A raíz de la situación de vulnerabilidad en que han quedado expuestos vastos sectores de la población, la diputada nacional de la UCR, Carla Carrizo, presentó un pedido de informes en el que le reclamó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que brinde explicaciones al Congreso sobre la falta de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios, tras lo cual advirtió que “los comedores comunitarios están atravesando un período de enormes dificultades” y, a su vez, “la falta de transferencia de fondos y alimentos dispuesta por el gobierno nacional ha generado preocupación en diversas organizaciones sociales y comunitarias, que están solicitando una pronta intervención estatal para abordar esta problemática” que “afecta a un gran número de personas que dependen de estos lugares para su alimentación diaria”.
“La gravedad de la situación es evidente: mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones y abusos por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos. Esta realidad no solo refleja una falla administrativa sino también una profunda crisis moral y ética en la gestión de los recursos destinados a los más vulnerables”, expresó Carrizo, quien sostuvo que “es imperativo que el Ministerio de Capital Humano brinde respuestas claras y precisas” y que se garantice “la transparencia en la gestión de los alimentos retenidos” y, al mismo tiempo “asegurando su distribución inmediata y justa a los comedores comunitarios”.
La diputada Carrizo requirió al Poder Ejecutivo que a través de la cartera a cargo de Pettovello, informe al Congreso “las cantidades exactas y tipos de alimentos almacenados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano” y, que se indique en cada caso sus “fechas de elaboración, adquisición y vencimiento”; le pidió explicaciones a la ministra acerca de “las razones por las cuales los alimentos no han sido distribuidos a los comedores comunitarios” además de “detalles sobre cualquier auditoría realizada, fechas, estado actual y sus resultados”.
Asimismo, la legisladora radical incluyó en su pedido de informes la “descripción del plan actual del Ministerio para la distribución de estos alimentos, incluyendo plazos específicos y los criterios de prioridad para los diferentes comedores” así como requirió respuestas en torno a la “condición actual de los alimentos almacenados, especificando cualquier medida tomada para asegurar su conservación y evitar su desperdicio” tanto como “información sobre las acciones llevadas a cabo por organismos de control y supervisión, así como cualquier recomendación emitida por estos respecto a la gestión y distribución de los alimentos retenidos”.
“Los comedores comunitarios están atravesando un período de enormes dificultades. La falta de transferencia de fondos y alimentos dispuesta por el gobierno nacional ha generado preocupación en diversas organizaciones sociales y comunitarias, que están solicitando una pronta intervención estatal para abordar esta problemática, lo cual afecta a un gran número de personas que dependen de estos lugares para su alimentación diaria”, planteó Carrizo en los fundamentos del proyecto de pedido de informes.
Carrizo describió: “Actualmente, múltiples indicadores socioeconómicos del país se encuentran en niveles extremadamente preocupantes” y precisó: “En particular, la tasa de pobreza en Argentina alcanzó el 41,7% en el segundo semestre de 2023, lo que significa que más de 19 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza; y la situación de las infancias es particularmente grave, según un reciente informe publicado por UNICEF, se estima que más de 7 millones de chicas y chicos viven en la pobreza monetaria, y alrededor de 2 millones en la pobreza monetaria extrema”.
“Así, de acuerdo con una simulación para fines de 2023, afirman que la pobreza infantil pasó del 57,5% en el segundo semestre de 2023 al 70,8% en el primer trimestre de este año, en tanto la indigencia infantil trepó desde el 19,4 % al 34,4 % en el mismo período. Agregan que dicho promedio general esconde “fuertes disparidades”, porque trepa al 75 % si los referentes en el hogar tenían un trabajo informal, al 84 % si residía en un barrio popular, al 67,9 % si los hogares eran monoparentales y al 63,5 % si estaban liderados por una mujer”, añadió la diputada radical que recordó que “se encuentra en vigencia la Emergencia Alimentaria Nacional en nuestro país, conforme lo establece el artículo 87 de la Ley Nº 27.701, que la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025” y además “paralelamente, ha tomado estado público que aproximadamente 5 mil toneladas de alimentos se encuentran retenidas en depósitos dependientes del gobierno nacional, 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán. Este stock incluye productos esenciales como yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas, locro y otros alimentos no perecederos. La retención de estos alimentos, justificándose desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la Licenciada, Sandra Viviana Pettovello, como una reserva para situaciones de emergencia, resulta inaceptable en el contexto actual de urgencia alimentaria”.
Carrizo subrayó que “es necesario clarificar las verdaderas razones detrás de esta acumulación y la falta de distribución oportuna. La disminución de los fondos al sector y la falta de continuidad en las políticas sociales han provocado una creciente movilización de organizaciones sociales y comunitarias, que demandan una respuesta urgente del Estado. Ello motivó, a su vez, que se presenten acciones judiciales para obtener la distribución de los alimentos retenidos, lo que fue receptado favorablemente por el juez federal Sebastián Casanello que hizo lugar a un reclamo y resolvió ‘encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.
La diputada de la UCR apuntó que respecto de esta última circunstancia “recientemente se conoce que fue desvinculado el secretario de Adolescencia, Niñez y Familia, del Ministerio de Capital Humano, Pablo De la Torre, el funcionario estaba encargado de la distribución de comida a comedores y organizaciones sociales”. “Además, la situación se agrava debido a las denuncias sobre la relación espuria entre los comedores y ciertos dirigentes sociales que están siendo investigados por presuntas irregularidades y extorsiones. Estas prácticas no sólo perpetúan la vulnerabilidad de las personas que dependen de los comedores, sino que también generan desconfianza y tensiones adicionales en un contexto ya crítico. Es esencial que se transparente la gestión de los recursos y se tomen medidas contundentes para asegurar que los alimentos lleguen a quienes realmente los necesitan sin ningún tipo de manipulación o abuso de poder”, subrayó Carrizo.
