El proyecto de Ley de Bases es una oportunidad perdida. Le otorga al gobierno dos grandes instrumentos, pero no deja de ser una oportunidad perdida para cambiar las condiciones jurídicas que permitan el desarrollo de la Argentina.
Con la delegación de facultades legislativas logra margen de maniobra para saltear los límites de su fragilidad parlamentaria. Y con el blanqueo, una fuente de financiamiento para las reservas, que le permitan avanzar en el ansiado levantamiento del cepo. Pero eso es coyuntural, no estructural.
Un gobierno que auspicia una revolución con fundamento en la innovación profunda y desdén por las continuidades, debiera proponer un nuevo ecosistema jurídico para la inversión.
Lamentablemente sus propuestas tienen rasgos de repetición que no hace diferencia: moratoria laboral e impositiva (más un blanqueo), y remedios de la década del noventa del siglo pasado, que pueden haber funcionado bien hace mucho tiempo, cuando el mundo y la Argentina eran otros.
El corazón argumental de la propuesta legislativa para el sector privado es más del mismo absurdo que se viene practicando desde décadas, porque ataca el efecto y no la causa: perdón estatal por violar un marco jurídico de difícil o imposible cumplimiento. Porque eso y no otra cosa son las normas impositivas y laborales, el famoso “costo argentino”. No tiene mucho sentido mantener el mismo régimen para otorgar cada cuatro años una y otra vez una dispensa: una invitación a incumplir, sabiendo que un plazo se termina pagando con descuento y en cómodas cuotas.
Hay que modificar radicalmente todo el marco jurídico en esta materia: crear un “Código para la Inversión Privada” sería una verdadera revolución liberal impulsada por una norma, en la que valdría la pena gastar todo el capital político y más.
En el caso de los impuestos, con una simplificación en la estructura impositiva y en las alícuotas. Hoy es tan anacrónico el sistema que con una recaudación que cayó 15% en términos reales, los impuestos que importan a los fines recaudatorios son los más distorsivos y dañinos para el comercio exterior: las retenciones y el “país”.
Desde ya que todo parece fácil y no lo es tanto, especialmente cuando está la discusión por la coparticipación de por medio, e intereses tan oscuros como los que acaban de quedar en evidencia con de la actividad tabacalera y ni que hablar el régimen del Tierra del Fuego. Pero, a fin de cuentas, enfrentar la casta es algo más que un tweet; es el largo camino de los hechos a un nuevo derecho.
En lo laboral también se persiste en el error. Respecto del derecho colectivo la salida es la preponderancia de los convenios por empresas, que den cuenta de los privilegios del modelo fascista que ya tiene casi cien años. En el derecho individual, reformas que no se limiten a lo cosmético, que simplifiquen las opciones y las condiciones para contratar más y mejor. No es tan difícil, aunque los intereses sean muchos.
El nuevo Código no debiera limitarse a esas dos materias, sino abarcar las necesarias para crear un marco legal para la inversión en lo inmediato y generar credibilidad en el mediano plazo, con un corte temporal que separe la vieja economía de la nueva, y blinde así contra reclamos judiciales.
Para que mañana no sea como ayer otra vez, para que lo que parece hermoso no sea horrible después, una revolución debe ser más que palabras altisonantes y soeces que esconden la iteración de lo mismo, sino innovaciones que terminan con un estatus quo y dan nacimiento a uno nuevo.
