El gobierno tiene ensayando una respuesta a cada problema inesperado que se le aparece: se trata de una confabulación en las sombras de poderes que lo único que desean es su fracaso.
Una amplia red uniría potencialmente a directores de cámaras, exministros de economía, personas con preferencias sexuales diversas, militantes ambientales; pero también artistas, periodistas, empresarios, etc.
Las cosas están planteadas más o menos así: si sale bien, el presidente es una persona con capacidades extraordinarias. Si sale mal: la culpa “es la casta”. El nivel de irresponsabilidad frente a los resultados negativos es tal, que merece ser puesto en el centro del debate político.
Hasta ahora, ese planteo le ha resultado útil al gobierno; en principio por gozar de las ventajas de ser una novedad política luego de un fracaso rotundo. Lo viejo contaminado contra lo nuevo inmaculado. No es la primera vez que ocurre en la historia. También le ha resultado útil, para intentar inhibir a la oposición en su intensidad. Nadie quiere que lo señalen como partícipe de un complot.
La “teoría conspirativa” sería graciosa, de no ser que su propia existencia, reiteradamente exhibida por distintos voceros oficialistas y en especial el presidente, es demostrativa que en ningún caso evalúan la posibilidad de haber cometido algún desacierto. El complot como argumento es la contracara de la idea de infalibilidad presidencial.
No hay ninguna duda del atractivo que tiene ese modo de pensar. En primer lugar, porque las conspiraciones existen. Por tanto, es fácil atribuir un traspié a una causa potencialmente real. El problema es pasar de reconocer la posibilidad de una conspiración a creer que toda la realidad es una amplia red de confabulaciones.
La consecuencia no deseada de una visión conspirativa de la realidad, es por supuesto, la perdida de todo sentido autocritico, y la exacerbación de las manías de control.
El caso extremo de tal comportamiento, hasta ahora, es el “affaire cripto”. El presidente señala a la casta como cuasi-responsable de un acto propio.
Si frente a un hecho de esta naturaleza carece de algún sentido de razonable reflexión, qué se puede esperar frente situaciones de responsabilidades compartidas más complejas.
No es casual, repasando la historia contemporánea, advertir una permanente correspondencia entre niveles de autoritarismo y pensamiento conspirativo.
En los últimos días, el gobierno ha exhibido un flanco que ha alimentado durante muchos meses un temor contenido. Muchos nos preguntamos: ¿cómo reaccionará el presidente cuando algunas cosas -inevitablemente- no salgan conforme sus previsiones?.
Todo indica que los temores eran fundados.
La simplificación de denunciar “complots”, es una forma de victimización del mismo formato que denunciar “lawfare” ante cada denuncia. Entretiene a la tribuna y cohesiona a los fanáticos, pero no resuelve ningún problema.
Ni el fuego revierte, ni la falta de dólares en el Banco Central se resuelve. La teoría del complot intranquiliza a quienes deben confiar en la Argentina y desnuda un limite del modelo de gobernanza.
La democracia es (entre otras cosas) un marco de competencia reglada. El Presidente pareciera pretender jugar con un reglamento a su medida, por no poder soportar la presión de quienes señalan disidencias, evalúan políticas cuyos resultados son controversiales, advierten sobre riesgos, o sencillamente no se someten al tutelaje de una narrativa hostil.
Esa incomprensión por las reglas democráticas, es una forma de incapacidad, con consecuencias no solo institucionales, sino también económicas.
Publicado en La Nación el 18 de febrero de 2025.
