martes 5 de marzo de 2024
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Ecuador, ¿un espejo de lo que podría ocurrirnos?

En Ecuador, el actual gobierno y sus dos predecesores se han caracterizado por la militarización de la seguridad pública, acompañada por la vigencia de estados de excepción; el crecimiento de los homicidios, que llevó al país, del 5,79% por cada 100.000 habitantes en 2017, a superar el 40% en 2023; y el deterioro de la situación en materia de seguridad pública, incluyendo masacres en las prisiones, por parte de internos armados, y el crecimiento del contrabando de cocaína. Todo, ante la virtual ausencia de una política en materia de seguridad pública.

Asimismo, el crecimiento de la producción de coca y cocaína en Colombia, aunado al crecimiento de la demanda europea, han confluido para que una creciente cantidad de cocaína colombiana salga a través de los puertos ecuatorianos.

Dichas circunstancias han facilitado el crecimiento y desarrollo de organizaciones criminales locales que hoy centraron su accionar en el narcotráfico, incluyendo el narcomenudeo y la prestación de transporte, elaboración de pasta base, y protección de envíos de cocaína, a órdenes y por cuenta de organizaciones criminales trasnacionales.

Las disputas por mercado y negocios de las organizaciones locales dieron lugar a confrontaciones entre éstas, que incluyeron enfrentamientos en las cárceles, donde se tradujeron en masacres por el uso de armas. La respuesta de los gobiernos ecuatorianos aludidos ha sido militarizar al país.

Ello fue complementado con el dictado de normas incrementando los roles de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, las que hallaron obstáculo en la Corte Constitucional. Finalmente, la Ley Orgánica que regula el ejercicio legítimo de la fuerza (2022) limitó el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, y la seguridad ciudadana .

Ello cambió por graves acontecimientos.

Al asesinato, el 9 de agosto de 2023, del candidato presidencial Fernando Villavicencio, siguió la fuga de la cárcel, el 7 de enero de 2024, de José Adolfo Macías, líder de la organización criminal “Los Choneros”.

El 8 de enero de 2024, el presidente Noboa anunció la firma del Decreto 110 declarando un nuevo estado de excepción.

Al día siguiente, un grupo armado ingresó en la sede del Canal TC Televisión durante una transmisión en vivo, amenazando con armas al personal.

Ante ello, Noboa firmó el mismo 9 de enero el Decreto 111, en el cual considerando “terroristas” a organizaciones criminales locales, sostuvo que cada una de ellas, por su accionar, constituía un “actor no estatal beligerante” productor de actos de violencia planificada e indiscriminada contra la población civil.

Aludió al concepto de conflictos armados no internacionales contenido en las Convenciones de Ginebra de 1949, declarando la existencia de un conflicto armado interno, movilizando a las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional “…contra el crimen organizado trasnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes…” ordenando a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, para “neutralizar” a tales actores.

Una estrategia fallida -la militarización- continúa profundizándose en Ecuador. A la multiplicación de la violencia –acostumbrada consecuencia de tal estrategia- se une el crecimiento de la importancia de los puertos ecuatorianos para la salida de la droga a Estados Unidos y, crecientemente, a Europa.

Se confiere el carácter de beligerantes, y se pretende equivocadamente la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos a un conjunto de organizaciones criminales locales, cuyo propósito no es otro que el de ganar dinero ilegalmente, trabajando por cuenta propia o para sus patrones, las verdaderas organizaciones criminales trasnacionales: la ‘Ndrangheta y sus socios albaneses, y los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco NG.

En realidad, esta declaración ha pretendido eludir los límites que imponía la legislación a la aplicación de la fuerza por las Fuerzas Armadas.

Creemos que se impone un cambio en la política. El objetivo debiera ser concluir con la ruta de salida de la cocaína colombiana por los puertos de Ecuador, lo que requiere ncrementar la seguridad de los puertos y sus adyacencias, y realizar un patrullaje constante y eficaz de la frontera con Colombia, en forma combinada con dicho país, como se ha hecho con la captura de semisumergibles.

Resulta fundamental incrementar la lucha contra el lavado de activos, de escasa eficacia en Ecuador, y desarrollar la inteligencia criminal.

También reestructurar el cuerpo penitenciario, y superar el hacinamiento en las cárceles, y su vulnerabilidad. a través de la construcción de establecimientos adecuados.

Un decidido accionar estatal en materia de prevención social del delito ayudaría a reducir la base de reclutamiento de las organizaciones criminales.

Cabe recordar que en México (2006) el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, la que fue confiada a las Fuerzas Armadas.

En 2021 se calculaban como consecuencia 350.000 muertos y más de 70.000 desaparecidos (Pardo Veiras y Arredondo, Wshington Post, 14 de junio de 2021). Mientras, el narcotráfico está fuerte en México.

¿Seguirá Ecuador tal camino? De continuar esta política, descontamos entre sí. Pero Ecuador puede cambiar esta dirección.

La región sudamericana naturalmente preocupada por el impacto de esta situación, observa atenta y sensible lo que allí está sucediendo.

Publicado en Clarín el 31 de enero de 2024.
Link https://www.clarin.com/opinion/ecuador-espejo-podria-ocurrirnos_0_vF34YUiiF9.html

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