En el presente Texto, analizaré en términos comparativos la transición a la democracia tanto en Argentina como en Chile. En nuestro país desde 1983, con Raúl Ricardo Alfonsín, como presidente perteneciente al partido político Unión Cívica Radical, y cuyo Gobierno termina en 1989, y en el caso de chile con Patricio Aylwin Azócar afiliado al partido Democracia Cristiana que gobernó dicho país desde el 11 de marzo de 1990 al 11 de marzo de 1994. Luego lo sucedió Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también perteneciente al partido Democracia Cristiana hasta el 11 de marzo de 2000. Ambos presidentes chilenos tuvieron el apoyo de la Concertación de Partidos por la Democracia.
El enfoque teórico con el cual vamos a referirnos es el Institucionalismo. En el análisis de la transición argentina, ésta es comparada con los procesos de Chile teniendo en cuenta la actuación de los regímenes militares instalados y la cuestión de los derechos humanos. La pregunta que cabe hacernos y que intentaremos responder en el presente texto es: ¿Las transiciones democráticas de Argentina y de Chile fueron pactadas?
En primera instancia, voy a referirme brevemente al contexto histórico en el que se dieron los procesos militares y la vuelta a la democracia en Argentina y en Chile.
La dictaruda de Pinochet
La dictadura de Augusto Pinochet podría ser dividida en dos partes. En primer lugar: desde 1973 hasta 1980. El 11 de septiembre de 1973 las fuerzas militares encabezadas por el dictador Augusto Pinochet derrocaron al presidente Salvador Allende que había llegado al Gobierno a través de una alianza política y electoral de partidos, movimientos y agrupaciones sociales de centro e izquierda; Chile vivía desde hacía meses en una tensión creciente y el rumor de un inminente golpe aumentaba. El pronunciamiento fue bien recibido por un amplio sector de la sociedad chilena, enemiga de las reformas llevadas adelante por Allende. Una segunda etapa, desde 1980, cuando se produce la reforma constitucional hasta 1990. Esta segunda etapa con mayor participación civil en el Gobierno dictatorial. Pero ambas etapas caracterizadas por la violación de los derechos humanos.
En lo económico, en la década del 70, Chile fue el primer país a nivel mundial en implementar el modelo neoliberal, materializándose éste con la privatización de numerosas empresas y bancos estatales, que fueron vendidos a particulares a precios irrisorios y eliminando barreras arancelarias de las empresas locales, entre otras medidas.
Los militares chilenos desencadenaron una fuerte represión contra los militantes, dirigentes y simpatizantes de la Unión Popular (UP), que se saldó con miles de detenidos y centenares de muertos; hubo una violación permanente y sistemática en materia de derechos humanos. Esta represión fue comandada por el Gobierno Central Policial, integrado por la policía de seguridad estatal (Central Nacional de Informaciones), las fuerzas armadas, los carabineros, y los grupos armados que se dieron a la tarea de perseguir a los tildados “terroristas”, “marxistas” y “a todo disidente que estuviera en contra del Gobierno”, tal como lo ordenó el general Pinochet. Las violaciones de los derechos humanos también estuvieron vinculadas a la violación de los derechos civiles y políticos de los chilenos; así como también se llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad (desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales), genocidio y crímenes de guerra.
Cabe recordar que se elaboraron tres informes derivados de tres Comisiones de la Verdad, cuyo contenido fueron los relatos de las víctimas con sus terribles experiencias personales respecto de los crímenes cometidos por agentes del Estado (1). Los nombres de los victimarios, recogidos en la Comisión Valech I, sin embargo, sólo se darán a conocer en el año 2054, por disposición del expresidente Lagos y la ley de Amnistía (2), decretada por la dictadura el 19 de abril de 1978 y que sigue vigente.
La relación del peronismo y el pinochetismo
Augusto Pinochet tuvo el apoyo de otras dictaduras del continente como la de Paraguay, liderada por Alfredo Stroessner Matiauda, pero también de los Gobiernos elegidos democráticamente como el de Domingo Perón y el de María Estela Martínez de Perón. Después de la renuncia de Héctor José Cámpora, asume la presidencia de la Nación, Raúl Alberto Lastiri (durante 3 meses, desde el 13 de julio al 12 de octubre de 1973) que hasta ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados y había sido elegido por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). En este breve Gobierno, se decretaron tres días de duelo por el derrocamiento de Salvador Allende, pero a una semana del Golpe se reconoció la dictadura liderada por Pinochet. Lastiri era yerno de José López Rega, en consecuencia, la derecha peronista comienza a ganar mayor espacio no sólo en el Gobierno, sino también en el movimiento.
Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón ganan las elecciones el 23 de septiembre de 1973 y, por tanto, Perón asume su tercera presidencia el 12 de octubre de 1973. Siete meses después, más precisamente el 16 de mayo de 1974, se produce un encuentro entre Perón y Pinochet en la Base Aérea de Morón en la República Argentina, después de la visita de Pinochet a Alfredo Stroessner Matiauda en Paraguay. En ese encuentro, el dictador chileno le manifestó a Domingo Perón su preocupación por los chilenos que se habían escapado del país trasandino por la dictadura y que se encontrarían en las fronteras argentinas. Allí, se produce el pacto entre las fuerzas de seguridad e inteligencia del Gobierno peronista y el de Pinochet para actuar en forma coordinada y frenar, según ellos, la subversión a ambos lados de la cordillera.
El Gobierno de Salvador Allende en Latinoamérica era el único Gobierno marxista que había conquistado el poder por la vida democrática. Perón desconfía enormemente de la izquierda guerrillera, esto explica el pacto que hace con Pinochet. Pero no era sólo su desconfianza, sino que le tenía un enorme rechazo, así quedó reflejado el primero de mayo de 1974, en un masivo acto: Perón echó a la izquierda peronista -Montoneros- cuando estos cuestionaban al general en el balcón, con cánticos como “¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular!” o “¡Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical!”. A lo cual, Perón respondió de forma contundente: “No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical, que se mantuvo a través de veinte años, pese a estos estúpidos que gritan” y, además, en otro tramo del discurso fue aún más duro al decir que “a través de estos veinte años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años”.
Era tan evidente la convivencia del peronismo con Pinochet que no se termina el 1 de julio de 1974 con la muerte de Perón, sino que continúa con María Estela Martínez de Perón. Esto queda reflejado en el encuentro que tiene la nueva mandataria con Augusto Pinochet el 18 de abril de 1975, también en la Base Aérea de Morón. Uno de los motivos de la reunión fue acordar entre ambos mandatarios la estrategia de cómo aniquilar a la subversión organizada.
La vuelta de la democracia en Chile
En 1980, la dictadura de Pinochet dicta una nueva Constitución en un contexto de bonanza económica, y lo hace utilizando el marketing y un eslogan “la constitución de la libertad”. Jesús Rodríguez, citando a Arriagada, dice que la Constitución “establecía que el presidente de la República no tendría contrapesos de poder democráticos, sino de órganos burocráticos representados por las fuerzas armadas y el poder judicial, que no eran generados por la voluntad popular” (3), además dicha Constitución establecía que el presidente seguía siendo Augusto Pinochet hasta 1989. El texto de la Constitución de 1980 fue plebiscitado el 11 de septiembre de 1980 y aprobado por el 67,04% de los ciudadanos chilenos. También Jesús Rodríguez, citando a Arriagada, afirma que “el proceso de estudio de esta Constitución había tomado cinco años en la comisión redactora del ante proyecto, 22 meses en el informe del consejo de estado, 40 días para su aprobación por la junta militar pero solo admitiría 30 días para que fuese conocida, discutida y votada por el pueblo en un plebiscito” (4). Claramente, el régimen no quería que el pueblo participará y que conociera con profundidad el plebiscito.
El 5 de octubre de 1988 se lleva adelante un plebiscito donde la mayoría de los ciudadanos chilenos rechazó la nominación del general Augusto Pinochet Ugarte como presidente de la República. Como dice Francisco Cumplido Cereceda: “abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los partidos políticos integrantes de la Concertación por la Democracia, opositora al Gobierno militar, el partido Renovación Nacional que lo apoyaba y el propio Gobierno militar, para introducir reformas a la Constitución Política de 1980, con el fin de que hubiera gobernabilidad democrática”.
En Chile, el 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin se presentó como candidato a la presidencia de la República en representación de la Concertación de Partidos por la Democracia, obteniendo la mayoría de la votación con un 55, 2%. El 11 de marzo de 1990, asumió como presidente de Chile al recibir de parte de Augusto Pinochet la banda presidencial. Aylwin y su Gobierno se enfrentaron a la difícil misión de restablecer la democracia bajo la mirada vigilante de las Fuerzas Armadas, en un período en que sus integrantes aún gozaban de las garantías que ellos mismos habían establecido y en el cual la lealtad del estamento castrense hacia su general fue casi inquebrantable. Aylwin tuvo que lidiar con las amenazas de Pinochet de interrumpir la democracia ante las acusaciones o intentos de procesos de militares.
La dictarura en Argentina
En el caso argentino, la dictadura instaurada en 1976 fue la última de una serie de dictaduras que comenzaron en 1930 y que continuaron con los golpes de Estado suscitados en 1943, 1955, 1962 y 1966. La última dictadura también llamada “Proceso de Reorganización Nacional”, se inició con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 y duró hasta 1983. Sumió a la sociedad argentina en la página más cruel y trágica de toda nuestra historia nacional. Los militares se organizaron en una primera Junta para gobernar el país, a la que seguirían otras tres. Durante esa etapa se sucedieron varios presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Bignone. La dictadura se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. El régimen dictatorial creó los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE, CCDyE o CCD por sus siglas); estos fueron instalaciones secretas preparadas por las Fuerzas Armadas y de seguridad de Argentina.
La dictadura militar buscó la impunidad dictando la ley de autoamnistía que llamaron “ley de pacificación nacional, medidas políticas y normativas tendientes a sentar las bases de la definitiva pacificación del país”, y que en su artículo 1° decía: “Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”. Además, el proceso argentino estuvo marcado por la Guerra de Malvinas que se desarrolló a partir 2 de abril y culmina el 14 de junio de 1982. La derrota de Malvinas fue el inicio del fin de la dictadura en ese momento conducida por Leopoldo Fortunato Galtieri. La última dictadura tuvo el consentimiento de un sector importante del pueblo argentino y el silencio ensordecedor de algunos medios de comunicación, como bien lo afirmó Alfonsín: “Fue un exceso de autocensura o directamente de complacencia” (5).
La vuelta de la democracia en Argentina
En la década del 80 en la Argentina, existía un bipartidismo fuerte que hegemonizaba el escenario de la política de nuestro país: la unión Cívica Radical y el Peronismo. Los principales candidatos eran Ítalo Argentino Luder por el Peronismo y Raúl Alfonsín por el Radicalismo. El candidato del Justicialismo aceptaba la ley de autoamnistía dictada por los militares y que establecía la imposibilidad de enjuiciar a los responsables del terrorismo de Estado. En cambio, Raúl Alfonsín la rechazó y no sólo proponía derogarla, sino que proponía los tres niveles de responsabilidad: “los que habían dado las órdenes, los que las habían cumplido en un clima de horror y coerción, y los que se habían excedido en el cumplimiento” (6); esto es lo que se denominó Ley de obediencia debida. El 30 de octubre de 1983, Alfonsín obtuvo un triunfo contundente con el 52% de los votos, derrotando a Ítalo Argentino Luder, quien alcanzó el 40% de los votos. En efecto, la realización de elecciones generales y la asunción de un presidente electo por la mayoría de la población se volvieron -en ese sentido- sólo un primer paso.
Marcos Novaro, citando a Guillermo O’Donnell, ha afirmado que las transiciones democráticas en nuestro continente pueden ser clasificadas en dos categorías. En el caso de la transición chilena, fue precedida y acompañada de acuerdos entre el régimen autoritario en decadencia y las fuerzas democráticas, lo que la constituyó en un proceso lento, condicionado por el poder remanente de los militares. En el caso de Argentina con Raúl Alfonsín, donde los acuerdos estuvieron ausentes, los militares no lograron imponer condiciones porque las fuerzas democráticas derrotaron en forma inapelable al autoritarismo y al régimen dictatorial. Alfonsín recibió una pesada herencia como legado, en términos de crisis económica, violaciones a los derechos humanos y debilidad del Estado. Estas transiciones se dieron en un contexto muy difícil porque todos los países de la región tenían un régimen militar.
El nuevo Gobierno que comienza en 1983 en Argentina, liderado por Raúl Alfonsín, fue un Gobierno de transición del autoritarismo hacia la democracia, presentado como un proceso de ruptura. En el caso argentino se dio una transición no pactada. Es por eso que Raúl Alfonsín, apenas dos días después de asumir como presidente, firmó dos decretos, 157 y 158; el primero establecía la necesidad de investigar penalmente a los referentes de grupos armados como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.); y el segundo, ordenaba el juicio a los ex comandantes que integraron las tres Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en los homicidios, torturas, detenciones ilegales y desapariciones de personas, perpetrados entre 1976 y 1983, e inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
El 15 de diciembre de 1983, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para esclarecer el pasado violento de la última dictadura militar. La CONADEP desempeñó la función de recibir denuncias y pruebas. Posteriormente, esos documentos fueron enviados a los jueces para averiguar el paradero de personas desaparecidas y así, determinar el sitio donde pudiesen encontrarse los niños y personas secuestradas; situación que conllevaría a emitir un informe final.
A diferencia de la transición democrática argentina, la chilena fue acordada y/o pactada, tal es así que la democracia chilena con el presidente Patricio Aylwin Azócar debió lidiar con condicionamientos aceptados en la negociación entre actores políticos y el régimen dictatorial. Uno de los condicionamientos estuvo vinculado a la Constitución reformada por Pinochet en 1980. Dicha reforma le sirvió a la dictadura de Pinochet como garantía de supervivencia de instituciones y procedimientos autoritarios al interior del nuevo sistema político. Jesús Rodríguez dice claramente que los condicionantes más importantes a la transición democrática chilena fueron: el “sistema electoral binominal, que relativizaba la representación a las minorías; los senadores designados y no elegidos” (7); esto significó la legitimidad de Pinochet como senador vitalicio en su condición de expresidente de la república. Rodríguez también afirma que la rigidez extrema para los procedimientos de la reforma constitucional de la Constitución de 1980 condicionó muchísimo la transición, en consecuencia, “limitó a la organización de la Corte Suprema de Justicia; el afianzamiento de la ley de amnistía y a la competencia de los tribunales militares, la permanencia del general Pinochet como comandante en jefe del ejército entre los años 1990-1998; la inmovilidad administrativa de los funcionarios designados por la dictadura” (8), y por último, la prohibición al nuevo congreso para disponer de facultades de investigación sobre los hechos acontecidos durante la dictadura de Pinochet.
Hall, Peter y Taylor afirman que los institucionalistas históricos definen a las instituciones “como el procedimiento formal o informales, rutinas, normas y practicas insertadas en la estructura organizacional de la política o de la política económica” (9). Los procesos mencionados, pese a las diferencias con respecto a cómo se dieron las transiciones que marcamos anteriormente, estuvieron caracterizados por un fuerte institucionalismo. Hall, Peter y Taylor citando a Ecksteim y Apter, afirman que el modelo institucionalista histórico le da “gran importancia a las instituciones políticas formales” (10); es lo que ha pasado con los actores políticos de la transición a la democracia, sobre todo en el caso argentino donde se pudo ver con claridad en la campaña alfonsinista que estuvo marcada por un discurso institucionalista, tal es así que en cada cierre de acto terminaba recitando el Preámbulo de la Constitución argentina. Sin dudas, la vuelta a la democracia significó que las instituciones volvieran a funcionar, la división de poderes, el funcionamiento del poder judicial, el estado de derecho, elecciones libres, alternancia en el poder, el respeto por las libertades individuales, la libertad de expresión, el pluralismo y republicanismo. Además, la democracia lo que permite con un sistema altamente institucionalista, conforme a Hall, Peter y Taylor, es que las instituciones brinden mayor certidumbre sobre el comportamiento de los actores en el juego democrático. En consecuencia, les dan mayor persistencia a las instituciones.
Conclusión
La transición democrática argentina por el contexto latinoamericano colmado de Gobiernos dictatoriales en la década de los 80 y, por haber juzgado los crímenes más atroces en la historia reciente de nuestro país, la ruptura con ésta y la no negociación de condiciones de impunidad para los militares, es considerada un ejemplo de “justicia transicional”. No existe ningún país en el mundo que haya hecho, en materia de derechos humanos, lo que la Argentina hizo en el periodo de 1983 a 1989 juzgando a las juntas militares, ni siquiera en el juicio de Núremberg. Este último fue llevado a cabo por tribunales especiales impuestos por los países que ocuparon territorios derrotados militarmente. En Argentina, los juzgamientos se hicieron con jueces naturales emanados de la Constitución.
Bibliografía
Hall, Peter A., and Rosemary C. R. Taylor (1996) “La ciencia política y los tres nuevos institucionalismos” Estudios políticos 44, 1996
Novaro, Marcos (2015) Transición democrática y legados autoritarios en argentina, Chile y Uruguay.
O’donnell, Guillermo (1982) «Notas para el estudio de procesos de democratización política a partir del estado burocrático-autoritario», Desarrollo Económico, n.º 86, vol. 22, julio-septiembre.
Jesús Rodríguez (2011) El caso Chile. La guerra fría y la influencia argentina en la transición democrática.
Alfonsín, Raúl. Memoria Política transición a la democracia y derecho
Notas
1. El primer informe, denominado informe Rettig, recogió solamente los casos de muerte y desaparición.
2. El Decreto ley de amnistía Nº 2191 que, en el Artículo 1°, señala: “Concédase amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas”.
3. Jesús Rodríguez (2011) El caso Chile. La guerra fría y la influencia argentina en la transición democrática.
4. Jesús Rodríguez (2011) El caso Chile. La guerra fría y la influencia argentina en la transición democrática.
5. Alfonsín, Raúl. Memoria Política, transición a la democracia y derechos humanos. Fondo de Cultura Económica. 2004. Buenos Aires.
6. Alfonsín, Raúl. Memoria Política, transición a la democracia y derechos humanos. Fondo de Cultura Económica. 2004. Buenos Aires.
7. Jesús Rodríguez (2011) El caso Chile. La guerra fría y la influencia argentina en la transición democrática.
8. Jesús Rodríguez (2011) El caso Chile. La guerra fría y la influencia argentina en la transición democrática.
9. Hall, Peter A., and Rosemary C. R. Taylor (1996) “La ciencia política y los tres nuevos institucionalismos”.
10. Hall, Peter A., and Rosemary C. R. Taylor (1996) “La ciencia política y los tres nuevos institucionalismos”.
