La economista estadounidense Alice Amsden (1943-2012) dedicó su vida profesional al estudio del desarrollo económico tardío basado en la acción del Estado. Corea del Sur y luego China fueron objetos de estudio que refutaron la ortodoxia económica imperante en la posguerra, centrada en la liberación y la desregulación promovidas muy fuertemente desde principios de los años ’80 por los organismos de financiamiento internacional.
En sus estudios sobre el caso surcoreano y similares, Amsden señaló que lo que distinguía a los casos de industrialización tardía no era la adopción del mercado irrestricto – como defiende la economía política liberal dominante -, sino la planificación económica centralizada. Y que la eficacia de la política industrial planificada dependía de la capacidad del Estado para imponer disciplina a las empresas. En ese sentido, a partir de 1960, el Estado surcoreano utilizó planes quinquenales para transformar una economía predominantemente agraria en una dominada por la industria pesada y luego por la de tecnología avanzada.
No se trató de un accidente producido por la mano invisible del mercado, ni de individuos encerrados en un garaje inventando el futuro. Las élites de Corea del Sur distorsionaron deliberadamente los precios relativos para facilitar la industrialización de su país. Amsden se propuso comprender cómo esas élites, al “elegir a los ganadores” y presidir lo que ella llamó “mecanismos de control recíproco”, producían crecimiento económico burlando todas las reglas propugnadas por los defensores del libre mercado. El Estado surcoreano poseía y controlaba todos los bancos comerciales, determinando efectivamente qué empresas recibían financiación y bajo qué condiciones.
Los mecanismos clásicos de protección de la industria naciente, cruciales para el desarrollo de los Estados Unidos en el siglo XIX, fueron aplicados en Corea del Sur pero con una diferencia crucial: el control sobre las empresas fue férreo, seguramente debido al carácter no democrático del régimen político del país asiático.
El control del Estado incluyó cumplir objetivos de desempeño (como mayor productividad, mayores volúmenes de exportación y mayor competitividad internacional) bajo la amenaza de perder la protección. Podríamos hablar de un estado mafioso que “brindaba protección” a cambio de metas, sobre todo de exportación. Si las empresas no exportaban tras un período determinado de generosidad estatal, se les cortaban los fondos e incluso eran expropiadas por el Estado, tal como ocurrió varias veces.
Las autoridades de Corea del Sur controlaron toda la planificación de manera estricta. En definitiva: la peor pesadilla de Javier Milei y sus acólitos.
Por su parte, China canalizó la financiación hacia sectores seleccionados, eligiendo a los ganadores del mismo modo que el Estado surcoreano. Sectores como la minería y la producción de energía están controlados por el Estado y proporcionan insumos baratos a las empresas chinas, cada vez más competitivas a nivel mundial. El Estado especifica los sectores en los que se prohíbe, restringe o fomenta la IED, al tiempo que alienta las empresas mixtas para facilitar la transferencia de tecnología.
China comparte con aquella Corea la inexistencia de un régimen de democracia liberal, basando su industrialización inicial con bajos salarios y condiciones laborales leoninas que han dado lugar a la mayor fuerza laboral de la historia mundial con jornadas laborales de 70 horas semanales – lo normal son doce horas al día, seis días a la semana.
Amsden dejó en claro que la planificación aplicada por China y Corea del Sur fue exitosa en términos de lograr el desarrollo económico, pero también mostró que ese desarrollo sólo es posible con altísimos niveles de explotación laboral y en contextos políticos autocráticos y represivos.
El dilema de cómo se distribuye la riqueza sigue siendo un problema que depende del control del Estado. No es que los libertarios odien el Estado per se, lo odian en términos de que ese Estado actúe de la manera que ellos no quieren: distribuyendo la riqueza en forma igualitaria, o al menos equitativa; el famoso 50 – 50 entre el capital y el trabajo. Por eso, ante el temor de que algún partido llegue a controlar sus resortes, mejor destruirlo.
Durante el primer mandato de Donald Trump y el siguiente de Joe Biden los EE.UU. comenzaron a aplicar la receta de país en desarrollo otorgando subsidios estatales a las empresas, fijando aranceles y lanzando gastos de infraestructura a gran escala. El segundo mandato del bufón de los oligarcas promete acentuar esa política neomercantil quitándole más impuestos a los ricos lo que reduce la capacidad de financiar bienes públicos como la salud y la educación.
Asistimos hoy a ese espectáculo mefistofélico en que la primera potencia mundial desmantela el Estado y deja en manos de las grandes corporaciones la economía del país, aumentando la desigualdad y haciendo retroceder algunos de los atisbos de Joe Biden para fomentar la sindicalización en los que algunos dan en llamar “The Big Boss Era” (La era del gran jefe). Elon Musk, mientras despide a miles de trabajadores del Estado – desde su cargo público en la oficina DOGE – pregona la jornada laboral de 80 horas semanales en sus empresas; y en un memorando filtrado al que tuvo acceso el New York Times, el cofundador de Google, Sergey Brin, elogió la virtud de la semana laboral de 60 horas como el «punto óptimo» para la productividad en su carrera por liderar los avances en inteligencia artificial.
Porque eso saben los oligarcas que han impedido la sindicalización en sus conglomerados: sin explotación no hay ganancias extraordinarias.
Publicado en Relato mata dato el 8 de marzo de 2025.
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