Hace poco más de una semana, el 10 de diciembre, se cumplieron 40 años de la recuperación democrática luego de la más terrible dictadura que hayamos padecido los argentinos en el siglo XX. El proyecto constitucional emprendido en 1853, interrumpido media docena de veces desde 1930, ha sobrevivido desde 1983 sin quiebres, aunque no sin algunos momentos de enorme tensión. Tenemos mucho que celebrar, pero también mucho por lo qué preocuparnos.
La tarea de estos cuarenta años no está completa y la etapa que comenzamos hace unos pocos días estará signada por desafíos enormes para ese proyecto político colectivo que acaba de cumplir 170 años. Así como en el siglo XIX Argentina se sumó a una corriente democrática vigorosa que recorría Occidente, el contexto global actual no es el más prometedor para las democracias liberales fundadas en aquellos años. Hoy, este régimen producto de los ideales de la Ilustración se encuentra amenazado en muchos países del mundo donde parecía estar fuertemente consolidado.
Según la historiadora estadounidense Jill Lepore, la democracia liberal atraviesa su momento de mayor vulnerabilidad desde la década de 1930, signada por el surgimiento del nazismo y el fascismo. Lepore sugiere que estamos ante una nueva encrucijada dramática. La amenaza proviene ahora del surgimiento de populismos de derecha e izquierda que atentan contra los valores fundamentales del proyecto democrático. Preocupa particularmente el crecimiento de un movimiento global de ultraderecha que descree de la democracia liberal.
Uno de los más orgullosos portavoces de ese movimiento, el primer ministro húngaro Viktor Orban, quien asistiera a la asunción del Presidente argentino en Buenos Aires, se jacta de haber acuñado el nombre del nuevo sistema político que desplazaría al anterior y al que bautizó como “democracia iliberal”. La novedad consiste en un régimen de gobierno que ve en los jueces un obstáculo a la voluntad del pueblo, que descree de la libertad de expresión, de los derechos de las mujeres, de las minorías y de los migrantes, del derecho internacional, y de la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil.
Este supuesto nuevo régimen político se basa en la relación directa entre el líder y el pueblo, y en el rechazo de las élites de todo tipo, empezando por los políticos, los responsables de los medios de comunicación, los universitarios y las burocracias estatales e internacionales. En octubre de 2022, Vox, el partido de la ultraderecha española liderado por Santiago Abascal, realizó un evento en Madrid en el que pudieron verse videos de respaldo de Donald Trump, Víktor Orban y la entonces candidata a primer ministro de Italia, Georgia Meloni. Participaron en persona el ultraconservador primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki (recientemente desplazado por el centrista y pro-europeo Donald Tusk), y el entonces diputado argentino Javier Milei, quien aseguró allí que este movimiento de ultraderecha “no es para tibios” y afirmo que “somos superiores moralmente”.
Vox rechaza el discurso sobre igualdad de género, se opone a la inmigración que proviene de África y rescata el legado de la dictadura de Franco. Abascal fue invitado por Milei a su asunción como Presidente de la Nación. El Club se completa con el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien compartió la intimidad de los festejos de los días previos al 10 diciembre y participó del acto oficial. ¿Qué tiene que ver la agenda del club ultraconservador global o la del ideario libertario (no siempre coincidentes entre sí) con el proyecto constitucional iniciado en 1853 y retomado con vigor hace 40 años en Argentina? Carlos Nino (1943-1993), figura central del gobierno de Raúl Alfonsín, sostenía que la Constitución no es sólo su texto histórico.
Es también una práctica social desarrollada por la comunidad que se somete a ella. Es aquello que esa comunidad y sus instituciones creen que ese texto dice y cuáles son los ideales que encarna. Los legisladores al sancionar leyes que consideran alineadas con esos acuerdos constitucionales, los jueces que deciden casos sobre la base de la interpretación que realizan de esa norma fundamental y las causas de los movimientos sociales que bregan por sus derechos sobre la base de un cierto entendimiento de los principios y valores constitucionales van construyendo paulatinamente la catedral del proyecto constitucional argentino.
Así, la abolición de la esclavitud, el sufragio universal y secreto convertido en ley en 1912, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en 1951, el acuerdo de 1983 en torno al Nunca Más y el veredicto del juicio a las Juntas, los fallos de la Corte Suprema dirigidos a proteger la autonomía personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y tantos otros derechos centrales del proyecto alberdiano, y las leyes del Congreso estableciendo los derechos reproductivos de las mujeres o el matrimonio igualitario en base a valores constitucionales, por referir solo a algunos de los ladrillos de la catedral, conforman este edificio incompleto e imperfecto, pero consistente y valioso que llamamos Constitución, parte esencial de nuestra democracia liberal.
Dos siglos de construcción colectiva no pueden ser derribados por ninguna voluntad coyuntural, ni la de un líder popular ni la de la mayoría que representa. Cuál será el aporte de este nuevo gobierno a la arquitectura de estos casi 200 años aún está por verse, pero su declamado compromiso con el proyecto constitucional argentino no puede soslayar el hecho de que no construye de cero en el desierto.
Publicado en Clarín el 19 de diciembre de 2023.
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