Donald Trump deja la jefatura del estado federal pero cientos de funcionarios designados por él seguirán en el “estado profundo” como garantes de la grieta que se abrió en estos cuatro años de crisis permanente.
Como un rey –alguna vez se proclamó rey de las papas fritas en un comercial de una de sus empresas– Trump acaba de dictar casi un centenar de indultos para funcionarios que lo ayudaron a encaramarse en el poder.
Trump, que pasó cuatro años criticando un “estado profundo” de trabajadores federales de carrera que, según él, estaba socavando su administración desde adentro, realizó durante su mandato un elevado número de nombramientos de funcionarios de difícil remoción, debido a una orden ejecutiva de octubre que les da protección legal.
Además de advertir esta avalancha de partidarios en puestos intermedios, pero claves, los equipos de Biden están trabajando para detectarlos y dar de baja esa orden ejecutiva que les da una estabilidad “extra”, lo que les permitiría trabajar desde adentro para obstaculizar la agenda del presidente que asume en estas horas.
Esta “estrategia” política cuya primera fase fue el desmantelamiento de los burócratas de carrera a los que Trump identificaba como una rémora, recuerda mucha a las administraciones “pobres” y “poco weberianas” que Oscar Ozslak y Guillermo O’Donnell encontraban en sus estudios comparados de las administraciones de América Latina y propias de estados débiles o “poco enraizados”, diría otro tal Evans. La segunda fase es la de dejar enquistada una pléyade de funcionarios fieles al blondo empresario. La grieta, aquella que muestra que los proyectos políticos son irreconciliables, se muestra en los EE.UU. con toda su hondura y junto al asalto al Capitolio empujan a la potencia mundial declinante hacia el casillero de los estados fallidos.
La orden ejecutiva de octubre, que se espera que Biden rescinda rápidamente, ha permitido a las agencias federales ayudar a los designados a eludir el proceso de solicitud habitual basado en el mérito para puestos de carrera en el servicio civil, al tiempo que mueve a los encargados de formular políticas profesionales a una nueva categoría laboral con muchas menos protecciones legales. Algo similar – y aún pendiente de resolución – ocurrió en la Argentina, durante la última transición.
“La administración entrante de Biden-Harris está muy consciente de los esfuerzos de última hora de la administración saliente para convertir a los designados políticos en puestos de servicio civil”, dijo un funcionario de transición en un comunicado al portal político.com. “Anticipamos aprender más en las próximas semanas a medida que comience nuestro trabajo para restaurar la confianza y la responsabilidad en todo el gobierno federal, incluida la revisión de las acciones del personal tomadas durante la administración Trump.”
La tarea no será sencilla, menos, cuando la administración entrante tiene que ocuparse de la pandemia, la crisis económica y el replanteo de las relaciones internacionales que volverán al multilateralismo abandonado por Trump.
La “purga” debería ser rápida porque si esos funcionarios pasan el período de prueba habitual de un año para todos los nuevos empleados de carrera, solo podrán ser despedidos por inconducta grave.
Los equipos de Biden evalúan aplicar una práctica muy común en las administraciones latinoamericanas “pobres”: reasignar y “ningunear” a esas personas para que no tengan acceso a información confidencial o influencia sobre las principales políticas federales, para lo cual habrá que montar una estructura paralela allí donde se encuentren.
En octubre, los demócratas pidieron a la Oficina de Administración y Presupuesto que entregara todos los documentos sobre la orden ejecutiva de Trump sobre el servicio civil, diciendo que temían que traería “un retorno flagrante a la política de clientelismo y una fuerza laboral federal basada en el amiguismo y el nepotismo”. La OAP respondió en diciembre que ya habían informado al Congreso sobre el impacto de la nueva política y no compartirían más información.
El representante demócrata por Virginia, Gerry Connolly, uno de los que lidera el movimiento de “búsqueda de funcionarios trumpistas”, declaró recientemente que: “Mi principal preocupación es el daño a la larga tradición de un servicio civil no partidario.
Las mismas preocupaciones comparten la Asociación de Ejecutivos Senior y la Alianza para el Servicio Público, cuyo presidente dijo que “no tenía conocimiento de ninguna presidencia moderna en la que haya tantas preguntas, o tantas contrataciones aparentemente inapropiadas, como las que ha habido en esta administración”.
Joe Biden, comienza hoy una presidencia que, desde el minuto cero, tiene frente a sí un panorama harto difícil: debe lograr unir un país agrietado con una herramienta agrietada. Como diría el multicampeón Carlos Tevez: Very difficult.
