La deuda de las distribuidoras eléctricas a CAMMESA se incrementó un 55% entre noviembre de 2019 y enero de 2020, luego del congelamiento tarifario.
Al momento de analizar los subsidios a la energía, CAMMESA es el renglón más importante. Se lleva aproximadamente el 60 por ciento de los más de 200 mil millones de pesos que se destinaron en el 2019 a subsidios a la energía y representa el 40 por ciento de la totalidad de las transferencias para gastos corrientes del tesoro nacional.
Pero CAMMESA en realidad es la empresa encargada del despacho eléctrico y a través de ella se canaliza el inmenso subsidio que financia la diferencia entre el costo de generar energía y lo que paga la demanda.
Hoy el precio que paga la demanda alcanza a cubrir el 58 por ciento del costo de generar energía eléctrica. Cuando pagamos la factura a la distribuidora, más del 50 por ciento del importe que pagamos se destina al pago de la energía eléctrica y CAMMESA utiliza esos recursos más los subsidios que recibe del Tesoro Nacional para pagar a las usinas, que son las que generan la energía.
La reciente ley de emergencia energética y tarifaria congeló los cuadros tarifarios de las distribuidoras del AMBA e invita al resto de las provincias a acompañar la medida. Si esto sucede, las distribuidoras enfrentarán ingresos congelados con costos crecientes que se compensarán de dos maneras; o se reducirá la inversión y con esto caerá la calidad del servicio, o se suspenderán los pagos a CAMMESA.
Si analizamos los últimos dos reportes financieros de CAMMESA, en noviembre de 2019 las distribuidoras debían 28 mil millones de pesos a CAMMESA, con un índice de cobrabilidad del 85 por ciento, pero en enero de este año las deudas treparon a 43 mil millones de pesos, con un índice de cobrabilidad que cae de manera preocupante al 63 por ciento. Si continúa y se profundiza esta tendencia podría estar en riesgo la sustentabilidad de un sector clave de alta sensibilidad social ya que en definitiva nuestro modo de vida en sociedad es electrodependiente.
