jueves 22 de febrero de 2024
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Biden, el populista

Con el decreto de “compre nacional” y la ayuda a niños de hogares pobres, Biden inaugura una serie de medidas que los sectores liberales podrían calificar de populistas, distorsionadoras del mercado y condenadas al fracaso.

Por Alejandro Garvie

Una de las 17 órdenes ejecutivas (decretos) firmadas Joe Biden, establece el “compre nacional” –política de raigambre proteccionista– que direccionaría unos 600 mil millones de dólares anuales del gasto federal a la facturación de empresas estadounidenses. La orden supone que, a más componentes caseros, más trabajo local, menos trabajo extranjero. La medida chocaría con el multilateralismo que Biden se ha propuesto reflotar y con la complejidad de llevar a la práctica una legislación en la era de la globalización y de los sectores monopólicos o cuasi monopólicos que hoy dominan el mercado.

En 1933, a la salida de la crisis del ’30 –es decir en una situación similar a la actual-  el presidente Herbert Hoover firmó la Buy American Act (BAA), como forma de generar puestos de trabajo en la industria local. La ley de entonces establecía que los organismos del Estado federal debían comprar a empresas nacionales, para contratos con base en Estados Unidos por valor de más de  10.000 dólares, siempre que al menos el 50 por ciento de sus componentes fueran de producción nacional y su precio no superara en un 6 por ciento a la alternativa extranjera más barata.

El presidente Donald Trump firmó hasta diez órdenes ejecutivas en su intento de expulsar a los proveedores extranjeros. Como resultado, a partir del 22 de febrero próximo, para ser elegibles, los productos de hierro y acero deberán ser 95 por ciento locales. Los demás productos deberán ser al menos un 55 por ciento caseros. La diferencia de precio subirá hasta el 20 por ciento.

Para los industriales la medida es ambigua. Para los pequeños y medianos que dependen de componentes importados se abrirá la dificultad de hallar productores locales a precios competitivos para realizar la sustitución de importaciones. Si el gobierno federal intenta canalizar dólares hacia productos sin cadenas de suministro desarrolladas en Estados Unidos, todo el proceso burocrático y de búsqueda de proveedores satisfactorios podría retrasar la cadena de producción y la ejecución de los proyectos.

El plan de asistencia a los niños pobres –una especie de AUH– será enviado al Congreso para su aprobación. La idea de Biden-Harris es extender la cobertura social a todos los infantes pertenecientes a familias de bajos ingresos independientemente de que los padres cuenten con saldo impositivo a favor. Esto impactaría en más de 30 millones de niños y niñas de todo el país.

El proyecto prevé elevar el crédito fiscal de los hogares hasta 3600 dólares al año, a un costo fiscal de 120.000 millones de dólares para ese período. Para los que se escandalizan con el aumento del gasto, los demócratas aducen que el hecho de que 1 de cada 7 niños en Estados Unidos pase al menos un año debajo de la línea de pobreza, antes de alcanzar la mayoría de edad, es a largo plazo un costo más alto para la sociedad en su conjunto.

Hoy, la agencia recaudadora IRS que sería la fuente de financiamiento del proyecto, ha advertido que no cuenta con esos recursos, con lo que seguramente, el próximo paso será aumentar los impuestos e, incluso, establecer un impuesto de emergencia a la riqueza.

Estas medidas son de emergencia por los efectos letales de la pandemia sobre la economía mundial que muestra a la sociedad más opulenta del planeta encabezando con 25 millones de infectados el ranking de contagios por Covid-19. Esta contradicción deberá encontrar su explicación, mientras tanto, Biden-Harris intentarán con medidas bien intencionadas, más o menos discutibles, enderezar un barco muy escorado. El primer paso es el importante: dejar de negar la realidad como hacían Donald Trump y su corte de lunáticos y reconocer que los EE.UU. están en una crisis más grave que la de 1930.

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