Ecuador ha entrado en un sendero inexplorado. Con una conciencia colectiva en la que se reconocía como una isla de paz, ese legado queda atrás una vez que el presidente de la República, Daniel Noboa, firmara el martes 9 de enero de 2023 el Decreto 111, que determina un conflicto armado interno y declara terroristas a 22 bandas delictivas. Lamentablemente, es una guerra que ataca solo a la parte más visible del problema.
Las acciones de Noboa se toman luego de una ola de terror que incluyó asesinatos, fugas carcelarias y la toma a la fuerza del canal TC televisión, que terminó con la rendición de los terroristas, sin ninguna víctima mortal y la declaratoria del conflicto armado interno.Esta coyuntura es el cúmulo de años de permisividad del Estado ecuatoriano para que el negocio de la droga se asentara.
Ecuador no es productor de estupefacientes, pero sus vecinos, Colombia y Perú, sí. Con más puertos, el país da ventajas a los carteles para que despachen sus productos ilegales.
Además, el país marcó tres pasos que facilitaron esta realidad: una economía dolarizada en 1999, apta para el blanqueo de capitales; la baja, por mandato constitucional, de la Base estadounidense del puerto de Manta (2008); y el reconocimiento de una ciudadanía universal (2010), que hizo que las mafias transnacionales se asentaran sin visa.
El Cartel de Sinaloa mantuvo un control en Ecuador, por su cercanía con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), que regentaban la producción de droga de Colombia.
Pero el proceso de paz y la regularización de las FARC propició la atomización de ese negocio, con células disidentes de la guerrilla colombiana, y la entrada de otro cartel mexicano, Nueva Generación, así como el establecimiento de una inusitada mafia albanesa, que actúa desde 2010. Esto dio paso a que en Ecuador se crearan bandas, en primera instancia leales al Cartel de Sinaloa, y desde 2017 a Nueva Generación y los albaneses.
Los 22 grupos delictivos que el Gobierno declaró terroristas se disputan el control de las cárceles a punta de pólvora y machetes; y asuelan a la población con secuestros, extorsiones y 7592 homicidios en 2023, frente a 4426 de 2022, lo que ubica a Ecuador por encima de Colombia y México en materia de muertes violentas.
La movilización militar está orientada a desarticular a las bandas terroristas. Sin embargo, el decreto presidencial se enfrenta a la revisión de la Corte Constitucional. Su pronunciamiento puede marcar la diferencia, para bien o para mal, porque la población civil está expuesta, la cadena productiva también está en riesgo.
Las mafias transnacionales se manejan en tres niveles: la base en la que se asienta, constituida por los criminales, una fuerza de choque delincuencial; arriba está todo el entramado político, la utilización de funcionarios públicos, jueces y posiciones de poder dentro del Estado, que son corruptibles mediante sobornos. Arriba de la pirámide, están los grandes capos de la droga.
Esta guerra interna solo considera el combate a la base delincuencial. Sin embargo, no hay una política pública con respecto a los dos niveles superiores. ¿Podrá Ecuador esgrimir una visión más integral del fenómeno que, por ahora, se combate a fuego y sangre?
Publicado en Clarín el 11 de enero de 2024.
Link https://www.clarin.com/opinion/ecuador-guerra-interna-desafia-capacidad_0_l464EbqonX.html
