El 6 de septiembre de 1930, el presidente Don Hipólito Yrigoyen se convertiría en la primera víctima de una serie de interrupciones del mandato popular emanado de las urnas.
A 91 años del evento, los métodos empleados entonces por los golpistas no variaron mucho a lo largo del tiempo: campañas de prensa desprestigiando la figura del líder popular –antes que sus políticas- y la colusión de intereses nacionales y trasnacionales para asegurar que las riendas del Estado –y de los negocios– continuaran en las mismas manos. De esta manera, en 1930, 1955, 1965 y 1976 se repitió la fórmula para que las elites dominantes siguieran modelando el país a su antojo.
La interrupción violenta de los gobiernos democráticos, no supuso siempre la del orden institucional. Si bien se cerraba el Congreso en tanto arena pública por excelencia y ámbito de representación de los intereses de un sistema político que también se desmantelaba, el Poder Judicial siempre convalidó las acciones sediciosas, dando cobertura legal y apoyo institucional, para avalar un difuso orden constitucional en tiempos de excepción.
En 1930, la violencia fue evitada porque el presidente renunciante –de hecho fue el vice Enrique Santamaría el encargado de recibir a los militares– dio órdenes de no reprimir a los sediciosos. Sólo frente a la hoy remozada confitería “El Molino” se registró un intercambio de disparos.
El 6 de septiembre, seis días después de que los honorables socios de la Sociedad Rural abuchearan e insultaran al Ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Fleitas –uno de los fundadores de FORJA en 1935– evitando la inauguración de la egregia muestra anual, el dictador José Félix Uriburu clausura diarios, encarcela ciudadanos sin juicio, persigue a políticos y sindicalistas, todo en nombre de la república. Es lingüísticamente interesante recordar que el diario de Juan Carulla, La Nueva República dejara de publicarse en razón de que su editor y equipo volcaron sus esfuerzos en la organización de una fuerza paramilitar: La Liga Republicana, cuyo objetivo era contrarrestar al imaginario Klan radical –otra humorada de la lengua-, una agrupación paramilitar aparentemente inventada por la campaña de los antipersonalistas.
La historia habla de las diferencias entre los militares Félix Uriburu y Agustín P. Justo, pero ambos eran funcionales a la dominación de las elites que venían gobernando la Argentina hasta 1916. Tal vez imaginando que la ciudadanía acompañaría sus acciones, los golpistas llamaron a elecciones el 5 de abril de 1931, a solo ocho meses de desplazar a la UCR del gobierno. El experimento se hizo sólo para elegir gobernador de la provincia de Buenos Aires. El amplio triunfo de la Unión Cívica Radical despabiló a los conservadores de su error, por lo que hasta 1943 se instaló en nuestro país el “fraude patriótico”. La identificación entre patria, república y Estado sería compartida por esas fuerzas políticas desde 1930, hasta nuestros días.
Bueno es decir que muchas circunstancias han cambiado y que desde 1983 la interrupción del orden democrático ha pasado a ser parte de la historia, merced a los esfuerzos del sistema político para mantener un delicado equilibrio y un fuerte consenso sobre las formas de dirimir las diferencias. Sólo rémoras facciosas o líderes sin partido amenazan este consenso mayoritario.
No obstante, las mismas fuerzas de antaño –con sus matices- luchan bajo la superficie para imponer un tipo de país: el que surge de la voluntad popular –con errores y aciertos- o el que establecen los sectores dominantes desde siempre.
