La salud pública, aunque no lo parezca, está en todas partes. La mayoría de nosotros damos por sentada la limpieza de nuestro aire y del agua hasta que nos informamos que pueden estar contaminados y, hasta hace poco, nos subíamos a un colectivo sin pensar en los virus que se transmiten habitualmente de persona a persona. En otras palabras, el impacto de la salud pública en nuestra vida es, en gran parte, invisible hasta que hay una crisis. Como señaló el politólogo norteamericano John Kingdon, una “condición” se convierte en un “problema” cuando es necesario actuar. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, hizo que la protección de la salud pública escalara en la agenda gubernamental y social como nunca antes, y que comenzara a debatirse públicamente la necesidad de una reforma sanitaria.
Que el sistema de salud está en crisis no es nada nuevo, pero que aparezca diariamente en la tapa de los diarios no deja de llamar la atención. Releyendo las noticias de las últimas semanas podría listar al menos cuatro grandes títulos: 1) la crisis de los médicos y otros profesionales del sector, 2) el aumento de las prepagas, 3) el desfinanciamiento de las obras sociales, y 4) el aumento del precio de los medicamentos. Por supuesto, sólo constituyen una parte del todo, pero nos permiten dimensionar la magnitud del desafío de la reforma.
Si miramos el primero de los títulos, hace varias semanas que los residentes porteños están de paro, lo que está afectando la atención de salud en todos los niveles. Los residentes son médicos en formación sobre quienes descansa buena parte de la carga de atención médica. Si no trabajan, el sistema colapsa. Pero no son más que el emergente de una situación crítica que afecta a los médicos y profesionales de salud en todo el país, tanto en el sector público como el privado. Las causas son múltiples: bajos salarios y honorarios, demoras en los pagos, falta de carrera profesional, una profunda desmotivación y desgaste en la post-pandemia y una caída de la valoración social, sumada a causas culturales y también generacionales. El déficit en algunas especialidades críticas como medicina familiar, pediatría y neonatología, terapia intensiva y anestesiología, donde ni siquiera se llenan las vacantes para formarse en las residencias, es alarmante. A esto se le suma que muchos otros especialistas en el sector privado, que prestan servicios a más de 60% de los argentinos que tienen obras sociales o prepagas, se están yendo del sistema, algunos a otros países, hartos de la situación. La situación se vuelve aún más caótica si agregamos los aranceles bajos y desactualizados que reciben las clínicas y sanatorios privados, la falta de atención, demoras en los turnos y listas de espera.
En segundo lugar, las prepagas aumentarán un 13,8% en diciembre para totalizar 113,8% en todo el año. La Vicepresidenta Cristina Fernández tuiteó que es una barbaridad que el aumento anual supere la inflación esperada, mientras que Claudio Belocopitt dice que están compensando los atrasos de 2020 y 2021y que el aumento surge de una matriz que pondera la paritaria salarial, el aumento de medicamentos e insumos, y el IPC, que ha sido elaborada por este mismo gobierno. En este contexto, por un lado, las familias tienen que afrontar este aumento de sus bolsillos, pero por el otro lado, las empresas de medicina prepaga tienen que pagar medicamentos e insumos a precios dolarizados y actualizar aranceles, salarios y honorarios a los profesionales y clínicas para mitigar el vaciamiento de médicos en el sector privado. Todos, absolutamente todos, perdemos con esta inflación descontrolada.
Por otro lado, las obras sociales tienen serios problemas de sustentabilidad y el Poder Ejecutivo incluyó una nueva línea presupuestaria para transferirles más de 150 mil millones de pesos para ahorrarles sus gastos de discapacidad y otras yerbas. Sin embargo, nada se dice sobre el hecho de que 70% de las casi 300 obras sociales gremiales son muy pequeñas y con fondos de riesgo inestables, lo que las torna inviables desde el punto de vista prestacional y financiero, pero al ser cajas políticas de los sindicatos siguen siendo subsidiadas sin que se tome ninguna medida de fondo.
Por último, pero no menos importante, tenemos el tema del aumento incesante del precio de los medicamentos ambulatorios y la cobertura de los nuevos medicamentos de alto precio. Según distintas estimaciones, los medicamentos ambulatorios, como los antibióticos, antiinflamatorios o remedios para muchas condiciones crónicas como la hipertensión o la diabetes, aumentaron más de 50% en promedio entre mayo y septiembre. Por otro lado, la aceleración de la innovación tecnológica y el aumento exponencial de los medicamentos innovadores, que explican más de 50% del aumento de los costos sanitarios, harán inviable el sistema en los próximos pocos años. De hecho, en nuestro país los medicamentos representan casi 30% del gasto en salud, y medicamentos costosísimos, como las moléculas biológicas para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas o las terapias génicas para enfermedades raras, hoy ya se llevan más de 20% del costo total, y subiendo. Aquí es donde debería entrar a jugar un marco regulatorio serio de precios, como ocurre en la mayoría de los países de OCDE y de la región, y la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, una de las asignaturas pendientes en nuestro país para que las decisiones de cobertura se hagan con criterios objetivos, explícitos y transparentes.
Estas son sólo las noticias que han aparecido en los últimos días. Tal vez no nos demos cuenta, pero se está gestando una tormenta perfecta en el sistema de salud. No podemos seguir emparchando. La reforma sanitaria en Argentina representa un gran desafío que requiere el concurso de todos los actores, pero también es una oportunidad para lograr un cambio duradero que signifique un mejor sistema, más efectivo, más equitativo y de mejor calidad. Al final del día, podremos decir, parafraseando el título de la famosa novela de Primo Levi, “Si no es ahora, ¿cuándo?”.
Publicado en La Nación el 11 de noviembre de 2022.
