El éxito económico de un gobernante no siempre lo exime de culpas. El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha tenido que librar esta semana una ardua batalla parlamentaria para conservar el poder, luego de un escándalo de corrupción que ha hecho tambalear a su gobierno.
Sánchez puede exhibir un catálogo de logros en economía que, se supone, no caracterizan a los gobiernos socialistas: crecimiento económico con descenso de la inflación y reducción del déficit público.
En efecto:
-España crece anualmente más que el promedio de la Unión Europea (En 2024, España, 3.2%; la Unión Europea, 1). El Reino Unido creció 1.1 y Francia 1.2. Alemania está en recesión (-0,2).
-La inflación anual ha ido bajando desde 2022 (8.4) y está actualmente en 2.2.
-La inversión (pública y privada) llegó en 2024 a 306.748 millones de euros.
-El gasto social representó 28,1 del PIB.
-En un año se crearon 515.400 empleos y el mes pasado 76.720.
-El déficit fiscal se redujo de 6.1(en 2021) a 3.2 en 2024.
“Es la economía, estúpido”, sentenció Bill Clinton en su campaña presidencial de 1992, sugiriendo que la opinión pública (y a su turno el electorado) castiga las penurias y premia el progreso. En su caso ocurrió lo primero: Bush Senior estaba envuelto en una ola de recesión y desempleo, y Clinton conquistó la presidencia
Lo infrecuente es que se castigue el progreso económico. Ocurre en las sociedades políticamente polarizadas, donde odios y rencores hacen que una parte de la opinión pública tenga como fin la destrucción de la otra, sin que importen las razones.
Mucho menos si hay corrupción de por medio.
En el caso de España, como contrapartida del éxito económico, un trío estrechamente vinculado a Sánchez, que tenía poder en el gobierno y en el partido oficialista (PSOE), está procesado por recibir sobornos para otorgar obras públicas. Ninguno ha sido condenado, pero hay elementos probatorios que la justicia no podría ignorar.
Sánchez expulsó a los tres, dijo que se sentía “decepcionado y avergonzado”, pidió perdón a la sociedad y elaboró con otras fuerzas, un plan de 15 medidas para prevenir o permitir la detección temprana de las connivencias de funcionarios corruptos y empresarios corruptores. El sistema empleará inteligencia artificial y estará bajo la supervisión de la internacional Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuya División de Anticorrupción e Integridad promueve “una gobernanza ética y transparente”.
Eso satisfizo a las bancadas que apoyan al gobierno, impidiendo que el PSOE (que no gobierna “en solitario”) quedara en minoría y Sánchez perdiera el poder.
Acaso en ese apoyo influyó, más que el plan, la probabilidad de que la eventual caída de Sánchez diera lugar a un gobierno del Partido Popular (PP), en coalición con Vox, el partido de ultraderecha con el cual el PP ya gobierna algunas comunidades.
De todos modos, los apoyos fueron condicionales: Sánchez los perdería “si la corrupción escalara”.
La corrupción se ha hecho un leit motiv de la política española, en parte porque los partidos la usan como arma para mancillarse unos a otros. Meras acusaciones son exhibidas como cosa juzgada, y casos aislados se usan para apostrofar a un gobierno entero.
Pedro Sánchez es presidente de Gobierno porque, en 2018, como líder de la oposición promovió una moción de censura y logró defenestrar, por corrupción, a un presidente de Gobierno del PP.
Cierto es que en la ocasión había elementos más certeros. La Justicia envió a la cárcel a 29 miembros de lo que caracterizó como un “sistema de corrupción institucional”, culpables de cohecho, malversación y blanqueo de capitales. Las 29 condenas sumaban 351 años de prisión. Además, el propio PP fue declarado “partícipe a título lucrativo” de esos delitos.
Es justo y necesario que la corrupción extendida, comprobada y castigada por la Justicia deslegitime a un gobierno y determine su caída.
Pero la corrupción supuesta, alegada o falsificada —utilizada a menudo por todos los partidos— es un instrumento de mala fe que puede operar como un bumerán y dañar a la democracia.
Esto vale para cualquier país. Si se generalizan y magnifican hechos, aislados de corrupción o falsamente denunciados, la opinión pública puede apreciar que “todos roban”, y eso fomenten aventuras antidemocráticas. En la América Latina del pasado, sirvió para justificar dictaduras y guerrillas, que suprimieron o debilitaron democracias.
Hoy en día, en el mundo, las amenazas a la democracia provienen de movimientos políticos improvisados, liderados con mesianismo, para los cuales el fin justifica los medios. Sus fines, en general, implican una vuelta a discriminaciones y la retroversión de derechos individuales.
Los medios de comunicación pueden favorecer las generalizaciones y el surgimiento de fuerzas antidemocráticas
Ocurre que el avión que cae es noticia. Obviamente, no lo son los 100.000 a 130.000 aviones que, según FlightRadar24, despegan y aterrizan en el mudo cada día. Noticias es lo raro, imprevisto o sorprendente.
Es cierto que en política suelen caerse demasiados “aviones”, pero de todos modos los actos de corrupción son minoritarios.
La democracia exige gobiernos limpios, que expurguen las corrupciones reales que puedan albergar, así como el castigo judicial de tales conductas, el abandono de la corrupción como arma política y la aceptación social de que “algunos” no son “todos”.
Publicado en Clarín el 13 de julio de 2025.
Link https://www.clarin.com/opinion/economia-corrupciones_0_TIxdyPcYVF.html?srsltid=AfmBOoodeIuJ9B8gqmFN65pQvrExVD-4MnPB_az4khZZoahnJjniaivY
