Tras el reciente choque de trenes ocurrido en Palermo, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria y la cuestión del transporte volvió a tomar protagonismo en la agenda pública. El choque de trenes fue una sorpresa para muchos, pero no tanto para otros.
Hace años que las distintas áreas asociadas al transporte y la movilidad están desatendidas. Esto no sólo involucra al sistema ferroviario de transporte urbano o al de cargas, sino que también incluye al transporte de media y larga distancia, la matriz de cargas y al sistema fluvial y porturario.
Desde oficialismo y oposición no pasan de acusarse por presuntas responsabilidades de financiamiento actual o mala gestión anterior. Más allá de particularidades del caso, debería ponerse el foco en identificar los factores que hacen que los distintos subsistemas no operen de forma adecuada.
El descarrilamiento en Palermo fue sin dudas un hecho lamentable que afortunadamente no ha tenido víctimas fatales. Esta clase de incidentes representan una gran desorganización funcional donde abundan problemas de infraestructura, incumplimiento de la normativa vigente y falta de profesionalización de la burocracia estatal en el área de transporte.
El reciente accidente simboliza, también, la falta de consenso de la clase dirigente a la hora de articular una política que plantee metas estratégicas de cobertura, calidad y sostenibilidad. Si bien hay continuidad en algunas políticas, como la SUBE, lo cierto es que en líneas generales lo que reina es la improvisación, la falta de profesionalización de los trabajadores, la incapacidad para resolver problemas críticos, la carencia de transparencia y el “ambacentrismo” que invisibiliza el deterioro general del transporte en el interior del país.
Más allá de declarar la emergencia ferroviaria, el Estado debería trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los organismos estatales encargados de la regulación, fiscalización y coordinación del sistema de transporte. Por el contrario, esta clase de accidentes volverán a ocurrir en Palermo o cualquier otra estación.
Más allá de las cuestiones evidentes que circularon en la prensa y en las redes sociales en los últimos días, como las limitaciones normativas y falta de presupuesto, es necesario acentuar la falta de coordinación entre las distintas Subsecretarías y entre la Secretaría de Transporte y otros organismos descentralizados, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Estos organismos trabajan por debajo de sus expectativas, en gran medida, debido a la baja profesionalización de sus trabajadores.
Pero, ¿por qué pasa lo que pasa? Desde el año 2008, con la Ley de Reordenamiento Ferroviario, se evidenció en Transporte una cooptación de puestos de trabajo para sindicatos como La Fraternidad, quien se adueñó por ejemplo de cargos en la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, mientras que el sindicato de la Unión Ferroviaria se apropió de puestos claves dentro de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOF).
Como consecuencia de esta ocupación privada del Estado evidenciamos la degradación (o mejor dicho la “profundización de la degradación”) del sistema de transporte a lo largo de los años, el cual trató de ser revertido en 2013 con la modernización del sistema ferroviario que aconteció con posterioridad a la Tragedia de Once de 2012, donde fallecieron 51 personas y 789 resultaron heridas.
Más allá del deterioro paulatino de los instrumentos de información, planificación y fiscalización del Estado y de la reducción gradual de las inversiones en el sector de transporte, lo cierto es que la capacidad del Estado se ha visto comprometida por la mencionada cooptación de cargos realizada por gente inoperante y de dudosa (por no decir “nula”) idoneidad.
De esta forma, el reciente accidente ocurrido en Palermo con el Ferrocarril San Martín no debe ser visto como un suceso novedoso provocado simplemente por falta de financiamiento, sino como una consecuencia esperable del deterioro de las capacidades organizacionales y de gestión propias (pero no exclusivas) del sector transporte a lo largo de los últimos 30 años.
Hace diez años que en diversos artículos académicos se viene sosteniendo que las Subsecretarías por modo de transporte, así como la propia Secretaría, fueron vaciándose de profesionales y técnicos y sus funciones de planificación y regulación se debilitaron. A principios de los años 80, la Secretaría contaba con más de 100 técnicos (muchos formados en el marco del Plan Nacional de Transporte). Esta dotación fue cayendo en los años 90 con las privatizaciones, concesiones y retiros voluntarios. Pero el proceso de deterioro continuó luego del 2003. Un caso emblemático es el de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que contaba con 8 profesionales ese año, y que ya desde entonces carecía de apoyo técnico. La escases de profesionales idóneos ha incidido también en la ausencia total de planificación del sector.
El especialista en Administración Pública Julián Bertranou explica que la parte más difícil de desarrollar políticas públicas es la de construir capacidades estatales. Estas capacidades, cabe aclarar, se desagregan en dos partes: un diseño organizativo que facilite la cooperación y la innovación y un desarrollo de capacidades técnicas, operativas y políticas (conocidas conceptualmente como “Capacidades TOC”) en los equipos de trabajo que se encargan de esas políticas. El reciente accidente ferroviario en Palermo refleja lo flojo que está el Estado nacional en aspectos organizativos y conocimientos técnicos.
En suma, está a la vista que lo más preocupante no sólo es la falta de financiamiento por parte del Gobierno, sino la falta de idoneidad de los funcionarios públicos del área (designados o contratados en su mayoría por el Kirchnerismo), la falta de capacidad organizativa y la falta de capacidad de gestión de los mismos. Lo más preocupante, quizás, sea que, sin presupuesto, conocimientos técnicos avanzados por parte de los trabajadores y consenso político, no hay chance de que el sistema mejore. ¿Nos deberemos ir acostumbrando a esta clase de accidentes?
