Hace algunos meses estuvo de visita en el país Felipe González, y tal como sucede cada vez que el ex jefe del gobierno español visita la Argentina una parte importante de la dirigencia política y de los formadores de opinión comienzan a hacer referencias a los Pactos de la Moncloa que marcaron – en gran medida – la transición a la democracia en España y su apertura al mundo luego de cuarenta años de autoritarismo, señalando las ventajas de lograr grandes acuerdos y sostenerlos en el tiempo.
No es que eso no fuese algo deseable, más allá de la complejidad que tiene transpolar la experiencia llevada adelante en otro país bajo condiciones históricas, sociales, políticas y económicas disímiles a las del nuestro, todo lo contrario, es una ambición razonable para un país con las enormes problemáticas como las que tiene el nuestro, aunque sin dejar de reconocer las restricciones que pueden llegar a existir para avanzar en esa dirección.
Paradójicamente algunos de esos dirigentes que planteaban la necesidad de alcanzar acuerdos de manera posterior cuando ocuparon la más alta responsabilidad no avanzaron en ese sentido – reiterando que entendemos la complejidad de llevar adelante tamaña empresa – o al menos no intentaron hacerlo cuando se encontraban en su punto más alto de popularidad.
Basta recordar los casos de Mauricio Macri o de Alberto Fernández quiénes contaban con un alto capital político al asumir la presidencia en 2015 y 2019 respectivamente, en el primer caso incluso habiendo tenido una buena performance electoral en la elección de renovación legislativa del año 2017 y en el segundo durante la primera parte de la gestión de la pandemia. También en la dirección contraria es importante acordarse cuando Cristina Fernández recién convocó al diálogo luego de la derrota en la elección de renovación legislativa del año 2009, habiendo sido la misma una mera formalidad vacía de contenido.
Tal vez la principal enseñanza que deberían dejarnos esas experiencias tiene que ver con que si se pretende avanzar en un camino de reformas lo aconsejable es impulsar los acuerdos mientras se cuenta con capital político para hacerlo, evitando la tentación de avanzar unilateralmente porque difícilmente en el momento que ese capital político se reduzca – como usualmente sucede – se tornará altamente improbable lograr cosechar apoyos en los distintos sectores si la actitud inicial no fue de apertura a escucharlos, dado que la confianza es un capital que cuesta construirlo pero que se puede perder muy rápidamente.
Tampoco es menos cierto que si los acuerdos integran demasiados actores con intereses disímiles se vuelve más difícil modificar el status quo debido a que cada uno de ellos va a defender lo que considera legítimo, que habitualmente reviste la forma de algún beneficio sectorial.
Pero en algunos contextos pueden existir condiciones más favorables que en otros para impulsar reformas, sobre todo cuando una parte importante de la sociedad demanda cambios – aunque tal vez no dimensione bien el alcance ni su impacto – pero sí los que crea que van a ayudar a mejorar sus condiciones materiales cuando la situación es de crisis, aunque producto de la misma los tiempos de su tolerancia pueden ser breves, sobre todo para quiénes se encuentran en una peor situación y sufren un mayor impacto en el corto plazo por las políticas llevadas adelante.
El presidente Milei necesita atemperar sus impulsos populistas – lleva el populismo en su ADN más allá que declame lo contrario y abogue por el libre mercado – de intentar gobernar sin la intermediación institucional del congreso, debido a que cuenta con un exiguo contingente legislativo de treinta y ocho de diputados y de siete senadores, y más allá de la existencia de aliados coyunturales – que siempre los hay – lo que necesita es generar acuerdos que le permitan atravesar los momentos difíciles por venir, y para eso debe estar dispuesto – al igual que el resto de los actores con los que vaya a negociar – a ceder en algunas de sus posiciones.
Como ya sabemos, los gobernadores han sido actores muy importantes de la política nacional en las últimas décadas, entre otras cosas por su alto nivel de incidencia en el armado de las listas para los cargos legislativos, aunque eso tampoco significa que tengan un control total sobre los representantes que han impulsado ni que todos los congresistas de sus provincias respondan a ellos.
Los mandatarios provinciales necesitan recursos – en distinta medida de acuerdo al distrito – de la Nación para gestionar, y eso funciona como un incentivo para brindar apoyo al Poder Ejecutivo Nacional, pero puntualmente en éste caso el presidente necesita tal vez aún más su apoyo – al igual que el del congreso – para poder tener gobernabilidad, tal vez el mayor de los desafíos para un presidente outsider y minoritario.
El presidente Milei necesita revisar su estrategia legislativa, difícilmente logre imponerle una agenda de reformas al Congreso de la Nación con un pequeño contingente de legisladores, más allá de las necesidades de los gobernadores como recién marcamos, las suyas son mayores. Para ello deberá acordar reformas con aquellos bloques que puedan ser proclives a avanzar sobre algunos puntos y estar dispuesto a modificar o descartar otros, pero esto deberá hacerlo mientras cuente con capital político, un bien que en éstas circunstancias es tremendamente volátil y finito.
En las últimas semanas se han hecho numerosas analogías con el caso de Alberto Fujimori en Perú, camino por el cual sería difícil que el presidente pudiera avanzar – tampoco nada indica objetivamente, más allá del estilo decisionista que mostró, que el presidente tuviera intenciones de quebrar la democracia aunque sí producto de sus formas la misma podría irse viendo desgastada progresivamente – de intentar seguir ese camino seguramente su caso más que parecerse al de Fujimori se parecería al del ex presidente Pedro Castillo, o por sus características al del ex presidente brasileño Collor de Melo.
El corto plazo no es para nada alentador, la herencia del kirchnerismo es extremadamente compleja y el presidente deberá atravesar los próximos meses en un contexto de serias restricciones en el que difícilmente pueda mejorar las condiciones de vida de la población, en el mejor de los casos podrá buscar atenuar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables.
Para recorrer el camino hacia la recuperación de la actividad económica pueden pasar – con suerte – varios meses, que para poder transitarlos deberá mostrar mínimamente algunos triunfos simbólicos. Su lucha contra la “casta” dificultosamente resulte creíble desde el momento que los mayores perdedores del ajuste resultaron los sectores medios y bajos, de donde salieron un alto porcentaje de los votos que obtuvo en la primera vuelta y de los que le brindaron apoyo en el balotaje, quedando también en evidencia la influencia de miembros del empresariado en la elaboración de algunas de las reformas impulsadas, entendiendo la importancia que tiene el sector privado para el desarrollo económico de un país pero también lo incompatible que resulta que en algunos casos sean ellos mismos quiénes impulsen los instrumentos jurídicos que regulan las áreas en las que operan sus empresas.
Las próximas semanas mostrarán si el presidente posee algo de virtud o si sólo se trata de fortuna, en el caso que sea sólo la segunda el problema será mayúsculo dado que como bien sabemos la suerte en algún momento se acaba.
