A la inestabilidad política de la región se le agrega un nuevo capítulo con la guerra interpoderes en Ecuador, en espejo con los vecinos peruanos. ¿Tan mal estamos?
A la caída de Pedro Castillo en Perú y el subsiguiente caos político e institucional con decenas de muertos en las calles, se suma una andanada en contra del presidente ecuatoriano. Estos episodios y otros, como el asalto al Planalto en Brasilia por hordas bolsonaristas, la elección de constituyentes en Chile que golpeó al Ejecutivo de Gabriel Boric, o los escarceos contra Gustavo Petro, por su iniciativa de acercamiento a Venezuela y su actual confrontación con la Corte Suprema de Colombia, o los conflictos de poderes en la Argentina con fallos de la Corte Suprema que han frenado elecciones provinciales, nos hablan de la creciente judicialización de la política que deja al desnudo la debilidad de los sistemas políticos y la consiguiente pérdida de confianza entre la ciudadanía en la democracia para resolver los conflictos.
En Ecuador, luego de haberse iniciado el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso – aprobado por 109 de los 137 miembros de la Asamblea legislativa unicameral -, acusado de actos de corrupción, el primer mandatario decidió la disolución de la Asamblea, de mayoría opositora y solicitó la convocatoria a nuevas elecciones, activando un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, incorporado en la reforma constitucional de 2008, durante el gobierno de Rafael Correa.
Esa jugada habilita al jefe de Estado a disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. No obstante, con la disolución debe convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en seis meses, con lo que se arriesga a perder el poder, sin garantías de modificar la mayoría opositora correísta que hoy controla el Poder Legislativo de ese país. En el ínterin el presidente está habilitado para gobernar por decreto, mientras que el tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución dispuesta por Lasso.
Con esta jugada arriesgada, el ex banquero y actual presidente evita una destitución –tan reiterada en el vecino Perú- si la Asamblea seguía adelante con el juicio y conseguía una mayoría suficiente de más de dos tercios de la Cámara, algo muy probable.
En su Twitter, Lasso posteó: “Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
Si bien la conmoción interna no es tal o de la magnitud de la que estalló en Perú hace unos meses o en Chile y en Colombia, en 2019, con gobiernos de derecha, ciertas acciones del narcotráfico han alterado la paz en las últimas semanas.
En ese detalle, Correa se apoya para decir desde su cuenta de Twitter: “Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”. Un discurso incendiario, a todas luces, poco democrático e inexacto en cuanto a la ilegalidad argumentada.
Aunque las estrategias y las tácticas empleadas por los actores políticos están tensionando al máximo los límites institucionales, tanto en Ecuador como en los países mencionados, queda un consuelo: todos los países de la región son regímenes democráticos más o menos consolidados que resuelven sus conflictos en ese marco. Tal vez no sea poco teniendo en cuenta que hace unas décadas las democracias recién llegaban a estas costas.
De alguna manera nos hemos aproximado al mundo desarrollado en la adopción de las reglas democráticas, a la vez que éste se ha arrimado –en una suerte de convergencia- ofreciendo un panorama de degradación institucional bastante similar.
