El estallido social experimentado por Chile en 2019 y la apertura del proceso de reemplazo de la constitución de Pinochet han generado ríos de tinta. Se ha escrito sobre sus causas, sobre el proceso constituyente y su primera frustración, con el rechazo en 2022. El nuevo rechazo, este 17 de diciembre de 2023, reabre el debate.
Se ha señalado que estos procesos fueron dos caras de la misma moneda, uno muy corrido a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Es así? ¿Son dos caras de lo mismo, frustrados ambos por una ciudadanía que rechaza el método más que el resultado? Aquí argumentaremos que no, basándonos en dos aspectos: si hubo negociación del articulado o ‘imposición’ por un grupo y si el marco de competencia establecido abre o cierra la representación política.
Sobre lo primero, en mayo de 2021, tras el plebiscito en que triunfó el “apruebo” a favor de una convención constituyente (79% con 50% de participación), las elecciones a convencionales habilitaron la participación de partidos e independientes.
Se escogieron 155 miembros. Ninguna fuerza ni grupo tenía mayoría. Es claro que la imagen que dejaba aquella convención era la del Chile de la efervescencia de 2019, pero no puede sostenerse que hubo imposición como tampoco puede obviarse que incorporó múltiples formas de participación ciudadana.
La constituyente de 2023, muy cerca en el tiempo, representa un contexto diferente en el que el avance de fuerzas de la extrema derecha y su agenda se hace más patente. El acuerdo alcanzado tras la derrota del plebiscito de salida en 2022 incluyó una comisión experta y una convención constitucional de 55 miembros directamente electa en listas de partidos.
En esa elección, las fuerzas de la derecha obtuvieron la mayoría. La efervescencia participativa había pasado, aunque también se habilitaron formas de inclusión de propuestas ciudadanas. La gran diferencia está en que esta vez las fuezas mayoritarias impusieron su agenda. Fragmentación en 2021, concentración en 2023.
El segundo aspecto central que muestra las diferencias es la forma en que uno y otro ejercicio constituyente definió la representación. Mientras el primero quería superar los déficits que condujeron al estallido mejorando las bases de la representación, el segundo buscó regresar al pasado con una propuesta que ha remitido al sistema original de la Constitución de la dictadura.
Para cerrar, dos componentes acercan ambos y definen el Chile actual: la distancia que separa a un electorado desencantado con sus representantes y la volatilidad de las preferencias. Un proceso que habilite mayor participación ciudadana no es por definición más legítimo que uno controlado por representantes electos.
La legitimidad se construye a base de escuchar, articular intereses, informar, y liderar ofreciendo opciones, y se ratifica en las urnas. En establecer esos vínculos fallaron ambos procesos. La dirigencia política debe asumir su responsabilidad.
Publicado en Clarín el 22 de diciembre de 2023.
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