Conversamos con la Diputada Nacional de la UCR por la provincia de Córdoba Brenda Austin, quien presentó un proyecto de Ley para declarar la Emergencia Educativa, habida cuenta de la grave situación que está atravesando el sistema educativo con el consecuente aumento de la deserción y la desigualdad en todo el país.
¿Cómo afecta la falta de presencialidad al sistema educativo?
Es indudable que cuando miramos el sistema educativo argentino a lo largo de las últimas décadas, el rasgo que lo distingue es el de la desigualdad. Desigualdad territorial, desigualdad de acceso por la condición socioeconómica de las familias, desigualdad entre público y privado y es indudable también que la falta de presencialidad y la virtualidad a través de las clases telemáticas, han acentuado esa desigualdad.
La pandemia entonces, como en otros ámbitos, ha venido a acelerar los procesos que ya existían.
Así es en estos meses, desde el inicio de la cuarentena, hemos visto cómo la brecha de conectividad se ha convertido en una herramienta para bajar la persiana y cerrar la puerta a niños, niñas y jóvenes en la Argentina que no tienen acceso a los dispositivos tecnológicos o a la conectividad para acceder al aula. Esta barrera de acceso a los contenidos agravó de manera profunda las desigualdades existentes. En promedio en el país hoy dos de cada diez estudiantes no tienen acceso a internet, pero cuando miramos las provincias del norte, las que tienen menor inversión y desarrollo, el número llega a cuatro de cada diez. Y hay un diferencial enorme entre las familias de menores recursos y las de mayores recursos. Existen hogares donde sólo hay un dispositivo, a veces sólo un teléfono, que es compartido por los niños y niñas y por los padres con sus actividades laborales. En esas condiciones el proceso pedagógico se ve absolutamente alterado.
La ONU habló de “catástrofe generacional”, y en la Argentina parecería que la educación perdió la condición de actividad esencial.
Claro que esto no afecta solamente a nuestro país, sino también a la región y al Mundo entero, a punto tal que Naciones Unidas a través de su secretario general habló de una catástrofe generacional. A esta altura del curso lectivo el abandono escolar está por encima de la media de los años anteriores: han abandonado la escuela más jóvenes que a lo largo de todo el año anterior y hay aproximadamente un millón de chicos que no va a volver a las escuelas. Si sumamos la deserción en la universidad, estamos en la antesala de una verdadera tragedia educativa. Esto es lo que nos motivó a presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia educativa en la Argentina.
¿Qué significado y alcance tiene esta propuesta?
En principio para poner en relieve la desconsideración que ha habido en la mirada pública respecto del rol de la educación. Recordemos que desde diciembre hasta hoy no menos de diez actividades o sectores han sido declarados en emergencia, pero nunca estuvo en la agenda la situación de la educación. No fue considerada como parte de las actividades esenciales, de modo que el Estado de manera absolutamente centralizada con un DNU del Presidente le arrebató a las provincias el derecho a decidir el modo de enfrentar esta pandemia desde las instituciones educativas. Esto ha producido que las escuelas estén absolutamente cerradas ocasionando un gran impacto en la vida de la sociedad. Las escuelas no son solamente el lugar en donde los niños y niñas van a aprender sino que son un actor central social en la vida de las comunidades. Quizás la demostración más absurda sobre cómo se desjerarquizó el rol de la escuela fue la distribución de cuadernillos escolares que hizo el Estado con una inversión enorme, cuadernillos que en muchos lugares fueron entregados a través de supermercados, en lugar de poner a la institución pedagógica en el centro de la acción educativa.
Menos escolaridad significa más desigualdad y más pobreza. Hay estudios que sostienen que este año terminará con un 63 por ciento de niños serán pobres. ¿Qué medidas tomar ante esta encrucijada?
El proyecto que presentamos propone un conjunto de medidas, una batería de acciones, para atender las distintas problemáticas que hemos visto que crecen a pasos agigantados a medida que se sostiene la cuarentena. En primer lugar, y quizás la idea principal tiene que ver con un programa de detección y acompañamiento de los estudiantes en riesgo de abandono escolar, poner la mirada en quienes están en un contexto de vulnerabilidad que los lleva a dejar la escuela. Para ellos y ellas hay que garantizar la conectividad para lo cual creamos una beca de conectividad con transferencia de tecnología y paquete de datos para que tengan las herramientas para llegar y permanecer en la escuela. También proponemos sistemas de acompañamiento de apoyo escolar y la apertura de las escuelas para poder recibir justamente a estos estudiantes y darles desde allí el soporte que necesitan. En muchos lugares de la Argentina esto va a requerir otros soportes, como asistencia alimentaria, control de las vacunaciones, atención de la violencia intrafamiliar, problemáticas que hay que abordar desde una mirada integral e interdisciplinaria.
Hay otros aspectos en los que creemos que también el Estado debe de contribuir para poner las escuelas en condiciones. Hemos escuchado muchos anuncios de obra pública con el objetivo de reactivar la economía pero nunca en ningún momento se puso el foco en las escuelas. Sabemos que tener las escuelas cerradas dos meses, como ocurre en el receso de verano, genera muchos problemas edilicios y prepararlas para ponerlas en condiciones lleva tiempo. Imaginemos lo que va a pasar con escuelas cerradas por más de medio año. Necesitamos un plan de infraestructura escolar de emergencia, que prepare y ponga en condiciones de higiene, acceso al agua potable, funcionamiento de los baños y todas las condiciones de seguridad y salubridad que tienen que tener.
Para ello es necesario que las Provincias reciban el acompañamiento del Estado Nacional.
¿Cuál es la problemática de los jardines de primera infancia?
Creemos que también hay un conjunto de actores que merecen una atención especial, como los jardines de primera infancia que están en situaciones críticas por no haber recibido las ayudas y que se encuentran en una suerte de limbo jurídico que les niega la protección que necesitan. Un capítulo aparte también para los transportistas escolares que están atravesando una gran crisis. Finalmente para desarrollar los programas que proponemos será necesario incluir docentes en cuyo caso se debe garantizar el proceso de designación, recurriendo a la lista de orden de méritos vigentes en las provincias, sabiendo que en muchos lugares los docentes suplentes están atravesando una situación absolutamente crítica y que tampoco han sido incluidos en el ingreso familiar de emergencia. Asimismo, hay que garantizar a los docentes que tengan acceso a computadoras y conectividad. Todas estas medidas tienen que ser acompañadas de un sistema de monitoreo y control por parte de una comisión bicameral de seguimiento de la emergencia educativa y también por la AGN que deberá monitorear y controlar los gastos e inversiones que requiera la implementación de la emergencia. Es tiempo de que se articule el esfuerzo entre las jurisdicciones, Nación, Provincia y Municipios, y que se trabaje de manera interministerial, sumando los ministerios de obras públicas, salud, desarrollo social y por supuesto educación. Sabemos que estamos frente a una verdadera emergencia educativa, y el Estado tiene la obligación de poner las energías, los recursos y la coordinación para evitar un mayor deterioro, garantizando la contención de todos los alumnos.
¿Cuál es tu opinión acerca del comportamiento en esta crisis de los sindicatos que agrupan a los docentes?
Los sindicatos en estos momentos están con resistencia a la vuelta a las clases presenciales pero nuestras mayores demandas tienen que ser para las autoridades del sistema educativo que hoy se han rendido ante la posibilidad de reabrir las escuelas. Insisto la educación es tanto o más importantes que muchas otras actividades que fueron declaradas esenciales y hoy las jurisdicciones tienen la responsabilidad de darles a los alumnos y alumnas la posibilidad de ejercer el derecho a estudiar sin exclusiones.
