El 10 de diciembre se empezarán de develar las incógnitas que quitan el sueño a analistas y ciudadanos preocupados por las características inéditas que marcarán la presidencia de Javier Milei.
Un presidente excéntrico, sin experiencia política, extremadamente ideológico, con un mandato rupturista, pero casi sin partido ni apoyo legislativo propio, sin anclaje territorial y sin equipos técnicos consolidados que respalden sus planes, representa una anomalía desconocida que hace temblar el piso de un sistema político que se jactaba de ser estable y, por lo tanto, predecible.
La ausencia de los tradicionales factores de estabilidad política deja a la intemperie a los dos mayores peligros que el pensamiento político ha identificado hace ya milenios: la anarquía y la tiranía; es decir, la falta de gobierno y el exceso de gobierno.
En términos latinoamericanos actuales, estos dos males se traducen como ingobernabilidad, por un lado, y como “autocratización” o bien como erosión de la democracia, por el otro.
La ingobernabilidad es la imposibilidad de los gobiernos de implementar políticas públicas eficaz y legítimamente. Puede sobrevenir por deficiencia estatal, porque los gobernantes no entienden del todo los problemas, o bien porque no tienen la fuerza o la habilidad para abordarlos.
Lógicamente, el resultado de la ingobernabilidad es la caída del gobierno, o su parálisis. Para alejarse de este peligro, Milei debería conversar y negociar con otros actores para poder implementar algunas de las reformas a las que aspira, o bien llevarlas a la práctica con menor intensidad de la que prometió en la campaña.
Así, tendría que renunciar a lo deseado para aceptar lo posible. Pero se trata de un dilema, porque ello podría implicar una traición al mandato rupturista que recibió, y por lo tanto podría perder la confianza de gran parte del sostén de la opinión pública. Se convertiría en un gobierno “casta”.
El peligro opuesto es que por respetar a rajatabla el encargo que le dieron las urnas, que es su única fuente de poder, su intransigencia no encuentre interlocutores válidos ni condiciones de viabilidad dentro del sistema. Si este fuera el caso, podría entonces verse tentado a cambiar el sistema, o bien a cambiar a los actores del sistema.
Otros presidentes latinoamericanos sin escudo legislativo buscaron el cambio constitucional. En efecto, una nueva Constitución le permitiría a Milei no solo disolver el adverso Congreso actual sino también quebrar el mayor consenso institucional que logró la “empobrecedora” dirigencia política tradicional en el país. Si mostrara ese interés, sería un signo claro del inicio de una autocratización.
La Constitución argentina, sin embargo, exige requisitos muy altos para su modificación, que hoy no estarían al alcance de Milei. Por eso no sería extraño que al menos buscara erosionar algunas prácticas democráticas, tratando de concentrar funciones y facultades en el Ejecutivo y/o de desintegrar el sistema de partidos a través de reformas a la legislación regulatoria vigente.
¿Tomará la bandera del ahorro fiscal como excusa para una reforma política amplia que le permita mitigar su debilidad actual?
Frente a estos peligros, dos preguntas cobran especial relevancia. Una es si el presidente y su círculo íntimo tienen un compromiso moral con la democracia, lo cual es fundamental en situaciones de crisis.
Sabiendo que el apoyo a la democracia en la Argentina viene cayendo fuertemente en los últimos años, resultan entonces vitales las convicciones de las elites.
La otra pregunta crucial es qué estrategias adoptaría la oposición. Ella también debe apresurarse a reconfigurarse de manera constructiva, a poner límites de manera valiente, y eventualmente a construir una alternativa creíble de manera humilde e inteligente.
A pesar de todo lo anterior, también es posible que el nuevo presidente no caiga en esos peligros. Pero aun en la senda de la normalidad política y democrática, los desafíos novedosos siguen siendo significativos. En nuestro pasado, las reformas orientadas al mercado se produjeron con total control de los resortes políticos y judiciales.
Primero durante la dictadura y luego durante una administración peronista con mayorías legislativas y territoriales, y con control del poder judicial. Recordemos que el presidente Menem reformó la Corte Suprema de Justicia para obturar las trabas que sus reformas pudieran encontrar en sede judicial. ¿Se podrán hacer reformas profundas sin violentar derechos y sin lastimar la civilidad democrática?
Una incógnita adicional es si el presidente Milei podrá moldear y desarrollar un discurso coherente en términos ideológicos y/o programáticos. Aun cuando tuviera éxito con la inflación y algunas reformas dieran los resultados esperados, debería volcar en una serie de argumentos encadenados las ideas que justifiquen por qué el modelo de país que ofrece es deseable. No es algo sencillo.
De hecho, Macri no logró hacerlo. Y tampoco es obvio a partir del resultado electoral de la segunda vuelta, porque Milei no fue votado tanto por el punto de llegada que teorizan sus autores favoritos sino por una voluntad de salir, hacia donde sea, de una configuración política y económica kirchnerista que ya estaba agotada hace quince años.
A los especialistas del mundo les suele llamar la atención una democracia que sobrevivió 40 años con resultados económicos y sociales tan decepcionantes.
Hoy los argentinos estamos entrando en zonas nunca antes transitadas: los actores tradicionales están corridos de la escena y hasta surge un discurso disruptivo incluso respecto del consenso cultural básico respecto de lo que ocurrió en la dictadura. Una vez más, circunstancias desafiantes que pondrán a prueba nuestra capacidad de cambio y la resiliencia de nuestra democracia.
Publicado en Clarín el 7 de diciembre de 2023.
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