la oposición: el 15 de Agosto el Bloque de Diputados de Juntos por el Cambio presentaba el Proyecto de Emergencia Educativa. La iniciativa presentada por la Diputada Brenda Austin propuso declarar a la Educación como actividad esencial, estableciendo bases de política pública para planes de contingencia provinciales y de CABA, con soporte del Gobierno Nacional y coordinación en el Consejo Federal de Educación. También la Fundación Alem hizo un importante aporte para el debate educativo que fue menospreciado por el Gobierno: el documento “Volver a las Aulas: una hoja de ruta para la reapertura educativa” se publicó en agosto con un informe ejecutivo y quince propuestas concretas para la vuelta a clases, acompañado de un diagnóstico objetivo sobre el sistema educativo que -en ese entonces- ya daba importantes señales de alerta. Estas iniciativas tampoco fueron suficientes para llamar la atención del área educativa del Gobierno, que seguía ocupado entre disputas internas y la renuncia de la Viceministra Adriana Puiggros.
El mes de septiembre trajo la voz de padres y madres organizados por la vuelta a clases de sus hijos, que empezaron a manifestarse en redes sociales y en las calles de las principales ciudades del país ante un Gobierno que seguía escondiendo el problema educativo bajo la alfombra. El contrapunto entre el Gobierno Nacional y el de la CABA llegó a niveles de absurdo total, con una seguidilla de propuestas de parte de la Ministra Acuña que eran siempre rechazadas bajo el pretexto del temor a los contagios. Al reclamo de familiares organizados se sumaron las voces de docentes independientes a las conducciones gremiales, que pusieron el centro del reclamo en el impacto negativo que evidencia en los alumnos la pérdida de clases presenciales y el riesgo de abandono escolar. Tanto movimiento puso en aprietos al Ministro, que dijo “creo que antes de fin de año podemos volver a clases presenciales” en un titular para los diarios que escondía en su desarrollo excusas pandémicas, todavía amparadas en la opinión de los especialistas.
Para sumar preocupación a padres, madres, estudiantes y docentes, Agustina Vila, la Directora de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires dijo muy livianamente que “no hay chance” de volver a las aulas, instalando definitivamente la polémica en torno a la situación de la educación en la Provincia más poblada del país. Profundizando aún más la grieta, el Gobernador Axel Kicilof tildó de “ignorantes” a los grupos que presionaban con el reclamo educativo, mientras se conocían resultados de estudios que preveen un 13% de abandono en la matrícula para el 2021.
Las hojas del calendario escolar siguieron corriendo, mientras el debate en torno al tema fue escalando a nivel social y político. En una muestra del poder de las redes sociales y de la movilización pública, se expandieron en todas las Provincias los grupos de padres, madres y docentes organizados que reclaman por la vuelta a clases presencial de sus hijos: en todos los casos destacan el impacto de este año tan atípico que generó problemas emocionales y dificultades de aprendizaje que impactarán decididamente a futuro. La semana pasada el Comité Nacional de la UCR organizó un Encuentro Federal por la Emergencia Educativa: encabezado por su Presidente Alfredo Cornejo y por la Diputada Brenda Austin, legisladores de 17 Provincias relataron la cruda realidad que se vive en materia educativa y enumeraron una larga lista de problemas sin resolver de cara a la hipotética vuelta a clases en 2021: falta de servicios básicos como agua y luz, cuestiones de infraestructura elementales, ausencia de conectividad e importantes déficits en los niveles de formación docente que se combinan con la triste realidad de un país con un 60% de los niños y niñas sumidos en la pobreza.
Quedan pocos días para el cierre de año y la maquinaria estatal parece más enfocada en dar debates estériles que en afrontar seriamente el desafío de preparar el sistema educativo para la vuelta a clases. La tozudez del Gobierno Nacional en el falso dilema salud y economía quedó demostrada en la abrupta caída del 12% del PBI que se suma a la escalofriante cifra de 36.500 muertes por covid. Con importantes investigaciones científicas que desterraron el mito de los niños como supercontagiadores y ratificaron su inmunidad frente al coronavirus, organismos internacionales como UNICEF y la OMS insistiendo en la necesidad de priorizar la educación con clases presenciales y la sociedad pidiendo a gritos una solución efectiva al problema educativo, el Ministro Trotta debería cambiar su estrategia hacia un trabajo colaborativo y coordinado con las jurisdicciones. Luego de tantas promesas y declaraciones, sólo el 1% de los niños, niñas y adolescentes de Argentina volvieron a clases. Resta un arduo trabajo para que lo haga el 99% restante y se prepare la vuelta a clases presencial para el 2021. En caso contrario este Gobierno no habrá garantizado ni salud, ni economía ni futuro para el país.
