El 22 de mayo pasado se cumplió un año de la aprobación por unanimidad de la ley de economía de conocimiento en el Senado. El jueves pasado logramos sin ningún voto negativo, esta vez en la Cámara de Diputados, la media sanción de un nuevo intento para que este sector de la industria tenga una política de promoción al largo plazo.
Durante el gobierno de Cambiemos se trabajó con más 11.000 empresas en evaluar el sistema de software en Argentina y se propuso ampliar su alcance a la economía del conocimiento, ya que hoy cuenta con cinco unicornios de los 10 que existen en Latinoamérica. La experiencia de la ley software había permitido el crecimiento de muchas de estas empresas en la Argentina. Durante el gobierno de Néstor Kirchner comenzaron a proliferar empresas de este sector cuya característica especial además de la innovación y la creatividad, es el mérito. Para Juntos por el Cambio hacía falta ir más allá, porque este tipo de empresas son parte de la cultura del trabajo del futuro que queremos fomentar.
Con estímulos que permitan la incorporación de un personal calificado y que potencie el federalismo, esta ley promoverá que una persona que vive en Tilcara trabaje para una empresa en el barrio de Palermo sin nunca haber pisado Buenos Aires, sólo necesita conexión de internet.
La clave para la promoción de este tipo de industria requiere que el Estado genere incentivos para que las empresas se instalen en el país. Debe ayudarse con políticas de inversión o beneficios impositivos, porque de lo contrario, un empleado podrá trabajar para Costa Rica o una empresa en Brasil sin moverse de su casa.
La ley que votamos hace un año apostaba a generar más de 160.000 nuevos puestos de trabajo local. Entre 2007 y 2017 tuvo esta industria un crecimiento del 65 % en el empleo. En salarios, son un 35 % más elevados que los del resto de la industria tradicional.
El potencial de exportación del sector es incomparable, durante el 2018 se registraron exportaciones por 6.200 millones de dólares. Pero quedó todo trunco con la votación de la ley de emergencia económica de diciembre pasado. El resultado fue que la ley de economía del conocimiento quedó inactiva y se venció el plazo de la ley de promoción del software. Por lo tanto, el sector se quedó sin nada: sin más apoyo del Estado para invertir, con mayores costos para exportar y con una economía nacional que carece de un plan.
En Juntos por el Cambio nos propusimos devolver el espíritu que motivó una ley de economía del conocimiento para la Argentina. El avance de la tecnología en la vida cotidiana nos obliga a poner atención en todos los sectores que abarca y merecen el apoyo del Estado a través de las cámaras de software, de profesionales de servicios, los clusters regionales o los emprendedores jóvenes, así como promover el impacto regional.
Nuestro respaldo al sector, el trabajo que retomamos sobre la agenda de tecnología llamó la atención del gobierno que tuvo una buena visión: no tenía sentido sacar esta ley ellos solos. El proyecto enviado en febrero era insuficiente y esta ley merecía que nos pongamos de acuerdo. Desde Juntos por el Cambios aportamos, entre otras cosas, mantener el autodesarrollo más allá del producto final de la industria. Logramos limitar la discrecionalidad del Concejo Consultivo a cambio de que sea operativo y no aumente la burocratización. También logramos mejorar los beneficios tributarios en el impuesto a las ganancias y en las contribuciones patronales. En el contexto de la emergencia actual, conseguimos flexibilizar los requisitos en el marco de la pandemia y logramos el escalonamiento de los porcentajes por tamaño de la empresa.
Argentina al igual que el mundo atraviesa una pandemia, pero a diferencia del resto del mundo, acá tenemos como plan la cuarentena y la producción se congeló. Nadie sabe cómo seguimos. Necesitamos potenciar dos industrias: la del agro –el campo- y la economía del conocimiento. Hoy muestran que ahí está la llave de nuestro éxito para crecer.
Pero no basta con una ley para resolver los problemas de la Argentina. Se necesita un plan económico, certeza jurídica y no asustar a los inversores. Desde la oposición siempre estaremos dispuestos de cooperar cada vez que nos convoquen a promover la inversión y el desarrollo, y sentarnos a pensar cómo lo hacemos todos juntos. Ahora bien, si la idea es promover a las empresas, ayudarlas primero, para después quedarse con ellas, insistir con expropiaciones que sólo nos trajeron dolores de cabeza, o usar el Congreso para legitimar las irregularidades, nos van a encontrar al lado de la gente denunciando las arbitrariedades a las que nos quieran someter.
La Argentina de la improvisación no se resiste más. El gobierno ganó las elecciones de octubre pasado para que la gente esté más tranquila con su inserción en la producción y su economía familiar. Sin embargo, está desesperada sin una solución.
El futuro que nos dejará la pandemia estará centrado en la tecnología. Habrá más robótica e internet de las cosas en las cadenas productivas. Más teletrabajo.
Se liberarán los espacios físicos en las oficinas. Habrá que reorganizar los accesos diarios de cientos de miles de trabajadores para evitar la concentración masiva. El sector privado tiene que ser un aliado.
Queremos que inviertan en el país personas como Verónica Silva, empresaria de menos de 30 años que creó una aplicación de apoyo escolar que conecta docentes y alumnos de todo el país. O como Mateo Salvatto, que con 17 años creó una aplicación para la comunicación con hipoacúsicos, necesitamos que siga produciendo sus ideas acá. No queremos que se vayan del país, Fredi Vivas y Tomás Chernoff, después de haber transformado sus modelos de negocios para abastecer al sistema sanitario, uno con inteligencia artificial y el otro proveyendo de máscaras 3D. Si esta generación de nuevos empresarios puede apostar acá, si estas empresas que proliferan en la región no se van del país, la Argentina será otra.
